En el marco de una serie de cambios a la institucionalidad a partir de la aprobación de la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario, se decidió que el Servicio Electoral (Servel)  ya no estaría al mando de una sola persona, sino que se conformaría un Consejo Directivo.

Sin un mayor impacto mediático, el Senado aprobó a sus integrantes en enero pasado, entre ellos a su presidente, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.

El nuevo organismo tuvo su primera reunión el lunes pasado, cuando la figura de Cheyre fue cuestionada fuertemente por su vinculación con una serie de violaciones a los Derechos Humanos. Una de ellas es que el ex militar, hoy director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, fue acusado de participar en 1973 en la Caravana de la Muerte durante su paso por La Serena.

Cristián Cruz, abogado defensor de las víctimas, subrayó que “el señor Cheyre ha declarado como inculpado en la causa por la Caravana de la Muerte, es absolutamente impresentable que un individuo de esas características esté supervisando nuestra democracia. Como ciudadano y abogado de DD.HH. me parece repudiable y reprochable”.

El jurista añadió que Cheyre “todavía tiene un par de procesos abiertos” y que si bien “la investigación tiene que seguir avanzando, el tribunal le ha tomado declaración en calidad de inculpado en más de una ocasión”.

Asimismo, afirmó que está absolutamente claro el rol de los militares en una administración de derecha: “Lamentablemente aún nuestros organismos castrenses están comprometidos ideológicamente con una visión que no respeta del todo a los DD.HH.”, afirmó.

Además de las causas judiciales por hechos ocurridos en dictadura, Cheyre carga sobre sus hombros un negro prontuario, después de que el ex presidente Ricardo Lagos lo designara como comandante en jefe del Ejército para el período 2002-2006.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que “él fue parte del Ejército que violó sistemáticamente los DD.HH. en Chile y tiene la responsabilidad política en la muerte de los 45 conscriptos que murieron de frío en Antuco, por no haberlo previsto como correspondía. Eso demuestra su calidad moral, porque ética y políticamente él debió renunciar ante la tragedia que significó y cínicamente rindió homenajes, pero hasta aquí nunca se preocuparon de sus familiares”.

De esta manera, Cheyre genera fuertes desconfianzas a cargo de la institución supervisora de los procesos democráticos, no sólo en los actores ciudadanos, sino también entre especialistas electorales.

La cientista política y directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Ángeles Fernández, indicó que esta nominación puede incluso llegar a ser riesgosa: “Me parece que esto revela un cúmulo de desaciertos por parte del Gobierno, pero también del Senado, que ratificó esto a fines de enero. En un contexto de calidad de la democracia donde hay tantas sospechas instaladas, donde las principales instituciones son objeto de tanto descrédito ciudadano, no podemos ponerle más pelos a la sopa. Hay que ser un poco más cuidadoso en cómo se van instalando estas nuevas instituciones y quiénes van conformando sus entes decisores”, afirmó.

La especialista añadió que la nominación del Consejo se realizó  “entre gallos y medianoche” y que, además de la figura de Cheyre, hay otros elementos preocupantes, como que sus miembros sean todos hombres, marcando un elemento de disparidad de género.

Además, consideró que los integrantes de la instancia no cuentan con conocimientos específicos en temas electorales, lo que es sumamente complejo cuando estamos a las puertas de un año “hiperelectoral”, marcado por primarias y elecciones presidenciales.