La Corte de Apelaciones de San Miguel determinó dejar en prisión preventiva a cuatro funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Ramón por su presunta participación en tres casos de tortura ocurridos entre 2012 y 2013.
En ese contexto, diputados de la bancada demócrata cristiana se reunieron con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quienes abogaron por fortalecer la Delación Compensada, las penas de cárcel y reparación para los consumidores. En tanto, los senadores de Renovación Nacional, Alberto Espina y José García Ruminot, se entrevistaron con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, a quien presentaron un proyecto que enfatiza en las penas de cárcel.
Durante esta jornada se llevaron a cabo los alegatos en la Corte Suprema por el recurso de casación presentado por la empresa Barrick Gold para anular el dictamen que paralizó el proyecto Pascua Lama. Si bien todavía no se conocen plazos para una resolución definitiva, este paso es un avance para la resolución del caso, tomando en cuenta las dificultades que hubo para conformar una mesa en la máxima instancia judicial.
Guillermo Durán, sospechoso de los bombazos que afectaron al metro de Santiago deberá permanecer con arresto domiciliario total durante los diez meses que dure la investigación. La decisión tomada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, revierte el arresto nocturno con el que contaba desde el pasado martes.
El gobierno firmó la iniciativa legal que crea esta nueva fiscalía, la que tendrá a cargo la investigación de delitos en particular complejos y de alto impacto en la sociedad. Los funcionarios agrupados en la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip), indicaron que la medida no resuelve temas de fondo como la falta de dotación para poder investigar los miles de casos.
El hermano del fallecido, Andrés Landskron, insistió en la posición de la familia en cuanto a que él no pertenecía a ningún grupo terrorista y sostuvo que “solo iba pasando por el lugar, recogió el paquete y lo puso en su mochila”.
Continúan las reacciones a la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la colusión en el denominado caso pollos. Tanto el ministro de economía, como otras autoridades, calificaron de inédita por las sanciones y no solo económicas, que contempla la sentencia. En tanto, organizaciones de consumidores y el Sernac estudian acciones legales para que todos los compradores de pollo reciban compensaciones. Es decir, un altísimo porcentaje de la población del país.
Preocupación existe en la UDI por las implicancias legales que podría tener para importantes figuras de su partido, la investigación que lleva a cabo la fiscalía en el llamado “Caso Penta”. Se indaga en la legalidad de una serie de boletas emitidas para el financiamiento de campañas que incluyen, además, al ex candidato presidencial, Andrés Velasco.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicó que se trata de torturas cometidas presuntamente por ocho efectivos de la PDI en contra de tres personas ocurridas en 2012 y 2013 en la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de San Ramón. Por esto la Directora del INDH, Lorena Fries, enfatizó que “la tortura es un delito grave, que constituye una grave violación a los DD.HH. y que debe ser penado coherentemente con su gravedad”.
En las imágenes que circulan por las redes sociales se puede ver al joven con las lesiones luego de la explosión ocurrida a la 1:30 de la madrugada del jueves que le provocó la muerte. El director del centro asistencial dijo que la acción tiene como objetivo “identificar las responsabilidades administrativas y definir sanciones”.
Más del 50 por ciento de los chilenos tiene ingresos inferiores a lo que, según la Casen, corresponde a la clase media, por lo que sufren las consecuencias de la marginalidad. Según los especialistas, esta mayoría debe soportar una violencia que es invisibilizada en el discurso público y en la intervención de las instituciones del Estado. Sin embargo, postulan que también se puede deber a un intento de desestabilización contra al Gobierno.
Hoy, la capital belga recibe nuevamente a una delegación internacional compuesta por doce miembros del jurado y quince testigos que declararon durante la jornada del miércoles ante una audiencia que colmaba el salón principal de Albert Hall. La iniciativa ciudadana analizará las consecuencias sanitarias, económicas, estructurales, pero sobre todo, humanas de la campaña militar israelí sobre la Franja de Gaza que cobró la vida de más de dos mil palestinos.
Después de casi un año se realizará el proceso judicial, cuando el ex estudiante de antropología se encuentra en libertad desde el 22 de mayo pasado, día que se dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que cumplía desde el 15 de mayo del 2013.
La presidenta de la Federación de funcionarios del organismo estatal, Natalia Césped, dijo que la creación de esta fiscalía debe ir subordinada al fortalecimiento del Ministerio Público, que está en una crisis hace años por falta de dotación y herramientas óptimas.
Los senadores Alejandro Guillier (Ind.) y Manuel José Ossandón (RN) son los autores de la iniciativa legal, cuyo objetivo es esclarecer el destino final de los desaparecidos que todavía siguen sin justicia y poder evitar la impunidad biológica que se impone por el solo paso del tiempo.
Luego del llamado de atención hecho por el vicepresidente Rodrigo Peñailillo, en torno a evitar la filtración de las investigaciones, continuaron con mayor sigilo las diligencias para dar con el paradero del resto de eventuales implicados en la colocación de bombas en el metro y dos comisarías. En la Fiscalía Nacional están atentos para no sufrir otro bochorno como el del anterior caso.
La ocupación del cerro ubicado en pleno centro de la capital dejó como resultado la detención de 18 personas. Tres mujeres mapuche y una simpatizante fueron formalizadas por daños al patrimonio nacional, al resultar quemado uno de los cañones históricos.
