La venta de tierras aparece como una nueva y atractiva transacción para los empresarios de la Araucanía, luego de los más de 2 mil millones de pesos que acordó pagar el Estado a Jorge Luchsinger por el fundo Santa Margarita.
El alza del valor de la hectárea de tierra que reclaman las comunidades mapuches se ha dado en la misma dimensión en que aumentan las movilizaciones y el gobierno expresa su voluntad de comprar los predios, aunque aún en base sólo a las leyes de la oferta y la demanda.
Como un negocio redondo para los empresarios de la Araucanía es visto el proceso de compra de tierras por parte del gobierno a través de la Conadi. El último hecho que motivó estas apreciaciones es el acuerdo con el dueño del fundo Santa Margarita, Jorge Luchsinger, quien cobró por cada hectárea 5 millones y medio de pesos para alcanzar en total más de 2 mil millones de pesos por la transacción.
Para el werkén de la comunidad de Temocuicui Autónomo, Jorge Huenchullán, el gobierno debió haberse adelantado a este proceso especulativo de quienes hoy tienen la propiedad sobre los territorios que pertenecieron a los mapuches y que exigen que sean restituidos, ya que habría permitido además impedir el proceso de movilizaciones que se registran en la actualidad en la zona.
“Desde que empezó la movilización dura en la zona, fue cuando estos señores empezaron a elevar el precio y llegar al punto de siete, ocho millones de pesos la hectárea. Como hay una presión del Estado y el gobierno ha dicho que quiere entregar las tierras a los mapuches, ellos han aprovechado esa oportunidad. No me parece que más encima haya que indemnizar a estos señores por todo el daño que han hecho al territorio mapuche, por toda la persecución que han implementado y porque han generado violencia hacia las comunidades”.
Pero existe, a juicio del senador por la zona Guillermo Vásquez, una situación artificial en el precio de las tierras. Incluso acusó la colusión que afirmó habría entre algunas comunidades y los empresarios para presionar al Estado con el objetivo de comprar tierras a un precio mayor que el real.
Ese sería el caso, a juicio del legislador radical, del fundo de Jorge Luchsinger, Santa Margarita, el mismo donde en enero de 2008 fue muerto de un balazo de carabineros el estudiante Matías Catrileo.
“Me parece que si ese fundo se pusiera en el mercado no tendría el mismo valor que estaban cobrando hoy día. Esta es una explotación de un conflicto que tiene otra naturaleza y que en realidad no es un conflicto en sí mismo sino que un problema de desarrollo de las comunidades mapuches”.
Para la abogada Nancy Yáñez, co-directora del Observatorio Ciudadano y experta en temas indígenas, lo único que ha valorizado estos terrenos ha sido precisamente la reivindicación de las comunidades mapuches, ya que el valor de la tierra desde la perspectiva productiva no es muy alto y además las movilizaciones hacen que nadie quiera adquirir los predios.
Pero el problema no se va a solucionar mientras se mantenga una visión de oferta y demanda en donde el derecho de propiedad se sobre ponga en la sociedad chilena, agregó la especialista.
“Las mismas bases institucionales que en definitiva colocan el derecho a la propiedad como el magno derecho en nuestro régimen jurídico, va a llevar que finalmente estos grupos de poder sigan presionando políticamente a través de los partidos que los apoyan, pero también dando cuenta que ellos se oponen a vender estos predios sino en la medida que les paguen lo que ellos desean”.
En total son 2 mil 617 millones de pesos los que cancelará el Estado a Jorge Luchsinger por su fundo Santa Margarita para iniciar el proceso de restitución a un grupo de comunidades aledañas de Vilcún que reclaman el terreno como ancestral, negocio atractivo para quienes en el último tiempo incluso han hasta quintuplicado el precio de sus tierras a raíz del denominado conflicto mapuche.
La venta de tierras aparece como una nueva y atractiva transacción para los empresarios de la Araucanía, luego de los más de 2 mil millones de pesos que acordó pagar el Estado a Jorge Luchsinger por el fundo Santa Margarita.
El alza del valor de la hectárea de tierra que reclaman las comunidades mapuches se ha dado en la misma dimensión en que aumentan las movilizaciones y el gobierno expresa su voluntad de comprar los predios, aunque aún en base sólo a las leyes de la oferta y la demanda.
Como un negocio redondo para los empresarios de la Araucanía es visto el proceso de compra de tierras por parte del gobierno a través de la Conadi. El último hecho que motivó estas apreciaciones es el acuerdo con el dueño del fundo Santa Margarita, Jorge Luchsinger, quien cobró por cada hectárea 5 millones y medio de pesos para alcanzar en total más de 2 mil millones de pesos por la transacción.
Para el werkén de la comunidad de Temocuicui Autónomo, Jorge Huenchullán, el gobierno debió haberse adelantado a este proceso especulativo de quienes hoy tienen la propiedad sobre los territorios que pertenecieron a los mapuches y que exigen que sean restituidos, ya que habría permitido además impedir el proceso de movilizaciones que se registran en la actualidad en la zona.
“Desde que empezó la movilización dura en la zona, fue cuando estos señores empezaron a elevar el precio y llegar al punto de siete, ocho millones de pesos la hectárea. Como hay una presión del Estado y el gobierno ha dicho que quiere entregar las tierras a los mapuches, ellos han aprovechado esa oportunidad. No me parece que más encima haya que indemnizar a estos señores por todo el daño que han hecho al territorio mapuche, por toda la persecución que han implementado y porque han generado violencia hacia las comunidades”.
Pero existe, a juicio del senador por la zona Guillermo Vásquez, una situación artificial en el precio de las tierras. Incluso acusó la colusión que afirmó habría entre algunas comunidades y los empresarios para presionar al Estado con el objetivo de comprar tierras a un precio mayor que el real.
