El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva en contra de las cadenas de farmacias Cruz Verde, SalcoBrand y Farmacias Ahumada para lograr una compensación a las personas que fueron víctimas de la colusión de precios entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

La decisión se tomó luego que la Corte Suprema ratificara la determinación del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, que corroboró las ilegalidades incurridas por estas empresas.

El director del Sernac, Juan José Ossa, explicó que la acción se divide en dos grupos: “El primero son aquellos consumidores que tuvieron que pagar de más por los medicamentos, cuyos precios aumentaron artificialmente (en algunos casos en casi un 50%). A este grupo se les debe pagar el perjuicio económico provocado por el sobreprecio que pagaron. El segundo, en tanto, corresponde a quienes se vieron impedidos de adquirir medicamentos a causa del alza artificial y debieron abandonar sus tratamientos, o bien debieron utilizar medicamentos de peor calidad”.

Ossa agregó que la gravedad de los hechos fue señalada por la propia Corte Suprema en su porque la gran mayoría de los medicamentos cuyos precios fueron alzados artificialmente son aquellos denominados como “éticos”, es decir, que requieren prescripción médica. Además, se trató de medicamentos utilizados para tratar enfermedades tales como la esquizofrenia, trastornos bipolares, osteoporosis, alzheimer, depresión, asma, hipertensión e insuficiencia cardiaca, entre otros.

“Como Sernac haremos todo lo que esté a nuestro alcance para defender los derechos de los consumidores, sobre todo en este caso, en que los afectados fueron principalmente personas muy vulnerables, como son los adultos mayores y los enfermos crónicos”, añadió Ossa.

Agregó que “no podemos aceptar que quienes lucraron en alrededor de 58 millones de dólares a costa de los consumidores, no compensen a quienes sufrieron el daño. No hay que olvidar que las farmacias tenían más del 90% de la participación de mercado en esa época, y que los consumidores afectados se encontraban a lo largo de todo el país”.

Ossa enfatizó además que “no se puede aceptar que las empresas lucren a costo de miles de afectados, enriqueciéndose ilícitamente, y que los afectados no reciban ningún tipo de compensación”.

En esa línea, precisó que las multas que pagaron las farmacias por orden del Tribunal de la Libre Competencia y de la Corte Suprema fueron a beneficio fiscal, por lo que ahora toca que se compense a quienes sufrieron los daños.