La familia presentaría una querella contra quienes resulten responsables por la colocación del artefacto explosivo
Por segunda vez el Centro Comunitario de Villa Olímpica fue desalojado. La orden fue dictada por la municipalidad de Ñuñoa, que respaldada en la justicia efectuó la desocupación con la ayuda de Carabineros. Los vecinos defienden que el terreno es propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), mientras que las autoridades insisten en construir un Centro de Salud Comunitario y Familiar que podría funcionar de la mano al proyecto autogestionado.
La Corte Suprema falló a favor de las comunidades de Caimanes en la demanda interpuesta por obra nueva contra el Tranque el Mauro de minera Los Pelambres, del Grupo Luksic. El dictamen fue aplaudido por los habitantes de la zona y por organizaciones ambientales, que alertaron sobre los riesgos aún presentes para la población, instando a las autoridades a pronunciarse.
Este miércoles se confirmó la libertad provisional de Cristián Labbé. El ex alcalde de Providencia, imputado por su presunta participación en violación a los derechos humanos en Tejas Verdes, recibió el beneficio carcelario previo pago de una fianza de 500 mil pesos.
Basándose en el desempleo y la pensión familiar que Labbé debe costear, su abogado defensor pidió rebajar el monto de la fianza a 50 mil pesos. Petición que se estudia en la tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Este miércoles la Corte de Apelaciones de San Miguel revisará si aprueba libertad bajo fianza concedida por jueza a Cristián Labbé, medida rechazada por los abogados querellantes, quienes sumarán pruebas y testimonios de víctimas de otras causas de Tejas Verdes.
El deportista fue absuelto de asesinato en septiembre. Alegó haber confundido a su novia con un intruso, pero la fiscalía lo acusó de haberle disparado luego de una discusión.
La detención por asociación ilícita del ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, podría determinar que el regimiento de Tejas Verdes fue el lugar de nacimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).Con esto, además, comienza a derrumbarse el blindaje de impunidad de uno de los hombres sindicados como de los más fuertes en de los aparatos de persecución política de la dictadura.
Las investigaciones por el caso Penta siguen dando que hablar en la política local. La arista que involucra al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga con posibles financiamientos irregulares de campañas políticas divide a la Nueva Mayoría entre quienes piden aclarar todo, sea quien sea, y los que aseguran que el jefe del MOP nada tiene que ver con los dineros investigados.
Cerca 9 mil afectados podrán acercarse a las sucursales de BancoEstado para obtener la compensación correspondiente. Unas mil personas no están conformes con el proceso.
En busca de una fiscalización más acuciosa, los representantes de distintas organizaciones sociales y vecinales se acercaron a la autoridad para exponer las múltiples irregularidades, en la construcción del centro comercial.
El trabajo, en conjunto con el Servicio Nacional del Consumidor, se realizará desde la próxima semana, para buscar la forma “transparente” y “legitimada” de compensar a los usuarios.
El análisis entregado por las consultoras Valgesta y Mercados Energéticos, que estableció los ilícitos cometidos por Metrogas al sobrepasar el límite de rentabilidades, tiene a las autoridades decidiendo los caminos que se deben seguir en el marco de una regulación del mercado del gas.
El máximo tribunal condenó a ex agentes de la DINA por el secuestro calificado de Carlos Guerrero Gutiérrez y de Claudio Contreras Hernández, perpetrados en 1974 y 1975 respectivamente. Manuel Contreras, suma 30 años más, por violaciones a los Derechos Humanos.
Entre las reacciones por las declaraciones del embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, estuvo la del fiscal metropolitano, Raúl Guzmán, quien desestimó una línea investigativa orientada a responsabilizar de los atentados explosivos a posibles grupos de ultraderecha.
El mayor operador del Transantiago se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebra de Nueva York, por una deuda de más de US$ 1.000 millones.
La decisión extiende en siete días la prohibición de apertura de la planta. Esto, por los posibles daños que la producción de Tecnorec provoca en la ciudadanía.
