El gobierno de Sebastián Piñera, a través de su oficina de proyectos sustentables, encargada de viabilizar inversiones extranjeras en Chile, puso en carpeta y dentro de sus prioridades la construcción de la planta desaladora más grande de Latinoamérica en la región de Atacama.
La falta de planes de descontaminación y de una visión territorial de largo plazo mantiene a ciudades como Santiago, Temuco, Coyahique, entre otras, con índices de contaminación problemáticos. El desarrollo de políticas de recambio en las formas de calefacción podría hacer la diferencia.
Actualmente la zona está compuesta solo por charcos y lodazal, por lo que Conaf y la comunidad Rapa Nui trabajan en conjunto para analizar la situación y buscar medidas de mitigación.
Expertos opinan sobre las acciones paliativas para encarar el problema y el escaso plan de políticas públicas que se anticipen a la falta de agua.
El gobierno de Sebastián Piñera, a poco más de una semana de la cuenta pública, se enfrenta a un nuevo caso de conflicto de interés. Petorca, una de las provincias más impactadas por la usurpación de agua y la sequía, tiene enfrentados a padre e hija en un conflicto que involucra la forma de vida de una comunidad que resiste ante el desabastecimiento hídrico.
Expertos de la Universidad East Anglia de Inglaterra y de James Cook de Australia aseguran que disminuir el límite de aumento de temperatura de 2 a 1,5 grados podría marcar una gran diferencia en la sobrevivencia de la biodiversidad del planeta.
El escenario de la Zona de Sacrificio tiene como actores a un cordón industrial liderado por las termoeléctricas a carbón de AES Gener y la refinería de Coldelco – Ventana. Una comunidad que ha tenido que experimentar un aumento en intoxicaciones, en niños con malformaciones congénitas, en enfermedades respiratorias y cáncer, junto al deterioro sistemático del borde costero, el suelo y el agua de su territorio.
La nueva oficina creada para agilizar los tiempos de aprobación de proyectos de inversión despierta la duda sobre el tipo de iniciativas que se aceptarán para que operen en Chile. Se protegerán los recursos naturales finitos y el desarrollo socio-ambiental o se priorizará el desarrollo económico.
El club de Linares fue parte de la protesta contra el proyecto energético y con ello se transformó en portavoz de las demandas de la comunidad maulina.
El mandatario dio a conocer la primera iniciativa económica proinversión para el país. Dicho anuncio tiene como fundamento aminorar los tiempos de aprobación de los proyectos empresariales, mientras que nuestro país asume cada vez con mayor complejidad conflictos socio ambientales generados por los impactos extractivitas en las diferentes regiones.
El antropólogo Rodrigo Pino, testigo en la demanda, afirmó que “hay diversos aspectos que se deben trabajar en estos meses como el ámbito jurídico, pero lo que más preocupa es el estado de salud de las personas”.
En un foro encuentro realizado en la Universidad Católica de Temuco, los convocantes dieron cuenta de la situación por la que atraviesan los territorios a causa de las empresas forestales, a través de un modelo que continúa empobreciendo los territorios.
Durante el gobierno de Michelle Bachelet se impulsó la iniciativa de crear un parque nacional Kawésqar, dicha idea protegió los intereses del empresariado salmonero, dejando de lado la reivindicación de las comunidades indígenas patagonas. Los compromisos de crear un espacio marino protegido no fueron cumplidos y hoy las salmoneras avanzan a la Patagonia sin restricción alguna.
La Red Metropolitana No Alto Maipo junto al abogado Álvaro Toro del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, interpusieron la primera Reclamación de Ilegalidad contra el Programa de Cumplimiento de la compañía AES Gener recientemente aprobado por la SMA.
El combate a los efectos de este fenómeno es, sin lugar a dudas, uno de los pocos temas en los que la comunidad internacional ha buscado presentar una posición común. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), prepara su sexto informe, en el que participarán activamente siete científicos de nuestro país.
La reclamación se asocia al procedimiento sancionatorio de SQM contra la Superintendencia de Medio Ambiente en el proyecto “SQM Saltar Atacama” que se emplazaría en San Pedro de Atacama.
Los habitantes ancestrales de la patagonia recurrieron a la Ley Lafquenche para solicitar que se declare Espacio Costero Marino Protegido para Pueblos Originarios (Ecmpo) las aguas de los fiordos y ríos por donde han navegado los kawésqar y que hoy está siendo sobreexplotado por la industria del salmón. La solicitud indígena fue declarada admisible, lo que mantiene a un ochenta por ciento de las concesiones presentadas para operar en aguas magallánicas congeladas.
