Caval, Penta y SQM se han vuelto lugares comunes a la hora de abordar las crónicas y noticias relacionadas con la política en Chile. E indefectiblemente desde un punto de vista negativo por los efectos que estos casos judiciales han ocasionado al prestigio de la clase política, la cual ya debía lidiar con la creciente indiferencia de la ciudadanía hacia los procesos de participación electoral.

La crisis que se ha generado a partir de estos casos, ha concitado el debate sobre las formas en que la institucionalidad debe hacerle frente, aplicando las medidas y regulaciones necesarias para encontrar la salida, para lo cual se han planteado desde elecciones anticipadas del Parlamento, pasando por iniciativas de transparencia total sobre el financiamiento de campañas políticas, hasta la necesidad –ya propuesta en el programa de gobierno de Michelle Bachelet- de redactar una nueva Constitución.

Desde la vereda de los expertos en política, uno de los temas que ha sido puesto en discusión tiene que ver con la crisis de confianza, según algunos, o derechamente la pérdida de legitimidad que las instituciones políticas detentaban hasta antes del estallido de estos casos.

En este sentido, el sociólogo Manuel Antonio Garretón plantea que es necesario asumir que lo que estamos presenciando es una crisis de legitimidad, la que se expresa tanto en la baja participación electoral de la ciudadanía, y que plantear que lo que vivimos como país es una crisis de confianza en las instituciones, no sería correcto, a pesar que también reconoce que existe desconfianza, pero no es el principal problema.

Además, Garretón enfatiza en que quienes no gozan de la suficiente legitimidad no son solamente las cúpulas dirigentes, tanto políticas como empresariales, sino también –y más importante- la relación que establece la ciudadanía con el sistema político, las reglas del juego que se han establecido. En este sentido, la Constitución es una de las principales instituciones que se debería transformar.

“Lo que está en cuestión y lo que está con crisis de legitimidad no es sólo las élites o los núcleos dirigentes, también algunos sí, y otros no, pero lo que está en cuestión es la relación entre el sistema político y la ciudadanía, y lo que está en cuestión entonces son las reglas del juego y las instituciones, más que las personas, si algunas no están en cuestión, otras sí”.

Genaro Cuadros, coordinador de Marca tu Voto concuerda con este diagnóstico, por lo que las soluciones no pasarían por realizar algunas reformas o acciones que tiendan a superar sólo los problemas coyunturales, ya que, a juicio de Cuadros, es el pacto social establecido entre la ciudadanía y la institucionalidad la que hay que restablecer, y para ello es necesario generar, como punto de partida, una nueva Constitución.

“El problema de fondo que tiene Chile es que el pacto social que sostiene su institucionalidad política es insuficiente de manera estructural, y no respecto a algunos aspectos solamente. No es que se pueda resolver, nuevamente, parchando la arquitectura institucional del país, en circunstancia que el debate de fondo debería ser sobre cuál es el régimen y cuál es el tipo de relación que nosotros queremos, los chilenos, entre el Ejecutivo y nuestros parlamentarios”.

Sin embargo, para Manuel Antonio Garretón el problema que subyace en la institucionalidad chilena, y que esta crisis ha dejado al descubierto, es la corrupción inherente al sistema, incluso más que la de algunas personas, a las que también les asigna responsabilidad en este proceso.

Según el sociólogo, la corrupción sería el principal mecanismo que pone en funcionamiento el sistema e institucionalidad en el país.

“El gran problema es que el sistema es corrupto. Es el sistema el que consagra la corrupción como su principal mecanismo, que es la apropiación privada de los bienes públicos. Eso es la corrupción, a eso se entiende por corrupción. En ese sentido, el sistema educacional, por ejemplo, no hay un sistema educacional más corrupto en Chile, por supuesto que los profesores y los estudiantes no lo son, pero el sistema educacional creado con fines de lucro, con platas del Estado para enriquecerse, es corrupto. El FUT es corrupto. La ley de forestales inicial, corrupta. La ley de aguas, la ley de suelos, si son todas corruptas”.

Para el cientista político y académico de la Universidad de Chile, Carlos Huneeus, antes que plantear soluciones o salidas a esta crisis política, es necesario tocar fondo, es decir arrojar luces sobre la relación entre dinero y política, y terminar con las revelaciones a cuentagotas, tal como lo han criticado parlamentarios oficialistas en las últimas semanas. Sólo en ese momento, sería posible saber hacia dónde dirigir las medidas.

“Yo creo que saber la relación, a tener claridad sobre la actual situación, transparentar también las donaciones reservadas, las millonarias no todas, y después de eso enfrentar qué es lo que se hace, porque también hay parlamentarios que han guardado discreto silencio, y que eso es grave entonces no ha tocado fondo, y una vez que toque ahí sabremos qué se hace”.

Huneeus sostiene que una de las resoluciones más importantes que se pueden implementar en orden a transparentar la relación entre los negocios y la política es que el Servel haga públicas las donaciones y aportes reservados a los parlamentarios durante sus campañas, a petición de los propios involucrados.

El cientista político y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, expone la necesidad de que el Estado reponga y reimpulse la enseñanza de la Educación Cívica como una forma de enfrentar a largo plazo, los efectos que la crisis política ha causado en nuestro país, lo que sería una forma de enfrentar el problema desde la misma ciudadanía, y no desde las élites.

“Lo que debiese impulsar el Gobierno es un plan nacional de Educación Cívica obligatoria tanto para alumnos de enseñanza básica como para alumnos de enseñanza media. Para los alumnos de enseñanza básica existe suficiente y abundante literatura sobre la enseñanza de didácticas democráticas para niños. De lo contrario, si seguimos atacando el problema desde arriba, desde la élite, esto no va a tener vuelta”.

Para Morales, la forma en la cual las élites dirigentes puedan aportar en la solución de la crisis, es estableciendo sanciones ejemplares para quienes infrinjan la ley electoral, tal como lo estipula el proyecto de ley enviado al Congreso por la Presidenta la semana pasada, el cual el académico considera un avance en buscar soluciones inmediatas a la crisis, no obstante enfatiza en que es más importante la solución que emerja desde la propia sociedad a través de la educación.