Todo iba bien con la nueva ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (ley 20.606) sesionada en el Congreso, la elaboración de su reglamento, para su puesta en marcha, también avizoraba un horizonte provechoso: Focus group, encuestas ciudadanas abiertas, reuniones de expertos, todo para poder hacer un documento que se ajustara a las necesidades de salud de los chilenos. Sin embargo, el texto final que entrará en vigencia el próximo 6 de julio, dista mucho de lo que se puede considerar “saludable” en nutrición.
La iniciativa conocida como “ley súper 8” tiene en su cuerpo la intención de regular hábitos alimenticios nocivos, que hoy nos tienen con una obesidad infantil que supera las dos cifras. Ahí radica su vital importancia, más si pensamos en una población que tiende al envejecimiento.
Es por ello, que la ley en sí, congregó a todos los sectores de la sociedad, quienes tenían la esperanza de que con ella, se iban a subsanar malas conductas alimenticias y, sobre todo, reducir los índices de obesidad. La idea central era limitar la cantidad de nutrientes (sal y azúcar) que contiene cada alimento, además de indicar en grandes letras en sus envases, los excesos de éstos, para que los ciudadanos decidieran si consumirlos o no.
De eso a la realidad, existe una gran diferencia. Por este motivo sociedades científicas, académicos, consumidores y parlamentarios critican fuertemente el trabajo hecho por el ministerio de Salud. Para ellos el reglamento no representa en absoluto el alma de la ley: proteger la salud de todos los chilenos.
Cartas mediante, los científicos expresaron al ministerio del ramo, la necesidad de revocar la entrada en vigencia de la normativa. Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, organismo firmante, se refirió con preocupación a la calidad del documento.
En este sentido, la máxima autoridad de la Escuela de Salud Pública explicó que “el reglamento propuesto no se condice con la propia propuesta que haya hecho el ministerio que fue sometida a consideración pública durante el verano, que fue una instancia en la que también el mundo académico contribuyó haciendo observaciones, nosotros mismos hicimos algunas. Y tampoco se condice con las propuestas que se solicitaron a instituciones como el INTA”.
Los senadores de la comisión de salud también han sido críticos en sus denuncias. Fulvio Rossi (PS), Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Guido Girardi (PPD) han sido algunos de los que se han manifestado en contra del reglamento.
El senador PPD Guido Girardi, disparó contra el ministro Mañalich y el Gobierno, por poner en riesgo la salud de todos los chilenos.
En esa línea, el parlamentario afirmó que “el reglamento que el Gobierno ha presentado es una vergüenza, es un Gobierno que se puso de rodillas a los intereses económicos. Un Gobierno que no trepida en favorecer a las empresas y establece, por ejemplo, que la Coca Cola y las bebidas gaseosas van a poder tener más azúcar de la que tienen hoy, que los cereales van a poder tener más sal, calorías y grasas que las que tienen ahora. Que no venga el Gobierno ha hablar de Lobby, porque ellos son los que están legislando para los empresarios”.
Lobby, influencia de la industria alimenticia, ineptitud, han sido sólo algunas de las denuncias contra el equipo redactor. Lo cierto es que acusaciones más, acusaciones menos, el ministro de salud Jaime Mañalich, defendió el proyecto, diciendo que este es un “primer buen intento de reglamento”.
En esa perspectiva, el secretario de Estado señaló que “el INTA elaboro por contrato un insumo referido aproximadamente una muestra de 500 alimentos en el país. Nosotros tuvimos que ampliar mucho eso porque el universo de alimentos que tiene la base de datos del ministerio en este momento es de 1.500 alimentos, es decir, tres veces más. No podíamos dejar de normar estos mil alimentos que no estaban incluidos en el trabajo original del INTA. Por eso, insistió el tema ha sido muy complejo, pero yo creo que vamos a llegar aún muy buen puerto para hacer de esta ley un instrumento eficaz”.
A menos de quince días de entre en vigencia el reglamento de la ley 20.606, los pronósticos aseguran que –tal cual están las cosas- las resoluciones aplicadas desde el ministerio de Salud, serían ampliamente perjudiciales para la salud. Los chilenos quedaríamos expuestos a consumir altos niveles de sal, azúcar y grasas, mucho más de lo que existe actualmente, a lo que se suma la nula posibilidad de informarse de cuán dañino es lo que estamos ingiriendo.
La única solución que queda, es que el presidente de la República no firme el reglamento. Situación a la que se apela con fuerzas desde el mundo académico, quienes piden conformar un nuevo grupo experto para su correcta redacción.