Abogados penalistas y académicos coincidieron con la visión de la Corte Suprema que envió a la Cámara de Diputados un crítico informe sobre el proyecto de ley del Gobierno que busca endurecer las penas para los delitos “de mayor connotación social”, donde destacan los robos. El oficio considera la “objetable” iniciativa porque iría en contra del principio de igualdad ante la ley.

El propósito de la iniciativa es que el culpable no reciba una sanción inferior al mínimo señalado por la ley para los delitos de hurto, robo con violencia o intimidación en las personas, robo con fuerza en las cosas, abigeato y receptación.

Sin embargo, el pasado 5 de marzo la Corte Suprema envió al presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, un informe sobre el proyecto, que fue firmado por el presidente del Máximo Tribunal, Sergio Muñoz donde se le cataloga como “objetable”, ya que “contraría el principio básico de igualdad ante la ley”.

Esto porque, por ejemplo, el autor de un delito mucho más grave, como un homicidio, podrá obtener una rebaja de la pena legalmente establecida. Además, según los jueces la propuesta conduciría “a menoscabar las facultades de los magistrados”, ya que “implica el cercenamiento de las atribuciones concedidas a los jueces penales”.

Con esto coincidió el abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel Soto Piñeiro.

“El Código es una estructura orgánica. Usted no puede subir las penas de determinados delitos y mantenerla de otros porque se altera la gravedad relativa de cada uno de los delitos. Los delitos de hurto y robo tienen penas notablemente elevadas en términos absolutos y términos relativos. Por un delito con fuerza en las cosas en lugares habitados puede haber una pena de cinco años y un día, que es una pena significativamente elevada”, afirmó.

La iniciativa fue firmada por el Gobierno el 23 de enero pasado y, al ser presentada, el Ejecutivo sostuvo que ésta busca poner freno a la “puerta giratoria” y hacer más eficaz la acción policial para “revertir la tendencia al alza de la victimización”, y reducir el número de delitos violentos en la vía pública.

Pero ante la respuesta de los juristas se pudo percibir cierta molestia del oficialismo. El senador PPD, Felipe Harboe, indicó a La Segunda que “es comprensible que a la Corte no le guste, ya que con este proyecto limitaremos las facultades de los jueces y en los casos de robo y hurto no podrán rebajar las penas más allá del mínimo establecido para este tipo de delitos”, y añadió que se busca que cuando el legislador consagra una pena para un delito “ésta se aplique y no sufra rebajas judiciales”.

Este incidente abrió el debate sobre la utilización de la seguridad ciudadana y del derecho penal como elemento político. Sobre esto se refirió el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román.

“En Chile desde hace un tiempo, un par de años, hay una marea populista criminalizadora que utiliza el derecho penal para fines políticos, entonces en consecuencia se instala en la sociedad la percepción de que los delitos más graves son los que atentan contra la propiedad, particularmente el robo, y bien sabemos que la mayoría de las veces quienes cometen estos delitos es el segmento más pobre de la población, por lo tanto el derecho penal está pensado para criminalizar y castigar al pueblo pobre. No es así por ejemplo con los delitos de cuello y corbata”, dijo.

Por su parte, la autoridad exhibe cifras preocupantes de victimización y ha hecho pública la Agenda Antidelincuencia de La Moneda, dentro de la cual se contemplan estas medidas, así como dotar de mayores facultades a las policías para investigar y dar pruebas a los tribunales, y de los fiscales para perseverar en las causas hasta encontrar y condenar a los culpables de estos actos ilícitos.

Si bien el Poder Judicial realizó el envío el jueves 5 de marzo, y subió la información a su portal electrónico el pasado lunes, al ser consultado de esto por Radio Universidad de Chile el presidente de la Cámara Baja, el Demócrata Cristiano, Aldo Cornejo, señaló que debía leer el material antes de entregar una opinión.

Además, desde la Cámara advirtieron que el documento de la Suprema “es una opinión más y no es vinculante”, por lo que la tramitación de la norma podría seguir adelante pese a estos fuertes cuestionamientos.