El pasado miércoles, un informe elaborado por los diputados Juan Carlos Latorre, de la Democracia Cristiana, y el PPD Ramón Farías, determinó que las irregularidades denunciadas contra el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a partir del proceso censal de 2012 –que consideró una omisión de aproximadamente un 9,3% del total nacional–, son efectivas, al menos por ahora.

Esto, luego de la votación de los integrantes de la comisión investigadora sobre el tema, que determinó que por siete votos a favor y seis en contra el informe sea votado ahora en la Sala de la Cámara.

Para el diputado Ramón Farías, si bien la investigación se centró en las responsabilidades del ex director del INE Francisco Labbé, la situación de su sucesor también está bastante cuestionada.

El parlamentario del PPD señaló que “el nuevo director subrogante, el señor Coeymans, la verdad es que deja bastante que desear también como director ha repetido algunas de las malas prácticas del ex director Labbé porque no trabaja con los funcionarios que saben de los temas, el director Coeymans es una persona que no debe seguir, la Presidenta Michelle Bachelet cuando asuma el mandante va a tener que hacer un cambio profundo y devolverle en definitiva la credibilidad al INE”.

Entre las irregularidades del proceso censal de 2012 que se establecen en el informe de la comisión investigadora figuran la clonación y filtración de datos, así como contrataciones irregulares.

En este último punto y respecto al trabajo de asesores del ex director del INE Francisco Labbé, el informe de la comisión destaca como irregularidades la contratación de distintas personas a honorarios sin que hayan efectuado sus servicios.

En cuanto a la decisión del cambio de metodología del Censo, pasando de un Censo de hecho a otro de derecho, según el informe se trató de “una decisión apresurada, sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos para sopesar las consecuencias y modificaciones de plazo para su adecuada implementación”, además de representar una decisión que se adoptó por personas que no tenían la calificación técnica adecuada.

Sobre la difusión de los datos estadísticos, se constata que fue el propio Labbé quien decidió “incorporar en los totales de las cifras preliminares difundidas en agosto de 2012, las cifras de ‘moradores ausentes’ y ‘viviendas no logradas’”.

Desde los votos que rechazaron el informe, el diputado RN José Manuel Edwards, junto con recordar que los parlamentarios oficialistas presentaron también un informe alternativo, aseguró que se trata de una estrategia opositora para cuestionar el buen desempeño del Gobierno.

En este sentido el diputado oficialista cuestionó las conclusiones del informe “se trata de un informe que sin tener los antecedentes acusa de delito y de faltas administrativas a personas de las cuales no se han comprobado dichos delitos. Creo que son informes muy imprudentes, creo que esto es una estrategia que ha tenido la Concertación de tratar de cuestionar las cifras del Gobierno porque estas han sido muy buenas. El informe al día de hoy no tiene ningún valor jurídico porque no ha sido sancionado por la Cámara en pleno”.

Con el informe de la comisión en la mano, este viernes se reunió la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas (Anfine), encabezada por su presidente Alfredo López, quienes, a través de una declaración pública, afirmaron que los resultados de la investigación “deben dejar claramente establecido las irregularidades e identificados los responsables, junto con la aplicación de las sanciones correspondientes”.

Además, aseguraron que “los funcionarios permanentes del INE que participaron en las diversas actividades del Censo de Población y Vivienda, no tienen ninguna responsabilidad en los hechos analizados y actuaron bajo el contexto de la probidad, eficiencia y compromiso con que habitualmente desempeñan sus actividades funcionarias”.

Finalmente, los funcionarios, al mismo tiempo que lamentaron la actual situación del INE, aseguraron que son ellos los llamados a recuperar la credibilidad de la institución.

Cabe destacar que dentro de los acuerdos de la comisión investigadora se decidió enviar todos los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, a pesar de los cuestionamientos de los diputados de la UDI y de Renovación Nacional.

En cuanto a la votación del informe en la Sala de la Cámara, ésta se realizará durante la próxima semana, donde es muy probable, según los diputados de la Nueva Mayoría, que el informe también se apruebe.