Su séptima cuenta pública personal y la decimoquinta del Ministerio Público realizó este martes el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, destacando los énfasis que se han puesto en corrupción, crimen organizado, transnacionales, medioambiente y delitos sexuales contra menores.
Desde la entrada en vigencia del sistema procesal penal, en 2006, la Fiscalía ha recibido más de once millones de casos, donde solo este año se registraron un millón 300 mil ingresos, un aumento de 37,8 por ciento respecto de la instalación de la reforma.
Entre los temas analizados, Chahuán apuntó al uso de testigos protegidos y a la consagración de su seguridad en distintos casos, asegurando que “entendemos el interés legítimo de la defensa de un presunto delincuente por impedirlo, pero éste no puede estar por sobre la seguridad e integridad de quienes colaboran con los procesos judiciales”.
Asimismo, aseguró que “la Fiscalía, en las distintas regiones del país, agotará todas las instancias judiciales disponibles, porque nuestra convicción es que debemos perseguir los delitos, siempre y cuando la vida e integridad de las víctimas y testigos no se ponga en evidente riesgo. El sistema en su conjunto debe garantizar su seguridad y protección”.
Ante esto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, aceptó que esta figura se utilice en ciertas situaciones, pero insistió en rechazarla cuando se aplica en aquellos casos en los que se invoca la Ley Antiterrorista.
“Se usan dentro de los delitos de droga y también en el contexto de Ley Antiterrorista, en donde hemos sido críticos del uso de los testigos protegidos, puesto que en varios casos lo que hemos visto es que se condena con el solo mérito de los testimonios que dan estos testigos protegidos, no dando las suficientes herramientas a la defensa para impugnar estos testimonios”, detalló.
El fiscal nacional también reiteró la necesidad de impulsar el proyecto de ley de fortalecimiento institucional, recordando que “en mi cuenta pública del año 2011 expresé por primera vez los lineamientos del plan de fortalecimiento de la Fiscalía, que fueron validados posteriormente por un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que encargó el gobierno de Chile”, agregando que “han pasado cuatro años y lamentablemente muchas de las ideas planteadas en ese momento siguen siendo una tarea pendiente. En efecto, y como ejemplo, se debe propender al reconocimiento normativo de una sólida carrera de fiscales y funcionarios y una mejora de sus incentivos”.
Chahuán lamentó el estado incierto en que se encuentra el proyecto de ley y aseguró que se está trabajando en una propuesta con funcionarios y persecutores.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe, aseguró que la situación es apremiante, pues “tenemos un sentido de urgencia cada día mayor respecto de estos temas. El fiscal nacional ha sido sumamente claro en cuanto a la grave crisis que enfrenta hoy el Ministerio Público. No la ha calificado así, probablemente por un tema de responsabilidad de su cargo, pero yo sí la califico como colapso. Claramente hay necesidades que son urgentes y acuciantes”.
Otro de los temas mencionados en la cuenta pública fueron los cuestionamientos a la autonomía del Ministerio Público, frente a lo cual el fiscal nacional aseguró que se trata de un estatus que se le confiere en base a la defensa de las garantías de los ciudadanos.
Su séptima cuenta pública personal y la decimoquinta del Ministerio Público realizó este martes el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, destacando los énfasis que se han puesto en corrupción, crimen organizado, transnacionales, medioambiente y delitos sexuales contra menores.
Desde la entrada en vigencia del sistema procesal penal, en 2006, la Fiscalía ha recibido más de once millones de casos, donde solo este año se registraron un millón 300 mil ingresos, un aumento de 37,8 por ciento respecto de la instalación de la reforma.
Entre los temas analizados, Chahuán apuntó al uso de testigos protegidos y a la consagración de su seguridad en distintos casos, asegurando que “entendemos el interés legítimo de la defensa de un presunto delincuente por impedirlo, pero éste no puede estar por sobre la seguridad e integridad de quienes colaboran con los procesos judiciales”.
Asimismo, aseguró que “la Fiscalía, en las distintas regiones del país, agotará todas las instancias judiciales disponibles, porque nuestra convicción es que debemos perseguir los delitos, siempre y cuando la vida e integridad de las víctimas y testigos no se ponga en evidente riesgo. El sistema en su conjunto debe garantizar su seguridad y protección”.
Ante esto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, aceptó que esta figura se utilice en ciertas situaciones, pero insistió en rechazarla cuando se aplica en aquellos casos en los que se invoca la Ley Antiterrorista.
“Se usan dentro de los delitos de droga y también en el contexto de Ley Antiterrorista, en donde hemos sido críticos del uso de los testigos protegidos, puesto que en varios casos lo que hemos visto es que se condena con el solo mérito de los testimonios que dan estos testigos protegidos, no dando las suficientes herramientas a la defensa para impugnar estos testimonios”, detalló.