Ese sería el caso, a juicio del legislador radical, del fundo de Jorge Luchsinger, Santa Margarita, el mismo donde en enero de 2008 fue muerto de un balazo de carabineros el estudiante Matías Catrileo.
“Me parece que si ese fundo se pusiera en el mercado no tendría el mismo valor que estaban cobrando hoy día. Esta es una explotación de un conflicto que tiene otra naturaleza y que en realidad no es un conflicto en sí mismo sino que un problema de desarrollo de las comunidades mapuches”.
Para la abogada Nancy Yáñez, co-directora del Observatorio Ciudadano y experta en temas indígenas, lo único que ha valorizado estos terrenos ha sido precisamente la reivindicación de las comunidades mapuches, ya que el valor de la tierra desde la perspectiva productiva no es muy alto y además las movilizaciones hacen que nadie quiera adquirir los predios.
Pero el problema no se va a solucionar mientras se mantenga una visión de oferta y demanda en donde el derecho de propiedad se sobre ponga en la sociedad chilena, agregó la especialista.
“Las mismas bases institucionales que en definitiva colocan el derecho a la propiedad como el magno derecho en nuestro régimen jurídico, va a llevar que finalmente estos grupos de poder sigan presionando políticamente a través de los partidos que los apoyan, pero también dando cuenta que ellos se oponen a vender estos predios sino en la medida que les paguen lo que ellos desean”.
En total son 2 mil 617 millones de pesos los que cancelará el Estado a Jorge Luchsinger por su fundo Santa Margarita para iniciar el proceso de restitución a un grupo de comunidades aledañas de Vilcún que reclaman el terreno como ancestral, negocio atractivo para quienes en el último tiempo incluso han hasta quintuplicado el precio de sus tierras a raíz del denominado conflicto mapuche.
La venta de tierras aparece como una nueva y atractiva transacción para los empresarios de la Araucanía, luego de los más de 2 mil millones de pesos que acordó pagar el Estado a Jorge Luchsinger por el fundo Santa Margarita.
El alza del valor de la hectárea de tierra que reclaman las comunidades mapuches se ha dado en la misma dimensión en que aumentan las movilizaciones y el gobierno expresa su voluntad de comprar los predios, aunque aún en base sólo a las leyes de la oferta y la demanda.
Como un negocio redondo para los empresarios de la Araucanía es visto el proceso de compra de tierras por parte del gobierno a través de la Conadi. El último hecho que motivó estas apreciaciones es el acuerdo con el dueño del fundo Santa Margarita, Jorge Luchsinger, quien cobró por cada hectárea 5 millones y medio de pesos para alcanzar en total más de 2 mil millones de pesos por la transacción.
Para el werkén de la comunidad de Temocuicui Autónomo, Jorge Huenchullán, el gobierno debió haberse adelantado a este proceso especulativo de quienes hoy tienen la propiedad sobre los territorios que pertenecieron a los mapuches y que exigen que sean restituidos, ya que habría permitido además impedir el proceso de movilizaciones que se registran en la actualidad en la zona.
“Desde que empezó la movilización dura en la zona, fue cuando estos señores empezaron a elevar el precio y llegar al punto de siete, ocho millones de pesos la hectárea. Como hay una presión del Estado y el gobierno ha dicho que quiere entregar las tierras a los mapuches, ellos han aprovechado esa oportunidad. No me parece que más encima haya que indemnizar a estos señores por todo el daño que han hecho al territorio mapuche, por toda la persecución que han implementado y porque han generado violencia hacia las comunidades”.
Pero existe, a juicio del senador por la zona Guillermo Vásquez, una situación artificial en el precio de las tierras. Incluso acusó la colusión que afirmó habría entre algunas comunidades y los empresarios para presionar al Estado con el objetivo de comprar tierras a un precio mayor que el real.
Ese sería el caso, a juicio del legislador radical, del fundo de Jorge Luchsinger, Santa Margarita, el mismo donde en enero de 2008 fue muerto de un balazo de carabineros el estudiante Matías Catrileo.
“Me parece que si ese fundo se pusiera en el mercado no tendría el mismo valor que estaban cobrando hoy día. Esta es una explotación de un conflicto que tiene otra naturaleza y que en realidad no es un conflicto en sí mismo sino que un problema de desarrollo de las comunidades mapuches”.
Para la abogada Nancy Yáñez, co-directora del Observatorio Ciudadano y experta en temas indígenas, lo único que ha valorizado estos terrenos ha sido precisamente la reivindicación de las comunidades mapuches, ya que el valor de la tierra desde la perspectiva productiva no es muy alto y además las movilizaciones hacen que nadie quiera adquirir los predios.
Pero el problema no se va a solucionar mientras se mantenga una visión de oferta y demanda en donde el derecho de propiedad se sobre ponga en la sociedad chilena, agregó la especialista.
“Las mismas bases institucionales que en definitiva colocan el derecho a la propiedad como el magno derecho en nuestro régimen jurídico, va a llevar que finalmente estos grupos de poder sigan presionando políticamente a través de los partidos que los apoyan, pero también dando cuenta que ellos se oponen a vender estos predios sino en la medida que les paguen lo que ellos desean”.
En total son 2 mil 617 millones de pesos los que cancelará el Estado a Jorge Luchsinger por su fundo Santa Margarita para iniciar el proceso de restitución a un grupo de comunidades aledañas de Vilcún que reclaman el terreno como ancestral, negocio atractivo para quienes en el último tiempo incluso han hasta quintuplicado el precio de sus tierras a raíz del denominado conflicto mapuche.
