El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, reiteró que las empresas están legalmente obligadas a compensar a sus usuarios ante interrupciones injustificadas del suministro.
La edil de Melipilla sostuvo que si CGE no se acoge al procedimiento voluntario colectivo procederán con la demanda para obtener compensaciones. “No podemos permitir que el sector privado siga jugando con el bienestar de las personas”, afirmó.
El emplazamiento busca que la compañía responda lo antes posible a los usuarios afectados. Además, alcaldes de la Región Metropolitana llamaron al Presidente Boric a poner en duda la concesión con esta empresa, al igual que en el caso de Enel.
El ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que se dio inicio al proceso administrativo de caducidad de la concesión en la Región Metropolitana y que se le exigirá un mínimo de reposición en estas 24 horas.
El Sernac y un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana ya iniciaron un procedimiento colectivo en contra de Enel y CGE. Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, no descartó una posible revocación de concesiones.
El edil de Macul criticó el monopolio de las compañías a cargo del suministro. Además, cuestionó la falta de prevención y mantención del cableado eléctrico, cuando las utilidades de empresas como Enel alcanzan los 250 mil millones de pesos.
La reunión es liderada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y asisten el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, y los gerentes generales de Enel, Víctor Tavera, y de CGE, Iván Quezada.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles apuntó a los deficitarios planes de contingencia de las empresas para hacer frente al temporal que se dejó caer sobre la zona centro sur del país.
Los miles de reclamos y denuncias a la SEC por la falta de suministro eléctrico en distintas comunas del país devinieron en una serie de acciones de parte de los jefes comunales que exigen al Presidente que CGE deje de ser la encargada del suministro eléctrico. “Seguiremos hasta las últimas consecuencias”, aseguraron los alcalde reunidos en las Asociaciones de Municipios Rurales.
La parlamentaria de la Falange se refirió a la polémica en torno al recambio de los medidores de energía eléctrica y pidió a la ministra de Energía explicaciones. Por su parte, representantes de RN acudieron a la SEC para presentar un requerimiento solicitando que la entidad se pronuncie sobre el proceso tarifario de las empresas distribuidoras.
Marisa Navarrete dijo que el rechazo de la Corte de Apelaciones al recurso interpuesto en favor de su representado era un escenario posible, pero que apelarán a la Corte Suprema, esperando que sean acogidos sus planteamientos.
El fiscal regional de O´Higgins lamentó no poder apelar a la sanción que reduce en un 5 por ciento su salario, incluso, advirtió que la norma puede ser inconstitucional. Sin embargo, descartó que se trate de una persecución en su contra.
Marisa Navarrete, la defensora del prosecutor que investiga la responsabilidad de los ejecutivos de la eléctrica CGE en los incendios forestales que afectaron a la región de O’Higgins este verano, reiteró sus críticas al debido proceso que enfrenta su representado frente al sumario impuesto por el fiscal nacional.
La suspensión del suministro eléctrico se ha extendido por más de 72 horas en algunas comunas de la Región Metropolitana, de O’Higgins y del Maule, debido al sistema frontal del fin de semana. Los municipios anunciaron una demanda colectiva contra las empresas distribuidoras de energía. Expertos afirman que se necesita un nuevo marco regulatorio para el sector que está en manos de compañías privadas internacionales.
Francisco Castro valoró dictamen judicial que somete a prisión preventiva a dos ejecutivos de CGE acusados como autores de 5 delitos por incendios forestales.
El magistrado consideró que ambos representantes de la compañía pudieron prever que se darían incendios de grandes magnitudes en las zonas que finalmente resultaron afectadas.
Este miércoles se desarrollará la audiencia de formalización de tres ejecutivos de la empresa eléctrica CGE por su eventual responsabilidad en los incendios ocurridos el verano pasado. Dentro de este caso se apunta al lobby de la compañía como una estrategia para defenderse ante la investigación que lidera el fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias.
