Desde el establecimiento de la República Dominicana, han estado en disputa diferentes proyectos nacionales que, por un lado, definen qué es nación y patria, y por otro lado, han pugnado por el control del Estado pues éste es, al fin de cuentas, el monopolio de la legalidad y, con ello, la fuerza para establecerla y aplicarla.
Quizá la primera y más dolorosa víctima de esto fue el propio Juan Pablo Duarte, fundador de La Trinitaria y organizador político de la Independencia. En el artículo 18 de su proyecto de Ley Fundamental, Duarte establecía que la República Dominicana no podía ser propiedad de grupo, familia ni potencia extranjera alguna. La oligarquía hatera, liderada por Santana, no sólo declaró a Duarte golpista y traidor, sino que lo expulsó al destierro en el que murió abandonado. Francisco del Rosario Sánchez y María Trinidad Sánchez morirían fusilados, acusados igualmente de traidores. Los esfuerzos de la Restauración, 1963 y 1965, que también terminarían frustrados, constituyen una intento de continuar el proyecto ético y alternativo de una patria independiente, justa y por tanto, con otra legalidad.
Hoy vivimos en una estrambótica aunque en nada casual combinación de legalidades e ilegalidades que, en nombre del orden, la paz pública, la preservación de la nacionalidad y la patria, establecen con la fuerza del Estado un verdadero apartheid que confina, aún más, a una mayoría de la población al genocidio social que ha significado medio siglo de democracia negociada.
Es la República donde es ilegal interrumpir el embarazo, pero exclusivamente para aquellas mujeres que no pueden pagar un servicio médico exclusivo o viajar al extranjero donde sí se lo permiten; la misma República donde ninguno de los jerarcas encargados de “defender la vida” ha hablado jamás de la falta de incubadoras en las Maternidades del pueblo, del 25% de embarazos en adolescentes o han hecho nada por los 500 mil niños que trabajan y las 200 mil mujeres que deben abandonar sus hogares para trabajar como “muchachas domésticas” por salarios de hambre. Tampoco nadie es culpable de que en un barrio de San Luis, niñas de 10 y 12 años de edad practiquen felaciones por la módica suma de 100 pesos. Donde niños muy dominicanos, deben viajar a la ciudad para pedir lo que van comer cada día.
Es la República donde es ilegal trabajar limpiando vidrios en las esquinas y ejercer el narcotráfico, delito por el cual cualquier joven pobre va a parar a La Victoria al menos 90 días. Pero no existe un solo responsable del crimen de lesa humanidad que constituye el millón de jóvenes que no estudia ni trabaja, el 50% de los estudiantes que abandona la escuela al llegar a la secundaria y el 20% de la población pasando hambre. Nadie es responsable, legalmente, de un millón de analfabetos absolutos (más que los dejados por el trujillato) y posiblemente 5 millones de analfabetos funcionales, gran ejército de mano de obra barata en un país donde sólo unos 50 mil, del millón y medio de empleados formales, tiene grado universitario. ES legal, también, endeudar a una familia en 800 mil pesos para que su hijo estudie en una “universidad” privada.
Es la República donde supuestamente la salud y la jubilación son un derecho, pero es totalmente legal que las ARS se ganen en un año alrededor de 700 millones de pesos por un papel meramente parasitario en tanto intermediarias entre el paciente y el proveedor del servicio; es legal también que el 50% de los dominicanos no esté asegurado y que una ARS que copa la mayor parte del mercado de la salud no provea en sus planes de cobertura (aun los más caros) fármacos para padecimientos psiquiátricos como la depresión, que cada vez aquejan a más dominicanos y pueden llevarlos a la muerte o la discapacidad total. Es legal que mientras se calcula que las pensiones de los dominicanos serán exageradamente bajas pese a pasarse la vida trabajando, las AFP – es decir los bancos- hayan impuesto el modelo de la “capitalización individual” y obtengan ganancias del orden de los 5000 millones de pesos al año.
