Los expertos de la Universidad de Chile, David Bravo y Osvaldo Larrañaga, hablaron en representación de los cinco integrantes de la Comisión nacional que en agosto infirió que la omisión de al menos 9,3% de la población de Chile, que no fue encuestado, es razón suficiente para rehacer completamente el censo. Se reconoce, eso sí, que las bases de datos del INE serían útiles para un nuevo censo. Estos expertos reconocen además que el censo fue positivo al contabilizar viviendas, pero la omisión de 800 mil personas no es razonable, porque es tres veces más que la tasa de omisión de los censos anteriores (menos de 3%), y aún más alto que los censos de los demás países de América Latina.

El principal impacto del problema del censo es que el Estado no dispone de datos finos de la población a escala comunal, porque de hecho hay comunas con altísima cantidad de personas no encuestadas. El tema es que los datos comunales son cruciales para focalizar la política pública de tipo social, sanitaria y educacional, porque de hecho la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que es la medición más importante para este efecto, no considera una muestra representativa, según ha reconocido el Ministerio de Desarrollo Social.

En este sentido, el economista Osvaldo Larrañaga indicó que “lo que hizo el ministerio de Desarrollo Social es que vamos a seguir preguntando por comunas, pero de allí no podemos sacar información fidedigna, por lo tanto, el Censo queda como la fuente de datos comunales y por eso es tan importante tener un buen Censo y tener un buen Censo con cobertura comunal. Lo que Chile no puede hace res que el nuevo Censo esté mal hecho, si hay que esperar uno o dos años más, hay que esperarlo”.

Importa recordar que los consultores internacionales dijeron la semana pasada que el Estado puede acceder a datos finos de la población mediante registros administrativos, como los del Registro Civil, el Fondo Nacional de Salud (FONASA), o el Instituto de Previsión Social (IPS). Esto es relativizado por los expertos chilenos. Por ejemplo, reconocen que el Ministerio de Educación puede saber cuántos desayunos de niños son financiados por el fisco, pero no puede saber cuántos niños no están en la escuela, o derechamente cuál es la población de Chile.

“Imputación por donación” es lo que se conoce en lenguaje de censo para hablar de los datos de una casa encuestada que son atribuidos a una que no fue encuestada, pero que es de similar característica. Como se sabe, este fue el principal argumento del ex director del INE, Francisco Labbé, para afirmar que la alta omisión del censo estaba corregida. Los consultores internacionales también dijeron que la “imputación por donación” está en los manuales estadísticos de la ONU. Pero el economista de la Universidad de Chile, David Bravo, dijo que eso explica sólo a un tercio de las personas no encuestadas, que son los chilenos que estuvieron ausentes de sus casas. El académico dijo que el informe de los consultores internacionales realiza afirmaciones no sustentadas en evidencia (como las llamadas “estadísticas vitales” y la “cobertura”).

En esa línea, el también académico de nuestra universidad precisó que “nosotros tenemos la impresión de que no está allí toda la información que se requiere para hacer el salto lógico desde la información que se utiliza, el análisis de la misma y luego las conclusiones. Echamos de menos información, hay que hacer un salto de fe para luego llegar con los consultores internacionales, a las conclusiones que ellos obtienen”.

Sobre esta materia, la comisión investigadora del censo declaró este lunes, a través de su presidente, el diputado demócrata cristiano Juan Carlos Latorre, que los expertos internacionales fueron contratados por el INE para intentar corregir al censo 2012, por eso “su neutralidad es relativa”.

En tanto, el diputado de la DC señaló que “los expertos fueron contratados por el INE con términos de referencia respecto de su trabajo, el propio director del INE señaló antes de este contrato que se les pediría que se pronuncien respecto de un intento, una fórmula, una propuesta, de reparación como él llamó, que el propio director estaba elaborando”.

Por su parte, el diputado del PPD, Ramón Farías, afirmó que el ex director del INE Francisco Labbé es responsable por decidir que este fuera un censo de derecho y no de hecho; o sea, que se consultara por la residencia habitual y no dónde durmió anoche, que era lo que siempre se había hecho en los censos anteriores. Recordó también que Labbé contrató irregularmente a profesionales que por ley no deberían haber entrado a las sesiones del INE.

En esa perspectiva, el parlamentario del PPD dijo que “yo creo que efectivamente aquí hay una responsabilidad, la primaria, que dice relación con la decisión que toma Labbé, y cómo él en definitiva hace que tanto el ministerio de Economía con el ex ministro Logueira, como el Presidente de la República tomen una decisión equivocada sobre el cómo hacer primero que nada el Censo y luego cómo le informan al mismo Presidente respecto de los resultados del Censo”.

En contrapartida, el diputado de RN, José Manuel Edwards, dijo que la comisión internacional comprobó que no hay fraude, como se denunció en su momento, y que si bien el censo tuvo problemas, los datos sí son utilizables por parte del Estado.

De esta manera, el diputado oficialista indicó que “según los expertos internacionales esta inversión es útil, es posible de usar y vamos a esperar la decisión del INE”.

Finalmente, el Gobierno ha señalado que en los próximos días informará si ordena o no la realización de un nuevo censo, mientras que la candidata Michelle Bachelet ya expresó que, si gana la Presidencia, llevará a cabo una nueva medición.