A poco más de un mes del inicio del juicio oral contra los 11 imputados en la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, la Fiscalía informó el hallazgo de una “nueva prueba”, la cual correspondería a un arma que la PDI incautó en agosto de 2016. En tanto, Rodrigo Román, uno de los abogados de la defensa, explicó que el Ministerio público está fuera de los plazos para presentar nuevos antecedentes.
Dentro de los imputados se encuentran dos ex carabineros y un civil. El fiscal regional, Eugenio Campos, quien lleva el caso, presentó cargos por homicidio frustrado y lesiones graves y leves. Se estableció un plazo de investigación de cuatro meses.
Esto en un juicio derivado del caso Luchsinger-Mackay donde se acusaba a Sabino Catrilaf. Mientras por la indagatoria del matrimonio fallecido en 2013, abogados defensores de los 11 acusados de incendio terrorista con resultado de muerte, adelantaron su estrategia ante el litigio que se concretará a partir del próximo 21 de agosto.
Este lunes, la investigación por la brutal agresión que sufrieron tres jóvenes en Puerto Natales, quedó a cargo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien aseguró que no se descarta la participación de nuevos involucrados en el caso, los cuales podrían ser civiles o carabineros.
La idea de sus abogados es dejar sin efecto el castigo dictado por el Fiscal Nacional. Desde la Asociación de Fiscales miran con atención el desenlace, principalmente, porque el caso podría marcar precedente en la independencia de los persecutores regionales.
Miguel Vásquez, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a cuatro ex agentes de la DINA y ocho ex miembros del Comando Conjunto, por su participación en los delitos de secuestro calificado, ocurridos en septiembre de 1974 y julio de 1976.
Las diligencias se están realizando en las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena, entre el ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y diez ex presos políticos, en el marco de las investigaciones por torturas realizadas al interior del Regimiento Arica de dicha ciudad y la Comisaría de Ovalle en 1973.
Tres días de diligencias se realizarán durante la próxima semana en el marco de la investigación que acusa al militar retirado como autor de torturas a presos políticos tras el golpe de Estado de 1973.
A través de un recurso de casación, el CDE intenta anular la orden emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia judicial que determinó la devolución de los bienes y dineros embargados a la familia del dictador durante la investigación del caso Riggs.
El juzgado determinó que aun quedan causas pendientes de investigar, por lo que no se puede determinar la no participación del hijo de la Presidenta en el caso que tiene 13 formalizados, entre ellos a Natalia Compagnon, nuera de la Mandataria.
El fiscal regional de O´Higgins lamentó no poder apelar a la sanción que reduce en un 5 por ciento su salario, incluso, advirtió que la norma puede ser inconstitucional. Sin embargo, descartó que se trate de una persecución en su contra.
Sename y sobresueldo en Carabineros son los dos nuevos temas que complican a la ex ministra de Justicia. Desde Chile Vamos piden que se margine del Consejo de Defensa del Estado, mientras el Gobierno espera la votación del pleno de la cámara de Diputados, donde le imputan la responsabilidad política por los dos sucesos.
Marisa Navarrete, la defensora del prosecutor que investiga la responsabilidad de los ejecutivos de la eléctrica CGE en los incendios forestales que afectaron a la región de O’Higgins este verano, reiteró sus críticas al debido proceso que enfrenta su representado frente al sumario impuesto por el fiscal nacional.
La nuera de Michelle Bachelet había solicitado la modificación de la medida cautelar para poder viajar a Estados Unidos durante el mes de julio. Sin embargo, la justicia estimó que el motivo de su viaje no ameritaba una emergencia y constituía un eventual riesgo de fuga por parte de la imputada en el caso Caval. La defensa de la esposa de Sebastián Dávalos anunciaron que acudirán a la Corte de Apelaciones para revertir esta decisión.
Según un documento que mantiene la Fiscalía, los montos fueron ascendiendo desde 2006 hasta 2009, por recomendación del general (I) Whipple.
El fiscal que investiga el caso, Eugenio Campos, anunció el nuevo cómputo al cual asciende el monto defraudado al Fisco en el marco del llamado caso Fraude en Carabineros. Además, el persecutor pedirá los antecedentes respecto del informe emitido en 2011 por la Unidad de Análisis Financiero que alertó sobre operaciones sospechosas al interior de Carabineros y que fue archivado por el Ministerio Público.
Los abogados que defienden los grandes intereses económicos y políticos se han dado cuenta del flanco débil del jefe del Ministerio Público: es muy receptivo a la hora de investigar y sumariar a sus propios fiscales que llevan las grandes causas. “Uno desearía que un fiscal recibiera más respaldo de parte de quien es su autoridad jerárquica”, afirma un ex prosecutor.