Es esta misma República, donde un mensajero fue declarado “enemigo de la sociedad” por robar un depósito bancario, en la cual los bancos se ganan, libres de impuestos y costos de producción, 500 millones de dólares al año, sobre la base de préstamos de vivienda y consumo a una población que, en promedio, no gana lo suficiente para poder cubrir la canasta básica de sobrevivencia.
Es la República donde es ilegal invadir un terreno y levantar una casucha, por lo cual desde 2002 se han ejecutado unos 14 mil desalojos; pero nadie es responsable ni pagará culpa de que en plena “modernidad” el 70% de los hogares tengan techo de planchas de zinc y el 55% de las familias no tenga, aún, una vivienda propia por pequeña que sea. Es legal, del todo legal, que apenas el 20% de los propietarios posea el 80% de las tierras en los campos.
En esta misma República hay personas que, legalmente, adquieren apartamentos en torres de lujo por sumas tan increíbles como 50 millones de pesos, sin que nadie averigüe cómo, dónde ni cuándo tal inequidad se hizo posible. Lo más llamativo es que, legalmente, el salario de quienes construyen esas casas -obreros no calificados- es de alrededor de 400 pesos diarios, es decir, unos 8000 pesos al mes. Si el obrero es haitiano (preferentemente) la cosa será peor: le tocará con suerte un 60% o 70% del salario del obrero dominicano, y casi seguramente en el más absoluto desamparo de garantías laborales. Es en injusticias como ésas donde radica, en total legalidad, que el 20% más rico del país tenga reservado para sí el 60% de la renta.
Y, finalmente, como si todo esto fuera poco, es la misma República que esquizofrénicamente prohíbe la emigración e inmigración de indocumentados pero que obtiene en el destierro económico de más de dos millones de dominicanos idos al exterior –muchísimos de ellos en yola, de manera ilegal- y de sus hijos, una de sus tres primeras fuentes de divisas extranjeras. A cualquier observador le sería fácil imaginar la catástrofe que ocurriría en una economía especulativa, extranjerizada y escasamente productiva, si ese manantial de dólares del exilio dejara de ingresar. Inverosímil entonces que el Estado declare la migración haitiana indocumentada y sus hijos nacidos en territorio dominicano como “extranjeros en tránsito” e ilegales, incurriendo, en la práctica, en una sentencia retroactiva. Ninguno de los tutumpotes que trafican con los inmigrantes será sancionado, como ha sido legal que una empresa de zona franca –por dar un ejemplo- eliminase cerca de 13 mil empleos nacionales y los llevara a Haití, simplemente porque de aquel lado de la frontera puede pagar un 50% menos de salarios y por tanto ser más “competitiva” y “rentable”.
Con todos estos puntos sobre el papel, cabe preguntarse ¿A qué concepto de patria y nación se refieren quienes toman estas decisiones y quienes se benefician de las mismas por su condición de clase? ¿Ellos comprenden la patria como un lugar para establecer la vida digna de todos y todas por igual, con solidaridad entre los dominicanos y ante el mundo, o como una propiedad privada, donde los seres humanos son cosas, a lo sumo meros “recursos”? ¿Por qué confunden defender la nación y la patria con el control del Estado, que en tanto aparato de dominación y fuerza establece una legalidad patológica que parece estar más al servicio del capital, la ganancia y el rejuego partidista que de la vida de las personas y su dignidad?
Juan Pablo Duarte fue la primera víctima de esta deformación, en aquellos tiempos del poder hatero. Su proyecto fue una República libre y democrática. Desde Duarte hasta hoy, todos los que “sobran” son sometidos al destierro, sea adentro o afuera. Hoy una mayoría cada vez más grande, el pueblo dominicano (y con él sus hijos descendientes de haitianos), parece tener menos acceso a una patria auténtica, quedándole apenas sobrevivir en una República de ilegales que, en resumen, funciona como compañía por acciones.
