Entre los grandes mitos nacionales destaca esa vieja pretensión de que los niveles de corrupción en nuestro país son bajos o muy discretos en relación a lo que sucede en otras naciones del mundo y de América Latina, en particular. Sin embargo, lo que sucede en los más distintos ámbitos nos hablan de que en lo que somos realmente insuperables es en esconder la mugre y atribuir como hechos aislados  a cada uno de estos deleznables episodios que a diario conmueven e indignan a la opinión pública.

Desde nuestra antigüedad política, el cohecho electoral y los turbios conciliábulos cupulares de la oligarquía estuvieron presentes en las instituciones del Estado. Siempre hubo partidos y caudillos políticos que se enriquecieron en el poder, favorecieron a sus amigos y dispusieron de recursos fiscales para gastar sus labores proselitistas, más bien electorales. Así lo registran la literatura y los mejores cronistas de ese pasado, donde lo excepcional eran los líderes que asumieron el servicio público con rectitud y vocación de servicio.

Lo mismo ha ocurrido siempre con la llamada clase empresarial, ávida siempre en Chile por ganar dinero de forma fácil y rápida, al abrigo del erario público pero, sobre todo, del bolsillo de los consumidores. La evasión y la elusión tributaria están enraizadas y señalan en cifras los multimillonarios recursos con los que podría el Estado emprender sus objetivos de equidad. La colusión actual de las farmacias, los productores avícolas y las grandes tiendas viene a sumarse a las prácticas de un poderoso grupo de gerentes y ejecutivos que compiten y hacen carrera por ser más eficientes con las utilidades que recaudan para sus patrones. A costa de restringir el empleo y el salario, elevar los precios de los productos y practicar la usura con el crédito que ellos mismos le ofrecen a los chilenos obnubilados por el consumismo fomentados por los ingentes recursos que gastan en publicidad y tener propicios a los medios de comunicación. Males del pasado tan extendidos, como la triquinosis y otras catástrofes epidémicas, así como ahora la obesidad  y las enfermedades respiratorias, tienen mucha explicación en los productores agrícolas, industriales y comerciantes inescrupulosos, capaces de vender veneno y enfermedades hasta en los fármacos con tal de hacer dinero.

Se podrían contar por miles quienes fueron víctimas del abuso sexual de los sacerdotes pero que callaban convencidos que era preferible hacerlo antes de cometer el más mortal de los pecados: afectar los intereses de la Jerarquía Eclesiástica. De la misma manera como se justificaba la violencia intrafamiliar, la discriminación étnica y la agresión a los homosexuales; como se asume que en las brutales represiones acometidas por Carlos Ibáñez, Arturo Alessandri y Pinochet se incluía a los “maricones” y a los “indios de mierda” como valor agregado en sus siniestros balances.

Claro: en un país que convierte en estatuas la memoria de francos asesinos, no es extraño que acontecimientos luctuosos como el del 11 de septiembre de 1973 sean honrados con el nombre de una avenida de la comuna de Providencia, donde su Alcalde Labbé convoca homenajes a uno de los más brutales torturadores y asesinos vivos, cuanto que ya acumula más de 100 años de condenas dictadas por las cortes. Asimismo como se permite rechazar la sentencia de los jueces que lo obligan a reincorporar a sus establecimientos a los estudiantes expulsado por “razones” políticas.
La “familia” militar, en tanto, siempre ha gozado de prebendas que no tienen los otros funcionarios públicos, pero como se trata del más temible de los poderes fácticos, ésta goza de recursos multimillonarios para sus juegos de guerra,  hospitales excelentemente dotados para el uso soldados y familiares, así como acceden a un sistema previsional a todo evento garantizado por los fondos públicos. Mientras a la inmensa mayoría de los trabajadores se los somete a una escala de sueldos precarios, como a un sistema privado de cotizaciones y retiro dominado por el lucro abusivo y descarado de las AFP y las Isapres.

La palabra “coima”es tan antigua como nuestra trayectoria republicana. Con ella se pagan, por ejemplo, los favores de alcaldes, ministros y toda suerte de funcionarios públicos en la asignación y construcción  de  obras de infraestructura. Mediante un suculento “peaje político”, Tribasa logró la construcción de nuestras últimas carreteras, así como hoy Hidroaysén y otros grandes disparates en contra la naturaleza y la vida humana se aseguran los visados de nuestra turbia institucionalidad medioambiental. Como hasta el voto favorable de un juez que en su peculio personal ostenta más de 100 millones de pesos en acciones de la principal empresa que propicia el proyecto de intervención criminal de dos ríos de uno de los más bellos y límpidos parajes del planeta.

