Es habitual la creencia que relaciona Derechos Humanos (DD.HH.) sólo con la dictadura, sin considerar que este problema también sucede durante una democracia. De hecho, la definición que la ONU da a los DD.HH. se refiere a las “condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización”. Con eso en mente, el problema que enfrenta la ciudadanía al demandar la protección de DD.HH. en Chile es la fragmentación de instituciones del Estado.

Si un hospital no da atención médica oportuna o comete una negligencia, se puede presentar un reclamo, pero es el mismo organismo el que responde. Puede haber un avenimiento entre la persona afectada y el hospital ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), pero este organismo, aunque es autónomo, es parte del Estado y su objetivo será negar o regatear una indemnización fiscal. Otras instancias donde acudir son la Corporación de Asistencia Judicial, pero da representación jurídica solo en algunos casos y a través de estudiantes de Derecho. Lo mismo sucede con la Superintendencia de Salud respecto de las Isapres, empresas privadas que son juez y parte para fijar el precio de planes de salud.

Los ejemplos dan para largo en áreas como derechos del consumidor, financieros, indígenas, carcelarios, etc. Múltiples instituciones disgregadas, las cuales son muchas veces juez y parte, o tienen pocas herramientas para imponer una decisión, lo que finalmente obliga a hacerse de tiempo y dinero para acudir ante los tribunales de justicia.

Esta fragmentación y dispersión pretende abordarse con la creación de una subsecretaría de DD.HH., la que actuaría como una instancia de coordinación entre los 340 servicios y ministerios de La Moneda.

Así lo indicó el senador de la comisión de Constitución, Hernán Larraín (UDI), quien explicó que “no es fácil crear una institución en la mitad de un aparato público que tiene, mal o bien, sus funciones disgregadas en distintas reparticiones. Vamos a poner esta entidad como eje para la coordinación. Se trata de darle una responsabilidad al Gobierno para promover los DD.HH. en toda la gestión del aparato público. Creo que es un tema que vamos a tener que abordar en la creación de esta subsecretaría, para evitar estas duplicidades”.

Además de esta subsecretaría, mediante este proyecto el actual ministerio de Justicia pasaría a llamarse ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y aunque la iniciativa ingresó al Congreso el 12 de marzo de 2012 y se tramita con “discusión inmediata” – cada una de las cámaras del Congreso tiene seis días para conocerlo y despacharlo– el avance se congeló a causa del receso parlamentario por la actual campaña presidencial y parlamentaria.

Al respecto, la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Ximena Gauche, distinguió garantías institucionales y garantías constitucionales en el país: “Se supone que el acceso a la justicia no debería tener el tema de los costos como inconveniente, pero es verdad que si no se cuenta con la asistencia de un letrado puede ser más difícil. Como garantías institucionales tenemos el Instituto Nacional de DD.HH. y el resto son proyectos de ley. El proyecto de la subsecretaría, el de un Defensor del Pueblo –que duerme el sueño de los justos- y lo mismo el Defensor de la Infancia. Chile es pobre en ese tipo de institucionalidad. Y en el ámbito de las garantías jurisdiccionales, cuando se producen vulneraciones concretas, también es pobre, pero no tiene que ver necesariamente con que los derechos no estén consagrados, sino con que los mecanismos, a veces, no son los suficientes”, dijo.

Otro de los problemas que sigue sin solución se refiere al ámbito de las 345 municipalidades, que administran educación, salud y programas sociales sin contrapeso para reclamos por falta de servicio, salvo la Contraloría en materias muy puntuales.

En definitiva, entidades como el Sernac, las once superintendencias, el Consejo para la Transparencia, y/o las Oficinas de Reclamos (OIRS) plasman una situación particular que según los expertos tiende a debilitar la posición de la ciudadanía ante los poderes públicos y empresariales organizados.