Luego de la aprobación en particular del proyecto de 40 horas en la Cámara de Diputados, la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, aseguró que el Ejecutivo esperará la opinión de la Mesa Técnica para apoyarlo. Mientras tanto, la secretaria de Estado reconoció que el proyecto es mejor a la propuesta inicial entregada por el Partido Comunista.
La ANEF, el Colegio de Profesores y los propios trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y servicios asociados, denunciaron que la idea tendría ya resultados preestablecidos. Además, en Talca y comunas de la región de la Araucanía se ha acusado a las autoridades locales de seleccionar arbitrariamente a los participantes, siempre afines a la administración de turno.
El equipo de sistematización de Unidad Social presentó los resultados preliminares respecto de dichas instancias de participación ciudadana, que tienen por fin reflexionar colectivamente sobre propuestas, para resolver la crisis social. Una nueva Constitución es una de las principales prioridades.
Ahora el proyecto deberá ser votado en el Senado.
El diputado comunista llamó a realizar un plebiscito para cambiar la Constitución y responsabilizó al Gobierno por los incidentes ocurridos en diferentes ciudades: “Se niega a reconocer los graves problemas sociales y responde con más represión”, sostuvo.
Analistas y representantes del mundo social coinciden en que las movilizaciones responden a la crisis de un modelo que ha sido administrado -e incluso defendido- no sólo por la derecha política y económica, sino también por la centro-izquierda; sector que por estos días observa desde afuera lo que ocurre en Chile.
Los dirigentes sindicales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos emplazaron al gobierno y senadores a terminar con la iniciativa oficial.
La pre normativa establece un subsidio a los salarios más bajos en el contexto de su llamada “agenda social”. Especialistas analizan los alcances de la propuesta y que tal significativa será para las trabajadoras y trabajadores que están en este rango remuneracional.
“El Gobierno de Sebastián Piñera, y particularmente el Presidente, elude toda la responsabilidad política que tiene el haber decretado un Estado de Emergencia, sacar más de 10 mil soldados a la calle”, sostuvo la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el parlamentario se refirió al proceso en contra del ex ministro del Interior y respecto de ello, apuntó que deberá considerarse el testimonio de organizaciones de derechos humanos y civiles durante la revisión del libelo interpuesto por diez diputados opositores.
En su primera entrevista concedida a un medio nacional (antes lo había hecho con la BBC) el Mandatario defendió el rol de Carabineros frente a la crisis; reiteró la necesidad de una agenda social y se distanció de la idea de una asamblea constituyente.
Con el fin de generar propuestas para mejorar el actual sistema sanitario nacional, colegios profesionales, sindicatos, gremios y usuarios del sector, invitaron a la ciudadanía en general a participar en estos encuentros ciudadanos que se realizarán a partir de este miércoles 6 de noviembre.
Desde la CUT respondieron a las intimidaciones realizadas por empresarios de todo el país, que ya son una realidad. En Quellón, la industria salmonera ya ha desvinculado a más de 500 mujeres y hombres que se desempeñan en diversas plantas locales.
En la Cámara de Diputados se presentó, este martes, el libelo que contiene la acusación en contra del ex titular de Interior. Luego del sorteo, la instancia quedó conformada por los UDI Sergio Gahona, Joaquín Lavín y Jaime Bellolio, la parlamentaria RN Catalina del Real y el socialista Marcos Ilabaca.
El alcalde de Valparaíso realizó una evaluación del rol de su conglomerado, indicando que, de cara a las movilizaciones que vive el país, debería aprovechar sus “capacidades políticas” para apoyar un proceso constituyente.
En la conversación participó Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos; Nancy Yáñez, directora del Centro de DD.HH. de la Facultad de Derecho; Claudia Zapata, miembro de la Cátedra de Migraciones y Racismos Contemporáneos; Verónica Figueroa Huencho, senadora universitaria; y Vicente Bustos, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho.
Integrantes de la Defensoría Popular pertenecientes a diversas organizaciones y cooperativas jurídicas indicaron que la acción legal pretende profundizar en las responsabilidades políticas del Presidente ante las constantes vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas.