Los abogados más afamados y exhibidos por la televisión son aquellos que, como buitres, andan a la caza de empresarios o políticos procesados por los tribunales. A fin, siempre, y por buenos honorarios , de hacerles breve la cárcel, así como eternos los juicios que por los que están acusados. Como lo que está sucediendo con los especuladores y ladrones de cuello y corbata de La Polar y los sobreseimientos o levísimas sanciones que han conseguido para aquellos que asaltan los recursos fiscales y de sus clientes,  o falsean las rendiciones de gastos para destinar platas a sus campañas políticas o allegarle dinero a los partidos.

No es de extrañarse tanto, entonces, de que TODOS los miembros del Senado se hayan procurado un nuevo incremento en sus ya abultadas remuneraciones, bonos de movilización, pasajes aéreos y otros. Casi 20 millones de pesos mensuales, cuando el salario mínimo no llega a los 200 mil  y cuando en promedio el ingreso familiar de los chilenos no pasa de los 700. Lo que sí resulta curioso es la hipocresía de la Cámara de Diputados al condenar a sus colegas parlamentarios, cuando ellos ya habían alcanzado la misma suma para su importante labor de legislar y aferrarse a sus cargos gracias a los recursos de que disponen para ganar votos. Como mediante uno de los más espurios sistemas electorales del mundo, que designación de parlamentarios sin elección popular, para que los titulares puedan acceder a otros cargos de la Administración Pública, dejando a buen recaudo sus curules. Cuánto más podría registrarse, todavía, de aquellos políticos que toman años sabáticos como diplomáticos a objeto de pensar y reunir fondos para su nueva reinserción al poder ejecutivo o el Parlamento.

Cuando todo esto ocurre, no es de extrañarse, tampoco, que las autoridades, provistas de tan buenos viáticos y asignaciones,  demuestren tanta insensibilidad ante el alza de los combustibles, cuyos precios incide tanto, también, en el transporte, los costos del pan y otras necesidades mínimas. Tanto que Chile ya está a la cabeza de la inflación continental en lo que se refiere al precio de los alimentos, es decir el insumo que representa más de la mitad del gasto de los hogares más pobres y medios. Vaya con cuántas sorpresas nos encontraríamos si se transparentaran los gastos de las incesantes comitivas presidenciales en este país de relaciones tan amplias y diversas, que anda sembrando el mundo con tratados de libre comercio. Para darle, por supuesto,  “oportunidades de negocios” a nuestros exportadores, la  mayoría de los cuales son extranjeros radicados  en nuestros minerales, bosques, empresas de servicio  y reservas acuíferas,  y que pagan impuestos miserables gracias a que se prodigan en el financiamiento del gasto electoral de quienes mantienen las corruptas concesiones para encantar a los inversionistas foráneos y asegurarse la el paso de las décadas en sus ”altas funciones”… como suelen definir sus interminables tramitaciones legislativas y el indolente ejercicio de otros cargos.

Todo bajo el manto protector de una institucionalidad nacida de un plebiscito calificado, entonces,  como espurio por los mismos que ahora se enseñorean en los cargos públicos.  Que perpetúan un sistema económico cruel y perverso en que el lucro de algunos es el objetivo primordial. Por lo mismo que la educación y la salud deben permanecer privatizadas y sujetas a las  bulladas  “leyes del mercado” que siempre son atropelladas por sus mismos defensores.  Un orden económico, social y cultural en que las clases y familias gobernantes no corran el riesgo de verse acosadas por la inmensa mayoría de los chilenos desprovistos de bienes y servicios fundamentales. Condenados, por prescripción ideológica, a ser mano de obra barata para el deleite de los dueños del país. Para quienes la corrupción cotidiana que practican a lo más deviene en “falta de probidad” para el Poder Judicial que siempre han mantenido cautivo. Chilenos privilegiados por generaciones que ahora, finalmente, pueden ser descubiertos gracias a la irrupción del internet, las redes sociales y los comunicadores libres.