Crudos testimonios de abusos sexuales por parte de personas a cargo de centros de infantes y adolescentes, dependientes del Sename, y de sacerdotes, se escucharon este martes en la comisión especial que investiga estos casos en la Cámara de Diputados.

Flor Bastidas fue quien realizó las denuncias sobre abusos a sus sobrinos en la aldea SOS de Padre Las Casas, los cuales forman parte del informe de la Corte Suprema que dio origen a esta investigación.

Luego de describir las vulneraciones que habrían afectado a los pequeños, la señora Flor Bastidas, ante una consulta del diputado Ricardo Rincón, reconoció haber sido amenazada de muerte e incluso haber sufrido una agresión física, vivida en Santiago por ella y por Marta Jerez, quien la acompaña en estas denuncias.

“Fuimos amenazadas de muerte por teléfono y el día 3 de octubre me atacaron, me pegaron y me cortaron el pelo. Nos dijeron que a Marta le iban a cortar la lengua, que nos dejáramos de andar cazando pedófilos”, relató.

La comisión también recibió nuevamente al abogado Marcelo Vargas, quien ya estuvo presente cuando expuso el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati.

Marcelo Vargas fue víctima de violación durante su estadía en un recinto educacional católico en su adolescencia en Valdivia y ahora se dedica a la defensa de niños abusados.

En su testimonio, Vargas indicó que la jerarquía de la Iglesia Católica no está dispuesta a colaborar realmente con las investigaciones de la justicia.

Rimsky Rojas Andrade, sacerdote salesiano, apareció muerto en extrañas circunstancias el 28 de febrero de 2011 en una casa de reposo de su congregación en Macul, mientras era investigado por el Ministerio Público de Valdivia debido a una denuncia interpuesta por Vargas, por abusos que éste vivió en 1986, en el Instituto salesiano de dicha ciudad.

El abogado recordó que en la investigación judicial quedó establecido que, ante denuncias por parte de apoderados, el director nacional de los Salesianos Ricardo Ezzati, ordenó en 1989 su traslado a África y luego a Punta Arenas y Puerto Montt, donde ejerció como director de la Fundación Laura Vicuña, dependiente del Sename.

“Estableció que como consecuencia de denuncias de apoderados ante las autoridades del colegio, el director nacional de la congregación Salesiana Ricardo Ezzati Andrello, actualmente presidente de la Conferencia
Episcopal Chilena, ordenó lisa y llanamente el traslado del sacerdote Rojas a África en 1989, posteriormente entre 1990-2000 destinado en Punta Arenas, para finalmente ubicarlo en la ciudad de Puerto Montt como responsable de la pastoral del colegio de la orden y representante legal del hogar de menores dependiente del Servicio Nacional de Menores, la Fundación Laura Vicuña, lugar donde estuvo como representante legal hasta el día de la denuncia”, detalló el jurista.

Estas denuncias provocaron la salida de la reunión de comisión de la diputada UDI, María Angélica Cristi, quien interrumpió el testimonio, actuación duramente criticada por el parlamentario Hugo Gutiérrez.

“Me parece poco correcto, hasta poco moral, lo que hizo la diputada Cristi de abandonar esta comisión cuando él estaba haciendo su relato. Es un relato difícil, duro, que me imagino le ha costado hacerlo, interrumpirlo mientras él intervenía, con una defensa que me parecía bastante torpe en estas circunstancias. Estamos en frente de una persona que concurre a esta comisión a dar cuenta de una tragedia personal, irse ofende no tan sólo al invitado sino también lo que está dando cuenta”, dijo el diputado PC cuestionando el accionar de la parlamentaria gremialista.

En su exposición, Marcelo Vargas indicó que la congregación Salesiana cuenta con dos fundaciones colaboradoras del Sename a cargo de la protección de la infancia, a donde ha trasladado a personas condenadas incluso por la producción de material pornográfico infantil.