En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo, abordó el debate en torno a las extensas y desproporcionadas medidas cautelares que se le han aplicado a jóvenes que fueron detenidos por desórdenes públicos en el contexto del estallido de octubre pasado.
Autora de “El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno” y “La máquina para defraudar”, la académica de nuestra casa de estudios reflexiona sobre esta sentencia y pone el acento en la necesidad de empoderar a los órganos investigadores.
Para la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo sucedido en Chile desde octubre pasado se enmarca en una política grave y sistemática de violaciones a los derechos humanos y los hechos del viernes solo vienen a reafirmar eso. “Aquí no solo hay responsabilidad política, sino también penal en el marco de lo que son las obligaciones que tiene la autoridad en el manejo del orden público”, señaló su presidente en entrevista con nuestro medio.
Además se determinó un plazo de investigación de 120 días para determinar responsabilidades del imputado, quien deberá pasar sus días en el recinto penitenciario de Pudahuel Norte.
Los hechos investigados ocurrieron a principios de la década del 2000 en la Escuela de Inteligencia de Nos.
El Ministerio Público ya obtuvo una orden judicial para acceder a los correos electrónicos de las autoridades sanitarias, sin embargo el ministro Paris se opuso a la diligencia argumentando la reserva especial de tales mensajes.
Frente a La Moneda, integrantes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular también expresaron su solidaridad con Fabiola Campillai, quien se encuentra en un delicado estado de salud e internada en el IST por complicaciones en su recuperación y un cuadro de meningitis.
El ahora ex uniformado arriesga penas que van desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir, de 15 años y 1 día a 40 años.
La menor de edad de 9 años fue impactada por balas y resultó herida de gravedad en un ataque incendiario a un camión en la región de La Araucanía.
Luego de ser detenido por la Brigada de DDHH de la PDI, el ex oficial de Carabineros fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
El suicidio que inicialmente se indicó como causa de muerte, ya fue descartado. Sin embargo, la justicia no ha dado muchos avances en el caso y sigue sin esclarecer lo sucedido el 22 de agosto de 2016.
Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular valoraron la detención del ahora ex uniformado, pero reiteraron el llamado a seguir adelante con las investigaciones de modo que se esclarezcan todas las causas. También congresistas se manifestaron conformes con el inicio del proceso judicial, pero criticaron la tardanza en llegar a este resultado.
Ante la resolución de la Suprema, también desde el INDH dieron su opinión, haciendo un llamado al diálogo.
El ministro de Defensa, Mario Desbordes, habría afirmado que la única manera de devolver los terrenos sería “de manera onerosa” y no gratis; ante esto, el diputado Tomás Hirsch y concejales de la comuna interpusieron una acción judicial buscando detener la venta con que el Ejército busca hacerse con más de $25 mil millones.
A través de una declaración, desde el organismo manifestaron que “se acordó intervenir en la causa penal que se sigue en contra del Senador Manuel José Ossandón, y en contra de quienes resulten responsables, a través de una querella por el delito de tráfico de influencias”
Felipe Leiva, uno de los abogados demandantes, explicó a Radio Universidad de Chile por qué consideran que la civil es la vía idónea para lograr reparación y cómo esta demanda pretende llamar a la reflexión sobre la necesidad de una reforma a la policía.
El organismo decidió este lunes ampliar la acción judicial que además apunta al representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, Fernando Leanes.
