Abogados de DDHH presentarán un recurso de nulidad por la decisión de la Corte Suprema que rechazó el requerimiento que pidió un control de convencionalidad. Además, la Defensoría Popular solicitó al TC que se pronuncie sobre la normativa.
El abogado de la Defensoría Popular denunció el “capricho” del Ministerio Público al imputar responsabilidad a Zenteno en el segundo juicio, cuyo “veredicto absolutorio” debería conocerse la próxima semana.
El abogado de la Defensoría Popular catalogó como una “desazón” la resolución de la entidad de no perseverar en su querella por delitos de lesa humanidad. Por lo que consideró que el nuevo gobierno “debería incidir”.
Lorenzo Morales de la Defensoría Popular, señaló que la medida es un paso para terminar con la prisión preventiva que aún enfrentan decenas de jóvenes detenidos en el marco del estallido social. Además, indicó que incluso podría abrir una puerta para la revisión de las sentencias contra personas condenadas por los tribunales.
Hasta el momento, las autoridades no han aclarado si el deceso fue producto de los fuegos artificiales lanzados por manifestantes o por las lacrimógenas de Carabineros. No obstante, los familiares de la víctima han confirmado que pertenecía a la Defensoría Popular, organización que realizaba labores de observación en una manifestación de este domingo en Plaza Italia.
Según el abogado se ha buscado disminuir la cifra de personas que cumplen prisión preventiva en orden a quitar relevancia al tema del indulto en la discusión pública. “Los hechos son serios y graves de vulneración de los DD.HH. de 725 personas que están en prisión preventiva”, afirmó.
Ante los hechos de violencia racista cometidos por civiles en contra de comunidades mapuche en Curacautín y Victoria, este domingo se presentó la primera acción legal que cuestiona el actuar de una autoridad política que, para los recurrentes, promueve este tipo de acciones.
Mientras las miradas están fijas en la acción constitucional que enfrenta Sebastián Piñera en el Congreso, el Ministerio Público ya ha tomado declaración y oficiado a distintas instituciones y autoridades, esto, en el marco de la investigación de la querella por crímenes de lesa humanidad y genocidio que interpusieron 16 abogados en contra del mandatario.
Integrantes de la Defensoría Popular pertenecientes a diversas organizaciones y cooperativas jurídicas indicaron que la acción legal pretende profundizar en las responsabilidades políticas del Presidente ante las constantes vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas.
La ONG presentó la acción judicial para resguardar la realización de una consulta indígena antes de ser aprobada la ley, de modo que se proteja la utilización del recurso por parte de las comunidades ancestrales del país. Organizaciones ambientalistas critican la postura del presidente electo sobre esta reforma.
La acción fue interpuesta en favor de 14 estudiantes de distintos colegios, quienes denuncian amenazas y hostigamientos por parte de desconocidos luego de una manifestación pacífica que realizaron en las dependencias de la Dirección General de Carabineros el pasado 18 de mayo.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, los defensores de los imputados aseveraron que los fiscales fueron negligentes por haber presentado evidencias fuera del tiempo establecido por la ley. La abogada Manuela Royo afirmó que esto corresponde a una maniobra dilatoria por parte de los querellantes, con el fin de posponer la realización del juicio oral.
La nueva Ley Antiterrorista, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional, es parte de la lista de 48 iniciativas que el Gobierno espera aprobar antes de que culmine el mandato de Michelle Bachelet. La medida estaría orientada a perseguir a sujetos que cometen ilícitos de esta naturaleza y que no se amparan en organizaciones terroristas.
Luego que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmara la absolución del fotógrafo Felipe Durán y el comunero Cristián Levinao, el abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román señaló que esto es una derrota más para el Estado chileno en territorio mapuche, y si bien aún no han decidido si demandarán al Fisco, no han descartado esta posibilidad.
María Paz Cajas acusa a la funcionaria Thiare Vergara de golpearla en el vientre provocándole la pérdida del embarazo de cinco semanas. Abogada de la Defensoría Popular Fernanda Molina, sostuvo que hay antecedentes que permiten perseguir la responsabilidad de la uniformada.
El caso de Roberto Zambrano puso sobre la mesa un duro cuestionamiento a las prácticas policiales, la excesiva violencia de Carabineros y el ensañamiento con dirigentes políticos estudiantiles. Además, revivió el fantasma de las prácticas de la dictadura a 26 años del retorno a la democracia.
Distintas reacciones ha generado la aprobación de la normativa que fija la penalidad contra los responsables de agresiones a Carabineros y que no exige la comprobación de las lesiones con señales corporales visibles. Organizaciones de estudiante y abogados cuestionan que “se van a gnerar una multiplicidad de arbitrariedades”.
