El Proyecto de Ley sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País es considerado como uno de los temas cruciales para la descentralización institucional del Estado, con la finalidad de reformar algunos aspectos de la estructura administrativa del Gobierno, para que en las regiones también se tomen decisiones descentralizadas sobre el desarrollo local. Pero el proyecto entró al Congreso el 5 de octubre de 2011 y apenas está en la fase de primer trámite constitucional.

Este jueves fue despachado por la Comisión de Hacienda, donde están los senadores  Camilo Escalona, Carlos Kuschel, Ricardo Lagos Weber, Jovino Novoa, y Andrés Zaldívar. Este último reconoce que el proyecto es un aporte, aunque también dice que está incompleto porque todavía no resuelve temas de primera importancia como la elección democrática de intendentes.

Respecto de la elección de la máxima autoridad a nivel regional, el senador demócrata cristiano explicó que “es incompleto porque nosotros creemos que los gobiernos regionales debieran elegirse los intendentes y no ser designados por el Presidente de la República, lo cual provoca una serie de dificultades seguramente en la operación de este proyecto, entre lo que es la presidencia del Consejo Regional y el Intendente, nosotros creemos que habrá un conflicto, no sólo protocolar, sino que también de gestión y competencia. Y consideramos que la Regionalización requiere mayor profundidad en cuanto a facultades de los gobiernos regionales.

Las facultades a las que se refiere el congresista motivan gran discusión en el Congreso, porque a la fecha el sistema presidencialista tiende a concentrar las decisiones. Lo que se plantea tentativamente es transferir competencias a los gobiernos regionales, pero sin que esto dependa exclusivamente de la voluntad de la Presidencia de la República, sino que exista un mecanismo en el cual intervenga el Senado cuando exista una controversia de competencias entre un Presidente y un Gobierno Regional. Para ello, sin embargo, se necesitaría una reforma constitucional, lo que implica mayor quórum de votación.

El Programa de Cohesión Territorial de RIMISP, que estudia el tema de la desigualdad territorial en Chile, expresa a través de la socióloga Ignacia Fernández que el tema no pasa sólo por una reforma a la institucionalidad administrativa del Estado, sino una reforma tributaria.

En esa línea, la socióloga del Programa de Cohesión detalló que “la descentralización es clave sin duda, porque al país le falta mucho que avanzar en esos términos, pero la descentralización por sí misma no va a corregir las brechas porque hay aquí problemas de oportunidades de desarrollo muy mal distribuidas en el conjunto del país, cuestiones muy básicas y que parecieran poco relevantes como mejores estadísticas e información respecto de lo que ocurre en los distintos territorios, qué empresas se constituyen, cuánto tributan en los lugares y reformas también en esos términos, mecanismos de tributación, que los recursos queden en los territorios donde se producen y no se vengan todos a Santiago”.

Por su parte, la corporación Corbiobío, que realiza seguimiento a la agenda descentralizadora del Gobierno, dice a través de su directora Liliana Lamperti que apenas una de cada cinco promesas ha sido cumplida en esta materia.

En cuanto al cumplimiento real en la tramitación de la iniciativa legal, la corporación especializada en temas de descentralización afirmó que “no se alcanzó a lograr un 18% o 20% de lo que se había prometido en el tema de la agenda de descentralización, es imposible seguir funcionando con la misma estructura y darle una mayor independencia a las regiones para tomar sus decisiones si seguimos entrampados. Se requiere un cambio para poder funcionar con sus propios gobiernos regionales, tienen que haber reformas que puedan llegar a distribuir de otra manera los recursos y generar los ingresos que se necesitan para los apoyos de inversión a nivel regional”.

El proyecto de ley en cuestión propone reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la administración central, además de precisar las funciones del gobierno regional, y distinguir las del Consejo Regional y las del Intendente. Además entrega funciones al gobierno regional en el marco de la nueva modalidad de elección por sufragio universal de los consejeros regionales; regula el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales y establece normas para dirimir las divergencias que surjan con motivo de las transferencias.