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Hugo Mery

La clase política dislocada

Hugo Mery | Martes 6 de enero 2015 17:30 hrs.


Un efecto bumerán tuvo la declaración de Helia Molina sobre las “clínicas cuicas, donde la gente conservadora hace abortar a sus hijas”. No sólo por su inmediata renuncia como ministra de Salud y rápida  aceptación de la Presidenta, sino porque repuso en la agenda pública un asunto que el gobierno al parecer prefería dilatar un tanto, el aborto terapéutico.

Desprolijas  fueron las reacciones oficiales, porque  el ministerio del ramo emitió un comunicado desautorizando los dichos de Molina, mientras  que  los ministros de la Moneda se desmarcaron de la forma empleada, a lo que se sumó  la decisión presidencial de aceptar por teléfono en región el paso al costado de la ministra.

Esto ya puede tildarse de dislocado, al contradecirse con la mantención como Embajador en Uruguay  del comunista  Eduardo Contreras, quien también emitió juicios incómodos sobre otras materias.

Lo que dijo la PPD Molina es algo de generalizada  enunciación, sin que tenga que probarse su veracidad. Por lo demás,  en 1993 nos lo dijo una concejala progresista de RN  la que con el tiempo se convirtió en senadora de ese partido de derecha, y acaba de afirmarlo responsablemente el Colegio de Matronas, muchas de cuyas afiliadas deben aceptar que se archiven los abortos como casos de apendicitis u otros.

La salida de la doctora – quien mantuvo sus dichos a LA SEGUNDA, publicados en una entrevista que se realizó diez días antes- se estimó que precipitaría el inminente  cambio de gabinete.

Es lo que dicen medios, políticos y comentaristas, pero sólo la Presidenta y su círculo más  íntimo saben cuándo se realizará. O tampoco ellos. Hay señales evidentes de que ella está trabajando en eso, como también que los partidos oficialistas afilan sus estacas.

Que el PPD desea mantener el cupo; que el PS está dispuesto a un enroque; que la DC quisiera que ascendiese a Ministro de Salud el ahora subrogante y subsecretario Jaime Barros, quien junto a su buen desempeño operativo no se ha mostrado partidario del aborto terapéutico.

Cuidadosa como debe ser ante la Democracia Cristiana, Michelle Bachelet enfrenta el dilema de reemplazar o no a una no muy lucida Secretaria General de la Presidencia,  Ximena Rincón, a quien sacó de cuatro años más en el Senado y que mantiene evidentes pretensiones presidenciales.

Pero este disloque de la clase política se generaliza cuando la oposición  entra en contubernio con la clase empresarial, como lo demuestran las relaciones de la UDI con el  holding Penta. La errática conducta de este partido lo llevó, primero, a tildar de meras filtraciones las piezas que lo inculpaban, para luego admitir que pudo haber errores en las conductas de los parlamentarios electos y dirigentes involucrados, pero advirtiendo que no aceptaría que se le indicara con el dedo en algo que practican en todos los sectores.

Pero ésta implícita declaración  de empate perdió validez cuando de grabaciones filtradas se pasó a correos electrónicos intercambiados tan autoacusatorios como deplorables en los tratos y terminologías empleadas (como “raspar la olla en los últimos cien metros”).

Las requisiciones de Impuestos Internos  apuntan, más que a las implicancias políticas del asunto a las evasiones tributarias que la colusión UDI-Penta lleva consigo, al permitir a ésta no pagar tributo por servicios no realizados por los candidatos de aquella, a través de la emisión de boletas ideológicamente falsas. Aparte de la influencia que los empresarios puedan ejercer en votaciones legislativas que tocan sus intereses ante parlamentarios “eternamente agradecidos” por las platas otorgadas.

Tal vez tales  prácticas salpicaron sólo en apariencia a Andrés Velasco y a Alberto Undurraga , pero  en un grupo de empresas tan definido políticamente puede que prevaleciese   la intención de apoyar financieramente al pre candidato neo-liberal en las primarias de la Nueva Mayoría.

Cómo salir del Brete en un lío tan transversal pondrá a prueba otra vez la dislocación de la clase partidista, porque una cosa es, regular de una vez por todas,  la relación entre dinero y política y otra cosa castigar los graves ilícitos cometidos.

Salvo, claro, que unos jueces dictaminen al final, que no los hubo o que absuelvan a los sometidos a juicio o los hagan “cumplir” condenas en libertad.