Luego de que se decidiera suspender la audiencia de sobreseimiento solicitada por la defensa del hijo de la Mandataria, la fiscal a cargo del caso, Marcia Allende indicó que el Ministerio Público se opondrá al sobreseimiento de Dávalos quien ya había sido exculpado por las acusaciones de delito informático.
El diputado y presidente de la comisión investigadora del fraude en Carabineros señaló que ha quedado claro que al interior de la policía uniformada en la práctica no existen controles que permitan fiscalizar los gastos reservados, esto luego de la declaración del ex director de Finanzas de institución en Fiscalía, en donde en el marco de la investigación del “Pacogate”, se dieron a conocer estas nuevas irregularidades.
Luego que el fiscal que lleva la investigación del caso Basura, José Luis Pérez, llegara a un acuerdo con uno de los imputados, el ex gerente de KDM, Fernando León, el cual le permitiría suspender el proceso en su contra y limpiar sus antecedentes penales, el fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió un sumario contra el persecutor ya que su decisión no habría contado con el respaldo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.
Diferencia de 2100 millones de dólares en declaración patrimonial del ex presidente, encendió las alarmas entre los expertos, quienes piden que el fideicomiso de sus bienes no sólo sea ciego, sino también diversificado.
Fundación Emprender con Alas acusó en tribunales los hechos ocurridos en recinto. A través de la acción legal se busca la intervención inmediata del centro de acogida para menores con discapacidad intelectual, dependiente de Coanil.
Agrupaciones y profesionales participaron en alegatos en la Corte de Apelaciones con el fin de que la Justicia conozca la base de datos digital que contempla información de crímenes y torturas cometidas en dictadura. Advierten que el secreto de 50 años y la reserva indefinida impuestas al trabajo realizado por estas comisiones corresponde finalmente a una decisión política.
La subsecretaria de Derechos Humanos se pronunció además sobre las peticiones de rebaja de penas por parte de los reos en Punta Peuco, y a la carta enviada por los reclusos donde piden que se elimine el Programa de Derechos Humanos que ahora depende de dicha repartición.
Su abogada, Karina Riquelme, afirmó que no se realizaron peritajes fundamentales para esclarecer los hechos. Por lo mismo, indicó que apelarán a esta decisión.
El jurista indicó que las nuevas diligencias tienen por objetivo conseguir una pena de cárcel efectiva para todos los militares en retiro involucrados en los asesinatos ocurridos en el regimiento de La Serena durante el paso de la llamada Caravana de la Muerte.
Parlamentarios solicitaron investigar las causas del fallecimiento de más de 230 niños que se encontraban en lista de espera durante 2016. Además, enfatizaron en los 18 mil adultos mayores que fallecieron sin recibir atención de especialistas, donde muchos no pudieron optar a un tratamiento alternativo del ofrecido por el sistema público dado sus bajas pensiones.
Luego de que el SII decidiera no presentar querellas contra políticos investigados por financiamiento irregular, más voces se suman a la petición de entregar atribuciones a la Fiscalía para poder perseguir penalmente los delitos de “cuello y corbata”, sin tener que esperar el accionar del cuestionado servicio.
En la cuenta pública de la institución, Jorge Abbott reconoció que con las atribuciones actuales, los delitos de “cuello y corbata” pueden no tener la sanción correspondiente, apuntando al actuar del Servicio de Impuestos Internos.
El militante PPD presentó una solicitud para que se pusiera fin a la investigación, sin embargo, el Tribunal rechazó la medida. Ahora estudian apelar.
La organización de consumidores calificó como una vergüenza el dictamen que benefició Pablo Alcalde. En tanto, la Superintendencia de Valores y Seguros evaluó recurrir a la Corte Suprema ante el fallo que benefició a unos de los principales imputados por fraude financiero que afectó a miles de personas.
Francisco Castro valoró dictamen judicial que somete a prisión preventiva a dos ejecutivos de CGE acusados como autores de 5 delitos por incendios forestales.
El magistrado consideró que ambos representantes de la compañía pudieron prever que se darían incendios de grandes magnitudes en las zonas que finalmente resultaron afectadas.
La declaración de uno de los imputados señala que el fraude que suma más de $16 mil 500 millones tendría su origen en 1996, fecha anterior a que se instaurara la Reforma Procesal Penal.