El fiscal nacional también reiteró la necesidad de impulsar el proyecto de ley de fortalecimiento institucional, recordando que “en mi cuenta pública del año 2011 expresé por primera vez los lineamientos del plan de fortalecimiento de la Fiscalía, que fueron validados posteriormente por un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que encargó el gobierno de Chile”, agregando que “han pasado cuatro años y lamentablemente muchas de las ideas planteadas en ese momento siguen siendo una tarea pendiente. En efecto, y como ejemplo, se debe propender al reconocimiento normativo de una sólida carrera de fiscales y funcionarios y una mejora de sus incentivos”.
Chahuán lamentó el estado incierto en que se encuentra el proyecto de ley y aseguró que se está trabajando en una propuesta con funcionarios y persecutores.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe, aseguró que la situación es apremiante, pues “tenemos un sentido de urgencia cada día mayor respecto de estos temas. El fiscal nacional ha sido sumamente claro en cuanto a la grave crisis que enfrenta hoy el Ministerio Público. No la ha calificado así, probablemente por un tema de responsabilidad de su cargo, pero yo sí la califico como colapso. Claramente hay necesidades que son urgentes y acuciantes”.
Otro de los temas mencionados en la cuenta pública fueron los cuestionamientos a la autonomía del Ministerio Público, frente a lo cual el fiscal nacional aseguró que se trata de un estatus que se le confiere en base a la defensa de las garantías de los ciudadanos.
Su séptima cuenta pública personal y la decimoquinta del Ministerio Público realizó este martes el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, destacando los énfasis que se han puesto en corrupción, crimen organizado, transnacionales, medioambiente y delitos sexuales contra menores.
Desde la entrada en vigencia del sistema procesal penal, en 2006, la Fiscalía ha recibido más de once millones de casos, donde solo este año se registraron un millón 300 mil ingresos, un aumento de 37,8 por ciento respecto de la instalación de la reforma.
Entre los temas analizados, Chahuán apuntó al uso de testigos protegidos y a la consagración de su seguridad en distintos casos, asegurando que “entendemos el interés legítimo de la defensa de un presunto delincuente por impedirlo, pero éste no puede estar por sobre la seguridad e integridad de quienes colaboran con los procesos judiciales”.
Asimismo, aseguró que “la Fiscalía, en las distintas regiones del país, agotará todas las instancias judiciales disponibles, porque nuestra convicción es que debemos perseguir los delitos, siempre y cuando la vida e integridad de las víctimas y testigos no se ponga en evidente riesgo. El sistema en su conjunto debe garantizar su seguridad y protección”.
Ante esto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, aceptó que esta figura se utilice en ciertas situaciones, pero insistió en rechazarla cuando se aplica en aquellos casos en los que se invoca la Ley Antiterrorista.
“Se usan dentro de los delitos de droga y también en el contexto de Ley Antiterrorista, en donde hemos sido críticos del uso de los testigos protegidos, puesto que en varios casos lo que hemos visto es que se condena con el solo mérito de los testimonios que dan estos testigos protegidos, no dando las suficientes herramientas a la defensa para impugnar estos testimonios”, detalló.
El fiscal nacional también reiteró la necesidad de impulsar el proyecto de ley de fortalecimiento institucional, recordando que “en mi cuenta pública del año 2011 expresé por primera vez los lineamientos del plan de fortalecimiento de la Fiscalía, que fueron validados posteriormente por un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que encargó el gobierno de Chile”, agregando que “han pasado cuatro años y lamentablemente muchas de las ideas planteadas en ese momento siguen siendo una tarea pendiente. En efecto, y como ejemplo, se debe propender al reconocimiento normativo de una sólida carrera de fiscales y funcionarios y una mejora de sus incentivos”.
Chahuán lamentó el estado incierto en que se encuentra el proyecto de ley y aseguró que se está trabajando en una propuesta con funcionarios y persecutores.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe, aseguró que la situación es apremiante, pues “tenemos un sentido de urgencia cada día mayor respecto de estos temas. El fiscal nacional ha sido sumamente claro en cuanto a la grave crisis que enfrenta hoy el Ministerio Público. No la ha calificado así, probablemente por un tema de responsabilidad de su cargo, pero yo sí la califico como colapso. Claramente hay necesidades que son urgentes y acuciantes”.
Otro de los temas mencionados en la cuenta pública fueron los cuestionamientos a la autonomía del Ministerio Público, frente a lo cual el fiscal nacional aseguró que se trata de un estatus que se le confiere en base a la defensa de las garantías de los ciudadanos.
