Como insuficiente calificaron parlamentarios y organizaciones de consumidores el proyecto de Sernac Financiero que fue aprobado esta semana en la Cámara de Diputados y que ya está listo para convertirse en ley.

Una de las principales atribuciones que tendrá el Sernac Financiero – que funcionará como un departamento del actual Servicio Nacional del Consumidor –  será la aplicación del denominado “Sello Sernac”, que funcionará como garantía de que los contratos de los productos financieros no contienen clausulas abusivas para los clientes y que están visados por el mismo organismo.

Para poder obtener este timbre, las empresas están obligadas a publicar información sobre las tasas de intereses, comisiones, seguros asociados y los costos finales de los créditos además de eliminar las “ventas atadas”.

Sin embargo, el diputado DC integrante de la comisión de Economía, Patricio Vallespín, aseguró que el texto no incluye normas que impidan que se cambien las condiciones de los créditos hipotecarios por cierre de productos asociados, lo que podría dar pie a ciertas irregularidades.

“Creemos que este proyecto es un avance, pero es insuficiente como por ejemplo en el tema de las ventas atadas. Tal como está el texto, no garantiza que las empresas no sigan recurriendo a estas prácticas. Esta ley da pie a cosas inciertas. Queremos garantizar seguridad a los consumidores y esta normativa no hace”, afirmó el parlamentario.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Liga Ciudadana de Consumidores, Omar Pérez, aseguró que el carácter “voluntario” del Sello Sernac no certifica que el rubro financiero, que es uno de los que acumula mayores reclamos, salvaguarde los derechos de sus clientes.

“Nos parece que si bien puede existir un mayor nivel de transparencia, el respaldo del Sello Sernac que es voluntario lo hace absolutamente deficiente. Como siempre ocurre, las cosas que son voluntarias no tienen mayor eficacia. Para nosotros las leyes tienen que ser claras y explícitas y, en ese sentido, siento que se apresuraron demasiado en aprobar una ley que aparenta mejorar la situación, pero que al final puede ser completamente inútil”, sostuvo Pérez.

El proyecto de Sernac Financiero también contempla que funcionarios del organismo puedan servir como “ministros de fe” ante eventuales conflictos judiciales. De todas formas, en casos de bajo impacto la asesoría tampoco asegura una defensa frente a tribunales. Además los tratos a los que se llegue durante la mediación no serán vinculantes.

Por lo mismo, el presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Stefan Larenas, aseguró que el único cambio que plantea este proyecto es la especialización de una parte de la entidad y advirtió que temas fundamentales en torno al endeudamiento no fueron considerados.

“El Sernac, que hasta el momento ha actuado casi como un buzón de reclamos de los clientes porque se derivan los casos, ahora va a ser un buzón más especializado. Hay muchos elementos que se van a ajustar a la ley, pero hay situaciones que son injustas que todavía están contempladas en la normativa. Es injusto que le aceleren los créditos porque la persona se atrasó una vez y se le cobren inmediatamente el resto de las cuotas, así como también que se implique un interés moratorio del 50 por ciento al mes vencido. Ahí es donde se agranda la deuda eternamente”, sentenció el dirigente.

De hecho, esos mismos temas fueron tratados por la mesa de trabajo entre el ministro de Economía, Pablo Longueira, y las compañías bancarias y de retail, sin llegar a un acuerdo sobre ello.

Las organizaciones añadieron que es contraproducente que los cambios se apliquen sólo a los contratos  que estarán vigentes de ahora en adelante y no a los suscritos con antelación a la promulgación de la ley. Esto dejaría a cerca de 17 millones de tarjetas y varios millones de créditos sin fiscalización.

Finalmente rechazaron la poca participación que se da a las instituciones ciudadanas en la ley y el escuálido personal contemplado para poner en funcionamiento esta ley en todo el país.

Algunas de las alternativas que se analizan para lograr un verdadero cambio en este ámbito se relacionan con la creación de una Superintendencia de Defensa al Consumidor o incluso una subsecretaría que de rango ministerial a esta área, tal como se da en Argentina.