La nómina de gobernadores designados por la presidenta Michelle Bachelet se dio a conocer el pasado lunes a última hora, información opacada ante la ceremonia de cambio de gobierno. Días más tarde, surgen cuestionamientos hacia cuatro de los gobernadores nominados, situación ante la designación de subsecretarios, obligando cuatro renuncias antes de asumir.

En este caso, se trata del gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas, criticado por recibir la pensión Valech sin contar con los requisitos para ser beneficiario. El senador oficialista Pedro Araya (IND) recalca que Vargas anunció hace varios años que renunciaría a este beneficio, cuestión que aún no ocurre. Ante ello, el parlamentario exige que el gobernador de un paso al costado.

“Los gobernadores cuestionados debieran seguir el ejemplo de los subsecretarios que dieron un paso al costado, quienes renunciaron para no complicar a la Presidenta. Los gobernadores debieran dar ese gesto para empezar a trabajar en el programa de gobierno y no estar dando explicaciones de situaciones personales que, en el caso de Vargas, no ha dado a la comunidad antofagastina”, señala Araya.

Otros casos son el gobernador en Santiago, Salvador Delgadillo (PC), contra quien el CDE presentó una denuncia cuando fue alcalde de Tiltil, por un caso de malversación de fondos públicos. Por su parte Cristián Fernández, nominado gobernador de Ñuble, fue acusado de irregularidades durante el ejercicio de la alcaldía en San Fabián de Alico.

Para el senador Carlos Montes, estos casos deben ser resueltos a la brevedad, al ser autoridades en ejercicio que desvían el foco de atención sobre el gobierno de Bachelet: “Hay que responder rápido si las observaciones son irregulares y sacar a las personas del cargo, pero si no lo son deben seguir, pero esto debe solucionarse en el más breve plazo”.

Por su parte, el diputado Pepe Auth, indicó que hay situaciones judiciales con sentencia, por lo que no hay que reemplazar desde la política el papel que le corresponde a la justicia. “Basta que alguien acuse para que se declare culpable, y el punto es el cuestionamiento a personas que no tienen condenas judiciales. No basta con que alguien diga para que lo linchemos en la plaza pública, para eso está la justicia”.

Un cuarto caso corresponde a Claudia Placencio, militante PPD y gobernadora en Chiloé, quien en la Ficha de Protección Social registra un puntaje que la califica como indigente, perteneciendo al 1% más pobre del país, pese a recibir un sueldo superior al millón de pesos en el Registro Civil. En este último caso existen mayores críticas, al utilizarse un instrumento estatal de calificación social para recibir beneficios económicos.