Esta semana se aprobó en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de carrera docente, con 12 votos a favor y una abstención, dando paso a la última iniciativa del Gobierno, que recogió algunos planteamientos de la oposición.

La iniciativa considera, entre otras medidas, el reconocimiento de la Excelencia Pedagógica Inicial y un incremento de un 40% en la asignación de excelencia a quienes optan por colegios más vulnerables.

Para el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, se está optando por políticas preocupantes al vincular los resultados de la Prueba Inicia con bonos, incentivos y otros beneficios económicos: “No siempre ha estado ligado el impulsar estos incentivos económicos a un mejoramiento de la educación. Además, se establece un mecanismo muy peligroso de competitividad entre los pares. La función docente es para colaborar, relacionar y ser solidaria entre los pares, no para competir ni sacar dividendos a corto plazo. En ese sentido, hay un tema ahí que será analizado de la mejor forma por parte nuestra”, dijo.

El líder del Magisterio dijo que esto merece ser revisado, pero afirmó que la iniciativa del Ejecutivo tiene aspectos positivos.

En cuanto a las medidas de ingreso a la carrera, que se endurecen con el proyecto de ley, el dirigente dijo que los requisitos deben aumentar, pero consignando la exploración de vocación y aptitudes de los individuos para cursar Pedagogía, para no medir todo con parámetros estandarizados.

Quedaron pendientes, para ser vistos en comisión mixta, temas como la acreditación de las instituciones que imparten los programas de Pedagogía. Al respecto, Jaime Gajardo planteó que “tiene que haber una relación entre lo que se está formando y los docentes que realmente necesita el sistema. En eso, el Estado tiene que jugar un papel. Hay que ver esto en su globalidad: la acreditación está bien, hay que exigirla y hay que cerrar inmediatamente a quienes no la tienen. A los que la tienen hay que revisarlos, pero eso tiene que estar unido a una mayor regulación de la formación docente. Ese es otro tema de fondo”.

En la ausencia de una política de Carrera Docente coincidió el académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE), Juan Pablo Valenzuela, quien afirmó que está pendiente una iniciativa legal en la materia, pese al nombre que lleva el actual proyecto.

“No estamos preparándonos para esa orientación y lo que sí podría suceder es que igual hay un involucramiento de recursos importantes. Las estimaciones del propio Mineduc son de mil millones de dólares anuales. Eso podría generar que otro proyecto de ley, que de verdad resuelva en forma estructural los problemas de calidad de los profesores, para todos los niños y escuelas en Chile, quede postergado por un periodo relativamente prolongado”, señaló.

Valenzuela aseguró, de todas maneras, que es un proyecto de ley “interesante” y valoró que la ministra Carolina Schmidt haya hecho un esfuerzo sincero para dar con puntos de encuentro. No obstante, consideró que solo apunta a dar señales de corto plazo sobre “ciertas condiciones de trabajo”, relacionadas con remuneraciones iniciales, bonos de incentivos y acceso a trabajo en el sector municipal y particular subvencionado.