Este jueves se conoció parte de la declaración del ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica. Con ella se comprueba que el senador de la UDI, Jaime Orpis, recibió dineros de la empresa, los que superarían los 50 millones de pesos.

Según la declaración que el ejecutivo entregó al fiscal José Villalobos estos dineros se habrían cancelado por informes “innecesarios” de la empresa de Orpis sobre la situación de narcotráfico en el norte del país y la emisión de boletas a terceros por servicios no prestados.

Los antecedentes se suman a la investigación por corrupción en las comisiones de Pesca, por la que ya se investiga a la ex diputada gremialista Marta Isasi.

Sobre ésta última, las declaraciones de su jefe de gabinete, Giorgio Carrillo, vienen a confirmar que minera Collahuasi y salmonera Camanchaca también habrían financiado a la ex parlamentaria.

Para los pescadores artesanales estos datos ratifican lo ya denunciado: la compleja relación entre política dinero en el rubro.

Hernán Machuca, presidente del Consejo de Defensa de la Pesca (Condepp) afirmó que la Justicia tiene que “navegar  de norte a sur” porque, si bien ha empezado en Corpesca, en el norte, en la región del Biobío “existen razones para aposentarse a investigar”.

En ese sentido llamó a poner atención en los parlamentarios que, por años, se han mantenido en la Comisión, como los gremialistas Jorge Ulloa y Patricio Melero. “Yo no sé cuál es el interés de estar en la Comisión por tantos años, alguna relación tiene que haber allí”, afirmó.

Ante estas acusaciones, Melero explicó que fue presidente de la Comisión a inicios de los años 90, mucho antes de la tramitación de esta ley. Además, afirmó que “no hay ningún inconveniente” y que no es necesario investigar, porque todos los debates de los parlamentarios y sus argumentaciones son públicas.

La información preocupó a la mesa del Partido. Por ello, no descartan abordarlo en la reunión de directiva del próximo lunes y en la comisión política durante la tarde de ese día. La idea sería “sincerar” si es que hay otros involucrados en el caso.

Ley de Pesca

Desde su tramitación, los pescadores artesanales del país han levantado sus críticas contra la Ley de Pesca, también conocida como “ley Longueira”.  A juicio del sector productivo es inviable seguir adelante con una ley “viciada” desde su concepción.

Por ello piden que se anule y por estos días llevan adelante una campaña de recolección de firmas que les permita demostrar el apoyo a su inquietud.

Para Patricio Melero no sería viable anularla, esto porque “cada parlamentario votó la legislación de acuerdo a lo que pensó que era lo mejor para el país”.

El mismo subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, criticó la propuesta de reforma, descartando la posibilidad de responder a una demanda que ha generado movilizaciones y una serie de acciones del sector.

Por su parte, el ex senador del PPD Nelson Ávila, quien ya había advertido antes sobre el amplio espectro de corrupción en el rubro, afirmó que se requieren sanciones ejemplares ante al descrédito que estas acciones originan.  “Tenemos un Congreso deslegitimado por completo. La gente no puede confiar en personas que fueron objeto de soborno, el dinero recibido para llevar adelante las campañas no puede ser otra cosa”.

Ávila añadió que hay que estar atentos porque, por ahora, sólo se investiga a dos parlamentarios de un amplio número de congresistas y sólo se sabe de tres empresas. Sin embargo, dijo que  bajo este escenario se pude presumir que en el juego de intereses se han involucrado el grueso de los políticos y la amplia mayoría de las empresas del sector.