En entrevista con nuestro medio, la socióloga y experta en materia de seguridad cuestionó la postura del Presidente Sebastián Piñera quien, constantemente, apela a la seguridad y el orden público en lugar de responder a las demandas sociales o poner énfasis en las violaciones a los derechos humanos.
Para la coordinadora Ana María Gutiérrez, las demandas sociales y las reivindicaciones laborales correrán en caminos paralelos, al igual que las negociaciones sobre incrementos remuneracionales.
Fue a eso de las 15:00 horas que la acusación sorteó su primera gran valla: el rechazo de la cuestión previa. Fueron 79 los diputados que votaron en contra y, por lo tanto, se decidió proceder con el libelo.
Junto al bloque sindical de Unidad Social, dieron a conocer una carta abierta donde plasman sus apreciaciones sobre la vía válida para concretar una nueva Carta Fundamental, donde se consideren las demandas sociales planteadas por la ciudadanía.
El bloque sindical de Unidad Social llegó este jueves hasta La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y evaluar medidas concretas en torno al pliego que entregaron desde el conglomerado el pasado 28 de octubre, en donde puntualizan las demandas del movimiento social.
En conversación con el programa Radioanálisis, el economista y académico de la Universidad de Chile, analizó el escenario económico del país. “Espero que esta situación se detenga, porque entre antes se detenga, antes se van a detener los efectos para la población”, sostuvo.
El ministro de Defensa también se pronunció respecto del comportamiento de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Emergencia, y aseguró que fue “con estricto apego a la ley”.
Las trabajadoras y trabajadores en conjunto con la ANEF protestaron ante las que, acusan, son exoneraciones injustificadas, de índole político.
El objetivo de la instancia es crear un archivo con cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos registrados en el marco de las movilizaciones que vive el país.
La máxima autoridad de la Universidad de Chile instó al Gobierno y al Parlamento a hacerse responsables por el estado de la enseñanza, entendiéndola como parte fundamental de la cohesión nacional.
En conversación con nuestro medio, la ex subsecretaria de Derechos Humanos explicó que bajo arresto de las fuerzas de orden aumenta la probabilidad de que se ejerza violencia sexual y, en estos casos, la labor de las organizaciones internacionales es imprescindible para que pueda ser visibilizada.
La iniciativa propone una comisión autónoma que contará con dos meses para fijar ingresos de las altas autoridades del Estado. Mientras tanto, las dietas de senadores y diputados experimentarían una reducción del 50 por ciento si es que el senado da luz verde a este proyecto.
El mandatario habló pasadas las 13:00 horas pese a que su mensaje estaba programado a las 11:30 de la mañana. El retraso generó especulaciones respecto de anuncios que pudo haber realizado, sin embargo nada de eso ocurrió; el jefe de Estado se dedicó a hacer un repaso de lo que ya ha dicho en diversas ocasiones.
El informe de Human Rights Watch, a diferencia del de Amnistía Internacional, no otorga responsabilidades políticas ni penales a las autoridades. Es esta diferencia entre ambos informes la que, para expertos, marca el trato diferenciado que el Gobierno le ha dado a ambas organizaciones.
La reportera independiente fue encontrada muerta el pasado 21 de noviembre, y se pudo comprobar que de su departamento fueron robados su cámara, disco duro y su computador, donde existía registro de la represión en las manifestaciones del país.
Aunque la cifra ha aumentado respecto al último balance entregado por la Fiscalía, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que, hasta el final de las investigaciones, no corresponde anticipar si se trataron o no de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos.
Los representantes de la Mesa Unidad Social valoraron la convocatoria que tuvo el nuevo llamado a paro productivo que se efectuó en todo el país. Además, recalcaron que próximamente acudirán a La Moneda para presentar sus demandas sociales a las autoridades de Gobierno.
