Autoridades de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) aseguraron a especialistas del Servicio Sismológico que el convenio de financiamiento fue enviado a Contraloría hace tres semanas, pero luego la información oficial detalla que el documento fue ingresado recién el pasado viernes, una situación que alarga la ejecución del financiamiento para este equipo.

El Servicio Sismológico advirtió en un comunicado que hoy no cuenta con recursos suficientes para asegurar su operatividad, y actualmente trabaja con financiamiento del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, además de fondos extranjeros.

Para su director (s), Mario Pardo, esta situación ha sido una mala sorpresa: “Ellos vinieron a visitarnos y el director de Onemi nos informó que el convenio ya había sido ingresado a Contraloría hace un par de semanas, palabras textuales. Por eso nos sorprende enterarnos por la prensa que dicho convenio había sido ingresado recién el día posterior a conversar con nosotros”.

El presupuesto anual del Servicio Sismológico asciende a cerca de 100 millones de pesos, pero para este año se contempla la inyección de 2 mil 100 millones para mejoras y mil 700 millones para optimizar la gestión administrativa. No obstante, la entrega tardía del texto dilata los plazos para que Contraloría decrete la toma de razón y, por otro lado, afecta las labores de monitoreo sismológico, según declara Mario Pardo.

“Las falencias son básicamente la robustez de la red sismológica. Si hay un sismo mayor que afecte las comunicaciones desde las estaciones a la central de procesos, nos deja ciegos y no podríamos dar información inmediata a la población sobre magnitud y localización. Para ello tendríamos que esperar el regreso de energía e internet, pero esos datos se requieren en tiempo real”, advierte.

Equipamiento en bodega

Hoy la implementación de equipamiento contempla coordinación online entre Onemi y el Servicio Sismológico, que a su vez es el ente que informa al Servicio Hidrográfico y Oceonográfico de la Armada (SHOA), quienes son determinados a decretar una alerta de tsunami.

Ante ello, el experto destaca avances, quien apuntó que “es un problema de Estado, no sólo de este gobierno, sino a la manera en que el Estado actúa frente a los terremotos. Con el nuevo convenio hay un cambio, pero demoró años. Hay avances, hay desencuentros, pero en la raya para la suma hemos avanzado”.

Sin embargo, el servicio indicó que cerca de 600 equipos de monitoreo aún se encuentran en bodega, los cuales tienen un costo de 9 mil millones de pesos. Diputados de oposición que integran la comisión investigadora del 27 de febrero han subrayado en esta situación.

Este viernes el diputado Ricardo Rincón presentará un oficio en La Moneda, para que el Presidente se pronuncie ante esta situación. “La idea es que el Presidente nos indique cuál va a ser la Carta Gantt de instalación de estos equipos, porque es un proceso que durará más de tres años. No es un proceso sencillo ni rápido, la complejidad requiere ajustes para transmisión de datos con una instalación compleja. Con esta cantidad de equipos demora, y es fundamental partir luego y que el Presidente se pronuncie al respecto”, indicó Rincón.

Desde Onemi declinaron de referirse al tema, quienes en un comunicado destacan el plan de modernización del Servicio Sismológico, donde detalla los más de 6 mil millones de pesos en implementación luego del terremoto. No obstante, su director Ricardo Toro no ha efectuado nuevas declaraciones después de conocerse la fecha de presentación del informe.