La ley de concesiones eléctricas, aprobada en agosto por la Cámara de Diputados, no podrá ser publicada –al menos por ahora- debido a que un grupo de senadores presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento para suspender su promulgación.

Los legisladores, liderados por el RN Antonio Horvath, han decido presentar el recurso para evitar que la iniciativa entre en vigencia. El que “no garantice la igualdad ante la ley” es uno de los fundamentos esgrimidos por el senador por Aysén, para que el TC acoja el requerimiento.

“La igualdad ante la ley, el debido procedimiento, el resguardo a la propiedad y otros emprendimientos no están garantizados en esta ley. Presentamos un requerimiento en el tribunal, nos reunimos con la presidenta del TC para evaluar la admisibilidad y para analizar, en caso de acogerse, que podamos participar de los debates en este tribunal”, indicó Horvath.

El senador de Renovación Nacional señaló que, durante el trámite de la ley en el Congreso, algunos senadores y diputados habían manifestado que había “indicios de inconstitucionalidad”, ya que “en su minuto fueron comunidades de pueblos originarios y áreas protegidas, pero por una falta de votación fue sacado por veto desde el Gobierno. Quedan puntos pendientes y derechos de otros afectados, se restringe a los dueños de franja, pero no afectado, y se plantea divisibilidad de proyectos de concesión eléctrica, lo que visto desde la evaluación de impacto ambiental, sería ilegal”.

Son diez los senadores que se han sumado a la iniciativa y mientras se espera que más congresistas se sumen, falta que el Tribunal resuelva acoger o no la medida luego de admitirla, decisión que debería conocerse no más allá de la primera semana de octubre.

Juan Pablo Orrego, coordinador de Ecosistemas, cree que el problema es de fondo: “Cambiar el paradigma energético nacional” es la propuesta del ambientalista coordinador internacional de Patagonia Sin Represas, quien cree que la suspensión de la promulgación de la ley sería una “buena señal”.

El ambientalista declaró que “sería un logro auspicioso, pero nos preocupa la mirada de fondo. Lo hemos dicho en la comisión, Chile necesita un cambio de paradigma, remover esta barrera de las empresas eléctricas, y que este país ponga toda la voluntad en el despliegue de las energías renovables no convencionales”.

Para Orrego, la ley de concesiones eléctricas entrega un poder “aún mayor” a las empresas, impidiendo, casi en su totalidad, que las voces disidentes a los proyectos puedan evitar su construcción.

En cuanto al proyecto visado por el Congreso, en términos generales dispone la simplificación del proceso de concesión provisional; adecúa los tiempos de tramitación de las solicitudes de concesión; precisa las posibles observaciones y oposiciones que puedan formularse; establece procedimientos judiciales sumarios e introduce la posibilidad de dividir la solicitud de concesión, entre otras atribuciones.