El ex director de Junaeb, José Miguel Serrano, acusó presiones de parte del ex senador para favorecer a la empresa de un militante del PS en un proceso de licitación de trato directo, para hacerse cargo de la alimentación de los niños de la VIII Región. Esto, pese a que la empresa presentó un presupuesto 2 mil millones de pesos más caro y antecedentes por incumplimiento de sus labores.
Abogados querellantes de las causas que contemplan la desaparición y muerte de integrantes del GAP (círculo de guardaespaldas de Salvador Allende) esperan que durante este año se dicte sentencia de primera instancia contra los responsables ya identificados. De paso, se extrañan que el partido de los asesinados invierta hoy su dinero en grandes empresas.
El expresidente de la colectividad reconoce que el PS donó dineros para la campaña de Bachelet solicitados a la comisión de patrimonio. El parlamentario reconoce que la militancia sabía que las platas del partido se encontraban en el mercado financiero y tuvo palabras para ponerle la lápida a la Nueva Mayoría.
Luego de que algunos partidos manifestaran sus aprensiones respecto de la implementación este año de la elección de gobernadores regionales, el candidato presidencial logró aunar a las colectividades que lo apoyan, las que se comprometieron a sacar adelante a la brevedad la agenda de descentralización.
El ex precandidato del PS defendió las inversiones de su partido en sociedades como SQM y Pampa Calichera. A su juicio, los socialistas tomaron una gran decisión, toda vez que con esa cartera de negocios llegaron a duplicar sus ingresos.
Solo nos queda rogar para que vuelva la “amnistía tributaria” propuesta por el Gobierno; también rezar para que esta no sólo devuelva dineros al país, sino -además- la moral perdida de nuestros dirigentes.
Patrimonio, cartera de inversiones y participación en directorios son tres pruebas del lazo que existe entre el partido presidencial y las empresas vinculadas a Julio Ponce Lerou. Mientras el Comité de Patrimonio de la colectividad defiende su “modelo de negocios”, militantes del ala más de izquierda piden romper definitivamente la relación con el mundo empresarial.
Los más de 2 mil millones de pesos invertidos en SQM son solo parte de la cartera de acciones compradas por el socialismo entre 2000 y 2004. Desde el partido acusan organización comunicacional para desprestigiarlos, mientras aseguran que la responsabilidad es del Comité Patrimonial.
La implementación de la agenda de probidad y transparencia ha traído diversas consecuencias para los partidos políticos. Una de ellas, dice relación con el control del gasto electoral por parte del Servel, lo que ha hecho que hasta la fecha más del 70% de las rendiciones de este tipo de gastos haya sido objetada por el organismo. Desde los partidos declaran estar de acuerdo con la normativa, sin embargo llaman a agilizar los plazos, tomando en cuenta las dificultades que esto trae para las colectividades y los candidatos.
Un informe elaborado por Chile Transparente reveló que las colectividades promediaron un 2,7 (en una escala de 1 a 7) en cuanto al acatamiento de la nueva ley de partidos. “Los resultados de este índice son malos y preocupantes. Teniendo estándar legal desde octubre de 2016, los partidos debiesen haber ido en masa a publicar información”, afirmó el director del organismo Alberto Precht.
Frente a la arremetida de la senadora y candidata DC, Carolina Goic, el resto de las colectividades del bloque ha reafirmado su disposición de ir a primarias y contar con un liderazgo único para dar continuidad a la coalición y con ello, derrotar al candidato opositor. Sin embargo, desde el entorno de la senadora por Magallanes –pese a las diferencias al interior de la falange- han endurecido el tono y defendido decisión de llegar a primera vuelta.
Ya lo habían anunciado en la previa del Comité Central del Partido Socialista: de no ser nominado por la tienda presidencial, el expresidente no competiría en las elecciones. Así lo confirmó esta mañana. La caída de Ricardo Lagos, uno de los hombres signos de la postdictadura, abre la duda sobre el futuro del PPD de cara a las elecciones de noviembre, pero también debilita la figura concertacionista en la Nueva Mayoría.
