Elevadísimos sueldos a ejecutivos que son dueños de las universidades, triangulación de dineros a las inmobiliarias que también les pertenecen, a través de supuestos pagos de arriendos, junto a la externalización de servicios relevantes y el pago de sueldos a familiares de los propietarios, son algunas de las formas en que varias instituciones privadas de Educación Superior lucran.
Esto según el informe aprobado por mayoría simple en la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el funcionamiento de las universidades.
Así lo informó el diputado PPD, Rodrigo González, quien explicó que también se mal usan recursos públicos por parte de los dueños de las casas de estudios particulares mencionadas.
“Altos sueldos a miembros del directorio de ejecutivos importantes, externalización de servicios relevantes, utilización de formas impositivas que son también formas de desviación de recursos, asignación de altos sueldos al propietario y los ejecutivos, el directorio incorpora familiares también a los sueldos, la universidad usa la cartera de deudores incobrables a empresa de factoring, la utilización de empresas y sociedad espejos y de la inmobiliaria, pero además se señala el manejo financiero de dineros provenientes de fondos públicos”, indicó el parlamentario.
Además de la Universidad del Mar y Del Desarrollo se menciona a la Universidad de las Américas, Uniacc y Andrés Bello.
La presidenta de la comisión investigadora, Alejandra Sepúlveda señaló que además de identificar a quienes violan la ley, el informe de la instancia recomienda entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y realizar cambios de fondo a la Constitución.
“Las propuestas legislativas apuntan a modificar el modelo completo, desde la Constitución hasta regular, realmente, contar con un sistema de Educación Superior que asegure que haya Educación Pública Superior de calidad, primero; segundo, que solo el Estado puede colaborar con aquellas instituciones que realmente van a cumplir con los estándares de calidad y que no puede hoy día seguir entregándose financiamiento a diestra y siniestra sin que se cumplan con los mínimos estándares para funcionar como institución de Educación Superior”, señaló Sepúlveda.
Por su parte, el presidente de la Fech, Gabriel Boric aseguró que además de comprobarse las denuncias que permanentemente ha realizado el movimiento estudiantil, queda claro que junto con pedir que se cumpla la ley, es hora de transformarla.
“Una persona que piratea un disco se puede ir preso, pero estos empresarios de la educación que han lucrado ilegalmente, a vista y paciencia de todas las autoridades, no se les puede tocar con el pétalo de una rosa, eso es inaceptable. Hoy hay responsabilidades claras, hay gente que va a tener que responder, hay ministros que van a tener que responder, el señor Larroulet, el señor Lavín. No fue mencionada la Universidad Autónoma, pero también sería interesante que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señalara cuál es la estructura financiera de la universidad. Y de pedir que se cumpla la ley, hoy vamos a entrar a una segunda fase, que es transformar la legislación”, anunció Boric.
Sin embargo, el informe final de la comisión no fue aprobado por los parlamentarios oficialistas Gonzalo Arenas, Romilio Gutiérrez, Gustavo Hasbún y María José Hoffman, quienes no compartían la idea de dar nombres ni entregar los antecedentes de estos delitos a la justicia.
Ahora los antecedentes pasarán a discusión de la sala de la Camara.
