El director de la Fundación Ciudadanía Inteligente y querellante en el caso de financiamiento ilegal de la política, explicó los motivos por los que Pablo Longueira y Marco Enriquez-Ominami están siendo juzgados.
El organismo pidió a los tribunales nuevas diligencias para acreditar delitos relacionados con la contratación de residencias sanitarias y el pago que consideran “irregular” de cerca de 380 millones de pesos a una empresa hotelera.
De todas formas, valoraron el anuncio del SII para analizar nuevos antecedentes en el caso. Esto, luego que el organismo informara sobre el inicio de acciones para verificar si las operaciones divulgadas por la investigación periodística se realizaron dentro del marco normativo vigente.
Por su parte, el Tercer Tribunal Oral de Santiago condenó a la ex diputada Marta Isasi por uno de los tres delitos de cohecho que acusó el Ministerio Público y la absolvió de delitos tributarios debido a que el SII no perseveró en su acusación.
El ex ministro de Estado del primer mandato de Sebastián Piñera fue investigado por delitos tributarios en el marco del llamado caso SQM.
La defensa de Marco Enríquez Ominami declaró su conformidad ante el cierre de la investigación que se lleva adelante contra el ex candidato presidencial, imputado por fraude al fisco y delito tributario.
El Ministerio Público había solicitado una pena de cuatro años y una multa superior a los 100 millones de pesos por el perjuicio causado al Fisco.
En la arista chilena del caso “Lava Jato” también se pidió formalizar a Cristián Warner, ex asesor clave del político.
Uno de los personajes emblemáticos del Caso Penta podría ser desaforado y llevado a juicio por delitos tributarios. Se trata del senador de la UDI Iván Moreira quien a principios de 2015 pidió disculpas por las irregularidades en el financiamiento de su campaña, y que hoy, ad portas de perder el fuero, acusó una campaña política en su contra, considerando que es uno de los rostros visibles de la candidatura de Sebastián Piñera.
Nada contento tiene al Ministerio Público la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no querellarse en contra de múltiples empresas involucradas en platas políticas. Hace unos días Jorge Abbot cuestionó la voluntad del organismo y hoy fue el fiscal Guerra, a cargo del caso Penta, quien cuestionó la independencia del servicio sugiriendo la posibilidad de que no esté en manos del SII la exclusividad en la denuncia para delitos tributarios.
Un oficio reservado dispone que aquellos casos donde existan irregularidades que hayan prescrito administrativamente, no se informen a la dirección del servicio para perseguir acciones penales. Los antecedentes fueron presentados a Contraloría por las ex funcionarias Marisa Navarrete y Paulina Carrasco.
Ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos denuncian falta de celeridad en los procesos investigativos que involucran a los casos de financiamiento irregular de campañas políticas. En particular, acusan los casos de los dineros que tienen relación con campañas de la Nueva Mayoría, presentan retrasos u omisiones en las querellas, lo que denota una decisión política que escapa de las atribuciones del Servicio y que favorece a los involucrados de la coalición de gobierno.
