Ha sido una de las principales críticas que se ha hecho a la Unión Demócrata Independiente. El no tomar medidas sancionatorias en contra de los militantes de su partido envueltos en casos de corrupción ha sido tomado como una señal de impunidad ante la gravedad de la crisis que vive el país.

De hecho, desde el gremialismo han sido tajantes en señalar que mientras no exista una sanción penal, no se tendría que aplicar ninguna medida en contra de los militantes involucrados amparándose en el principio de la presunción de inocencia.

Pero no todos en la Alianza piensan de esa forma. Desde RN siempre se han sentido incómodos con la forma en que la UDI ha enfrentado la crisis y si bien en público han evitado criticar a sus compañeros de coalición, en la interna no son pocos los que sostienen que Renovación Nacional está cargando con una mochila que no les pertenece.

Siguiendo esa línea se puede entender lo dispuesto por el Consejo Nacional del partido de calle Antonio Varas que acordó revisar los estatutos para sancionar con la suspensión de la militancia e incluso la expulsión a aquellos militantes envueltos en casos de corrupción.

Así lo explicó el presidente del partido, el diputado Cristián Monckeberg “es absolutamente necesario un mea culpa de todas las organizaciones, a lo mejor algunos están más involucrados, otros menos, pero la manera de recuperar las confianzas es que se señale que hoy se están cometiendo errores y al mismo tiempo se haga oportunamente”, sentenció el parlamentario.

De hecho se espera que esta diferencia de posturas se discuta este miércoles cuando se retomen las negociaciones de la Alianza con el PRI y Evopoli para la conformación de un nuevo referente de centro derecha.

En la Nueva Mayoría en tanto no existe tampoco una postura única a la hora de enfrentar este tipo de casos y al interior de los propios partidos existen diferencias bien marcadas.

Por ejemplo, al interior de la Democracia Cristiana existe una visión similar a lo que se ha visto en la UDI, reflejada en el fallo del Tribunal Supremo de la falange en el recurso presentado por el militante Ricardo Hormazábal en contra de los involucrados en el financiamiento ilegal por parte de SQM.

Para Ricardo Hormazábal, al interior de la falange se ha renunciado a seguir los principios que dicta la ética. “Creo que en la Democracia Cristiana el Tribunal Supremo ha dejado de ser una instancia apropiada para debatir este tipo de temas, ha renunciado a conocer de infracciones éticas, escudándose en formalidades que son inapropiadas, yo creo que los partidos deben tener un rigor ético muy grande y no esperar solo al desarrollo de los procesos penales”, afirmó.

En esa línea, el ex candidato a la presidencia del partido sostiene que es valorable la actitud del diputado Fuad Chahin, quien declinó integrar la mesa directiva que asume este lunes, ya que “estas infracciones éticas lastiman la credibilidad del partido”.

En otras colectividades de la Nueva Mayoría esperan abrir este debate en el futuro cercano, así lo cree el vicepresidente del PPD, Gonzalo Navarrete: “No tenemos doctrina en eso, creo que es un tema que está pendiente de discutir porque si uno se coloca riguroso buena parte de las empresas privatizadas en la época de Pinochet tienen controladores que las obtuvieron en procesos de privatización bien irregulares, pero en esencia lo que se debe terminar es la relación entre empresas y política”, señaló.

En el PS, en tanto, el foco ha estado puesto en las últimas semanas en la disputa interna que se llevó a cabo para elegir a los miembros del Comité Central que elegirán a la nueva directiva del partido. De todas formas, se han alzado voces que sugieren establecer sanciones concretas, aunque estas sean dolorosas.

Carola Rivero, Secretaria General del Partido Socialista, sostuvo que “tenemos que avanzar con medidas en 3 niveles: en el castigo a prácticas dolosas, llegando a la destitución del cargo si es necesario, en dotar de atribuciones legales para una fiscalización efectiva a las instituciones correspondientes, y también impulsar medidas preventivas para cerrar espacios a prácticas espurias”, señaló.

Recordemos que a la espera de las propuestas que entregue la Presidenta de la República en materia de probidad, se anunció que el trabajo parlamentario se intensificará para sacar adelante las iniciativas lo más pronto posible.

“Coordinamos con el Presidente de la Cámara una agenda de trabajo que implica sesiones extraordinarias para votar y aprobar los proyectos que ya están tramitándose en el Congreso en materia de probidad y transparencia, y los que va a enviar la Presidenta en los próximos días”, señaló el presidente del Senado, el DC Patricio Walker.

De todas formas no se descarta que al interior del Parlamento se produzca más de algun enfrentamiento entre quienes piden celeridad con los proyectos y quienes reclaman la autonomía del Congreso.

De hecho las opiniones respecto de que el Congreso “no es un buzón” de La Moneda se repiten tanto en el oficialismo como en la Alianza por lo que será trabajo de los jefes de bancada buscar una posición común de cada partido respecto de lo que presentará la Presidenta Michelle Bachelet.