Aumento de becas para especialistas, eliminación del siete por ciento de cotización en salud, hospitales concesionados y tensiones con organizaciones sociales marcaron la administración del saliente ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Entre los logros de la actual gestión, el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, destacó la extensión del posnatal a seis meses, iniciativa que fue impulsada en conjunto con la cartera de trabajo y de desarrollo social.
Además, subrayó el esfuerzo realizado en la reconstrucción de hospitales y la creación de becas para aumentar los médicos especialistas. Sin embargo, apuntó un importante déficit en materia de atención primaria.
“Creo que hay que avanzar en la construcción de nuevos hospitales, actualmente estamos guiándonos por los criterios de la OCDE y, evidentemente, faltan muchas más camas en Chile. No solamente faltan médicos, sino también enfermeras y hay que solucionar de una vez por todas el problema que afecta a los servicios de urgencia. Todo esto va aparejado con la atención primaria y en ese sentido la atención primaria tiene que ser resolutiva para que no vayan todos los pacientes al hospital”, señaló Paris.
Privatización de la salud pública
Por su parte, Gabriela Farías, presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), cuestionó la instalación del sistema de concesiones hospitalarias y pidió señales claras al próximo Gobierno respecto del financiamiento en la construcción de nuevos hospitales.
“Hay proceso administrativos que se están llevando a cabo para dejar amarradas las concesiones de nuevos hospitales. Tanto la puesta en marcha de los hospitales de Maipú y La Florida, como la entrega de bases y apertura de ofertas de los hospitales Salvador, Sotero del Río, Félix Bulnes y la intención de hacerlo en la red sur, son manifestaciones de los pasos atrás que se han dado en salud pública y en cómo concibe el país la administración y entrega de la salud pública”, apuntó Farías.
En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, reconoció un aumento sustantivo del personal en atención primaria que hoy día bordea los cincuenta mil funcionarios.
Sin embargo, apuntó a la deuda con las condiciones laborales de los funcionarios de Salud y cuestionó el carácter fuertemente privatizador de la gestión de Mañalich.
“El Gobierno actual tiene un factor agravante. El traspaso de recursos desde el presupuesto de salud pública hacia el sector privado, bajo el argumento de tener que resolver las listas de espera del Plan Auge ha crecido de manera monstruosa. Y eso con cargo al presupuesto público, dado que el sistema público no puede hacer las prestaciones que está obligado por ley lo que obliga, supuestamente, al ministerio a comprar prestaciones a privados. Esto finalmente se convierte en un mecanismo perverso que lleva a la privatización progresiva del sistema público, a la participación cada vez mayor del sector privado en prestaciones que tendría que entregar el servicio público, pero que no las puede hacer porque no se le entregan los recursos necesarios”, afirmó el presidente de Confusam.
Finalmente, el diputado PPD Enrique Acorssi, parte de la comisión de Salud de la Cámara, destacó la deuda en la cobertura de medicamentos entre los usuarios más vulnerables de Fonasa. Además, recordó las querellas interpuestas por diversas organizaciones en contra del ministro durante sus cuatro años de gestión.
“La gestión del ministro Mañalich va a ser recordada por los equipos de salud, por las grandes tensiones que se generaron al interior de estos equipos. Uno de los temas principales que tendrá la próxima administración será recomponer la relación que tiene que haber entre los actores de salud. Considero que ese fue un deterioro importante que dejó el ministro”, dijo Acorssi.
Entre las leyes pendientes que deberá asumir la futura ministra Helia Molina se encuentran la normativa que prohíbe el timerosal en las vacunas, la creación de la Agenda Nacional de Medicamentos y la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas.
Las futuras autoridades sanitarias deberán además fiscalizar la implementación de la nueva Ley de Fármacos y la entrada en vigencia de la Ley de Etiquetado de Alimentos, que se espera para junio.