Una extensa jornada de formalización se desarrolló en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que determinó el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el ex senador de la UDI Pablo Longueira y la reformalización del ex gerente de SQM Patricio Contesse, en el marco del caso SQM. La Fiscalía detalló la “red de boleteros”, integrada por personas cercanas a Longueira, que operaron para constituir el delito de cohecho.
Con votos del Partido Comunista, la Cámara de Diputados determinó rechazar el reajuste al salario mínimo de 26 mil pesos en 18 meses que había sido propuesto por el Gobierno, a instancias de la DC.
El presidente del Círculo de Políticas Participativas fue escogido por concurso público, luego de la salida de Ricardo Brodsky por sus vínculos con el Caso SQM.
El alto porcentaje de abstención en las últimas primarias municipales tendría un problema de fondo: el descrédito de la clase política y una ciudadanía desencantada de la democracia de la Transición, que no ve en el voto una posibilidad certera de cambiar el orden de las cosas.
El Partido Por la Democracia ordenó la suspensión de la militancia del ex ministro Jorge Insunza, luego que la Fiscalía Oriente iniciara una investigación en su contra. En tanto, en la oposición llaman al Gobierno a asumir responsabilidades por su nombramiento como Ministro de Estado.
Nolberto Díaz criticó la propuesta de aumento del salario mínimo que realizó el Gobierno, la que fue calificada además como una imposición del Ejecutivo. El dirigente criticó que se argumentara el cuidado del empleo para no subir más el ingreso.
Parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto que sancionaría con pena de cárcel a las instituciones que lucren. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, se comprometió a revisar la iniciativa aunque aseguró que la Reforma integrará sanciones que determinan, incluso, el cierre de las instituciones.
Luego de encadenarse a modo de protesta a las rejas del ex Congreso, integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron con la ministra de Justicia para que se impida la entrega de libertad condicional a violadores de DDHH.
Una abstención que llegó al 95 por ciento del electorado, superando los cálculos de la propia clase política, marcó estas primarias municipales que se desarrollaron en 93 comunas del país.
El veto presidencial es el camino adoptado por el Gobierno para seguir la tramitación de la Reforma Laboral, a pesar de que economistas y organizaciones sindicales reconocen al menos 25 retrocesos en el actual proyecto respecto del inicial.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado del PPD criticó que se esté legislando para otorgar beneficios carcelarios a violadores de los DDHH. “Los chilenos sienten hoy día que ellos han estado llenos de privilegios”, aseguró.
Analistas políticos identificaron los principales factores que inciden en una potencial sobrecarga del Servicio Electoral en sus labores fiscalizadoras de los procesos electorales, al experimentar cambios internos paralelos a la aplicación de nuevas leyes que buscan fortalecer la democracia.
Proyectos de ley, reuniones, solicitudes a la Presidenta y entrevistas, son algunos de los mecanismos que han utilizado algunos senadores en su estrategia para conseguir beneficios para los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, actualmente recluidos en Punta Peuco.
Desde el pasado jueves el desaforado senador Jaime Orpis cumple prisión preventiva por 75 eventuales delitos. La medida cautelar fue considerada competente para la parte querellante, quienes además esperan se replique en otros políticos vinculados al Caso Corpesca.
Llamando la atención sobre la crítica situación en la que se encuentran distintas comunas de la Región de Antofagasta, alcaldes llamaron a realizar un paro general el próximo 30 de junio, por los incumplimientos del Gobierno en la implementación de la Agenda de Descentralización.
Como un gran paso calificaron desde la multisindical la decisión de la Presidenta Bachelet de reactivar el veto presidencial en la Reforma Laboral. “Después de 30 años en este país por primera vez vamos a lograr aprobar una reforma que busca fortalecer al actor sindical”, señaló Bárbara Figueroa.
Diputados oficialistas si bien valoraron la decisión expresada por el Ejecutivo sobre el uso del veto presidencial en la Reforma Laboral, al mismo tiempo lamentaron que la iniciativa no contemple la titularidad sindical, algo de lo que tendrá que hacerse responsable la derecha, aseguraron.
