La senadora de Amplitud, si bien valoró el reciente despacho de la Ley sobre Probidad en la Función Pública, criticó que las normas para castigar a quienes incumplan con estos reglamentos aún no puedan ver la luz en el trabajo legislativo del Senado.
La medida forma parte de un programa de reestructuración, que involucrará la salida de trabajadores en Minera Centinela, Los Pelambres y del Centro Corporativo del grupo empresarial.
La estructura permanece desaparecida en una bodega de la institución y había sido inaugurada el 11 de septiembre recién pasado por autoridades de Gobierno y representantes de organismos de derechos humanos, de acuerdo a una denuncia hecha por el diputado (PS) Leonardo Soto.
Además, el Fiscal indicó que todos los abogados que están participando por el cargo, están capacitados.
Con el despacho de la Ley de Probidad en la Función Pública, los funcionarios de los tres poderes del Estado deberán transparentar sus patrimonios y la participación en sociedades que les pudieran reportar conflictos de interés de manera obligatoria. Parlamentarios y analistas valoraron esta iniciativa, sin embargo, hicieron hincapié en algunas áreas en las que se debe mejorar.
““Los vecinos tendrán que adaptarse a las políticas que vamos a implementar nosotros y que no son para un partido u otro. Yo a los concejales les daré mayor participación en todo lo que sean las bases de licitación”, indicó Zarhi.
El lunes 12 de octubre, dirigentes mapuche de diversas localidades marcharan en señal de protesta ante una serie de hechos que han afectado a comunidades en los últimos días.
Desde el sur, y con fuertes réplicas en la capital, los comuneros y sus redes de apoyo acusan por la militarización del territorio y ponen en duda la real intención del Gobierno de avanzar en la solución.
A través del subdirector de Finanzas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la ministra Paulina Saball respondió a la carta enviada por los funcionarios, asegurando que al menos esa cartera no interferirá en el paro del Registro Civil.
Funcionarios del Minvu de la Región Metropolitana acusan que el Gobierno quiere reemplazar a trabajadores del Registro Civil que se encuentran en paro con gente de esta repartición: “Esto habla muy mal del Gobierno, justo cuando están trabajando en una Reforma Laboral”, señalaron los trabajadores del Minvu.
En tanto, desde la Asociación de Funcionarios del Registro Civil señalaron que mantendrán la movilización hasta que el Gobierno apruebe el bono comprometido.
Si bien existen abordajes sectoriales, no existen mecanismos ni procedimientos estandarizados de respuesta coordinada frente a situaciones de emergencias o desastres afectándoles, dejando su abordaje en forma casuística, realizado por entidades del Estado en forma separada, o a la acción de grupos de la sociedad civil, que organizados voluntaria y espontáneamente, asisten a las mismas.
Las críticas del relator apuntan a cómo se controlan las marchas, también al decreto que prohíbe la reunión y libre asociación. Además, expresó su preocupación por el control preventivo de identidad.
Durante la interpelación, la secretaria de Estado indicó que al final de este Gobierno habrán 27 hospitales, no 20 como habían manifestado desde el Ejecutivo. En tanto, señaló que la deuda hospitalaria se resolverá mediante un acuerdo con los gremios de salud.
En el segundo día de movilizaciones, los funcionarios del Registro Civil llevaron a cabo una marcha para expresar sus demandas, mientras que la directora del organismo, Teresa Alanis, calificó de ilegal la paralización y aseguró que las remuneraciones de los trabajadores no son la prioridad del Gobierno en este momento.
El oficio municipal busca erradicar 26 campamentos. Las críticas a la alcaldesa apuntan a que ya se trabajaba en una solución para trasladar a las personas a un campamento temporal. Pese a ello, Karen Rojo aseguró que su presencia representa un problema de seguridad social.
Se trata de un sargento y un cabo de la Dirección de Finanzas, quienes a partir de operaciones con la empresa Tecnodata habrían generado facturas falsas para quedarse con el dinero, monto que asciende a los 378 millones de pesos. En su declaración, uno de ellos reveló prácticas de generales, coroneles y comandantes que también podrían constituir ilícitos.
En su tercer día de movilizaciones, luego de manifestarse en la Plaza Los Héroes, los 250 trabajadores de la empresa Express Santiago Uno se trasladaron al Ministerio de Transportes, donde no fueron recibidos. Al mediodía de este miércoles podría concretarse una reunión para acercar posiciones.
