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Año XVI, 16 de julio de 2024


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Situación sería similar a la de Recoleta

Vecinos de Independencia cuestionan permisos de edificación

Hace un mes se entregó el director de Obras de Recoleta, prófugo y acusado de sobornos para autorizar obras con irregularidades. Hoy este tipo conflictos se traslada a Independencia, donde los vecinos de la población Los Castaños acusan al director de Obras de su comuna de entregar permisos que exceden la legislación patrimonial.

Paula Correa

  Lunes 18 de junio 2012 11:27 hrs. 
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Preocupación existe entre los vecinos del barrio Los Castaños, ubicado en Avenida Francia, entre Independencia y Fermín Vivaceta, zona que se ve amenazada por las obras de construcción de una inmobiliaria, a pesar de su carácter de zona típica y zona protegida.

Esto por la construcción de tres proyectos de altura en los alrededores que cuentan con edificios de 18 y 21 pisos, de los cuales ya está en pleno proceso uno de ellos, que lleva seis pisos construidos, cuando la ordenanza local dicta que en el sector no se pueden superar los 12 metros de altura.

Carola Rivero, dirigente del Movimiento Mejor Independencia, aseguró que “una de las construcciones estuvo paralizada por casi cinco años y desde enero de este año se reiniciaron las faenas de esta obra pero sin un permiso vigente. La ley contempla que, luego de tres años sin construir, los permisos caducan y esa es la situación de esta inmobiliaria, que no tiene una autorización actualizada”.

Los permisos fueron obtenidos entonces de forma previa a la declaración de “zona patrimonial”, sin embargo, se retomaron las obras con autorizaciones caducas violando las leyes. Los vecinos culpan de esta situación al director de obras, Ricardo Poblete, por no tomar en consideración la Ordenanza Municipal y la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, y a la seremi de Vivienda, Marisol Rojas, por amparar esta irregular situación.

Además, dentro de las faltas del encargado municipal están incumplir la Ley General de Urbanismo, que ordena informar de todo permiso de edificación a la Junta Vecinal; y no considerar el derecho a la vida y la integridad de las personas, al saturar un barrio que fue diseñado hace 80 años para una población diez veces inferior a la que hoy albergará. Tampoco consideró la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, donde se establece la obligación de un Estudio de Impacto Ambiental.

Todo esto sucede cuando hace un mes se produjo en Recoleta un real escándalo por los permisos entregados por el Director de Obras de esa comuna, Carlos Reyes, formalizado por cohecho e investigado por otros delitos.

En este sentido, el director de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, criticó la forma en la que están operando estos funcionarios y advirtió que “los directores de obras pueden ser funcionarios públicos vitalicios, por lo que quizás consideran que por tener esta garantía de ser inamovibles pueden hacer lo que quieran. Yo creo que urge una modificación a la ley para que éstos se desempeñen por periodos acotados. Es una materia que debe ser revisada por el ministerio de Vivienda y Urbanismo, si es que pretende hacer las cosas bien a partir de ahora”.

Por otro lado, para el arquitecto de la Universidad de Chile y vecino del sector, Patricio Duarte, también hay responsabilidad directa del municipio ante una falta de planificación urbana constante, que ha afectado a varias zonas relevantes de la comuna: “La municipalidad de Independencia ha tenido una actitud de desidia sobre cómo administrar el territorio comunal respecto de un plan regulador. El plan regulador de la comuna hace mucho tiempo que no sale, ha pasado años en trámite, y en la medida en que éste no considere la protección del patrimonio arquitectónico, poco o nada se puede hacer. Es una situación que le conviene a la municipalidad porque favorece la actividad inmobiliaria”, dijo.

El especialista apuntó a la prioridad que ha tenido el sector inmobiliario como principal responsable de este tipo de conflictos.

En cuanto a los vecinos de El Castaño,  durante la tarde del viernes se reunieron con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, y en los próximos días esperan además que se pronuncien los tribunales sobre su caso, buscando que desde el mundo político y judicial se ponga un freno al abuso de parte de las constructoras e inmobiliarias.

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