Instancia  en la que además de criticar las reformas Tributaria y Educacional, hicieron un llamado a la ciudadanía a apoyar a la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), al cumplir 23 días en las riveras del río Mapocho, en denuncia a los problemas que ha generado una deficiente política habitacional.

También instaron a sumarse al paro nacional convocado por los trabajadores del Transantiago para este jueves, haciendo una fuerte crítica hacia las autoridades, que según señalaron “sólo tienen ojos y oídos para la fiebre mundialera”, ignorando las movilizaciones sociales.

En cuanto a las demandas del derecho a la vivienda, los voceros Rodrigo Román, Javiera Rivas y Lautaro Guanca señalaron que ésta no estuvo presente en la agenda de los cien días, por lo que diversas agrupaciones se han movilizado sin ser escuchadas. Al respecto se manifestó el dirigente Lautaro Guanca.

“El derecho a la vivienda sencillamente no existe en la agenda, es por esta razón que las y los pobladores de diferentes movimientos nos hemos dado cita a la tarea de visibilizar la realidad de los sin techo, de los beneficiarios de las viviendas sociales estafados por la banca, los damnificados por los terremotos y de los quemados en Valparaíso, que como organizaciones hermanas se han tomado puentes, cortado calles y algunas de ellas hoy están en el Mapocho, y el monólogo de los acuerdos sigue”, destacó Lautaro Guanca.

Sobre las reformas a la Constitución y el sistema binominal, denunciaron que la antigua Concertación vuelve a mostrar prácticas de traiciones y acuerdos que hoy hereda su “hija mutante, la Nueva Pillería”.

Por ello, los procesos que se impulsan en la reforma no son validados desde Igualdad, quienes siguen trabajando en una propuesta alternativa que sería enviada al Ejecutivo, tal como indicó el propio Guanca.

El dirigente de Igualdad puntualizó que “esta casta neoliberal hoy muestra una fisura en términos de la legitimidad y la representatividad de ciertos sectores políticos, que corresponden a las mismas matrices de la derecha conservadora y Concertación tradicional, tanto como Amplitud y Evopoli. No tienen una representatividad para armarse en el Parlamento. Nosotros creemos que el movimiento social está en las calles y que es el único que tiene la verdadera representatividad para elaborar un nuevo texto constitucional desde abajo, que nosotros le llamamos Constituyente Social”.

Otra de las críticas apuntó al acuerdo alcanzado entre Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, y el Gobierno, que fija el salario mínimo en 225 mil  pesos, calificándolo de vergonzoso. “La dirigenta cierra la puerta al derecho al pan de la clase trabajadora con un cariñoso abrazo al ministro de Hacienda”, afirmaron.

Por último, el partido denunció una “apropiación de demandas del movimiento social en la política del monólogo de los acuerdos”, haciendo referencia a las reformas Tributaria, Constitucional y Educacional, donde insisten, no hay participación real de la ciudadanía.