En septiembre de 2013, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló por primera vez cargos en el denominado caso Cascadas. La investigación, iniciada un par de años antes, dejaba en evidencia cómo Julio Ponce Lerou a través de Soquimich, perjudicó a los accionistas minoritarios de la firma por una serie de operaciones de compra y venta de acciones por parte del controlador.

Un año después, la SVS informó haber resuelto aplicar sanciones de multa por 164 millones de dólares a los responsables de la ilícita transacción. De ellos, el ex yerno de Pinochet fue castigado a pagar cerca de 70 millones de dólares.

En abril de 2015 el fiscal a cargo de la indagatoria, José Morales, declaró que no descartaba formalizar a Ponce Lerou por el caso, luego de haber efectuado la acción en contra de Aldo Motta y Claudia Morales, por falsificar actas del directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera.

Entre medio de las declaraciones del Fiscal, un nuevo antecedente puso en la palestra a Ponce Lerou. El hombre que en la década de los ochenta se hizo propietario de la minera no metálica que hoy es la más grande del mundo, gracias a sus estrechos vínculos familiares con la familia de Augusto Pinochet, era sindicado como uno de los grandes financistas de la política nacional.

La arista desprendida del caso Penta alarmó a diversos sectores del espectro político del país. Y mientras algunos como el diputado René Saffirio (DC) declaraban que ese dinero estaba manchado con sangre, haciendo alusión a la forma en la que el ahora ex presidente de SQM se apropió de la empresa, nuevos nombres salían al descubierto en esta lista de políticos que atravesaba a todos los sectores.

Así, el pasado 19 de mayo, el fiscal Carlos Gajardo solicitó la información de los computadores personales que se encontraban en los domicilios de 4 altos directivos de Soquimich, entre ellos el del ex presidente de la firma, Julio Ponce Lerou. El objetivo de la pesquisa era acceder a archivos de “cualquier especie” para su utilización como eventual medio de prueba en una formalización.

La idea de la formalización al ex yerno de Pinochet volvía a ser comentario obligado. Sin embargo, hasta el momento, en ninguna de las dos investigaciones se ha concretado. Si bien para algunos como el ex ministro Francisco Vidal, hombres como Ponce Lerou “apostaron mal” al creer que con el financiamiento a los políticos se pondría también “la música” en el Gobierno, son más las voces que piensan que el hombre clave en el caso Cascadas supo montar una red de protección que desde la época de la Dictadura le permite actuar en la impunidad.

Para el diputado Fidel Espinoza (PS) es claro: Julio Ponce es un personaje que ha eludido la justicia desde los ochenta, esto porque “a través de SQM creó todos los resguardos para que las responsabilidades legales lleguen hasta niveles jerárquicos anteriores a él. Él montó una trama de financiamiento a la política en donde concentró en Contesse todas las responsabilidades”.

Pero no solo en la política están instaladas las formas en las que el ex hombre fuerte del directorio de SQM resguarda sus acciones. Para Mauricio Daza, uno de los abogados querellantes en el caso, es evidente que la red tejida con la Alianza y la Concertación, ahora Nueva Mayoría, permitan que Ponce Lerou siga sin ser formalizado, o con medidas cautelares tales como las que se dieron en el caso Penta, cuando se decretó que Carlos Délano y Carlos Lavín debían permanecer en prisión preventiva por ser un delito para la sociedad.

En ese sentido, el abogado aseguró que la demora tiene una justificación y recordó las palabras de Michel Jorratt y Cristián Vargas, ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, quienes aseguraron que hubo presiones para impedir avanzar en las pesquisas. Nombres como el de Rodrigo Peñailillo saltaron inmediatamente a la palestra, sindicándolo como el responsable político de formalizar vínculos con el empresario, en lo que se ha denominado la precampaña política de Michelle Bachelet.

Sin embargo, para el jurista las cosas van más allá, porque la protección de Ponce tendría que ver con nombres tales como el reconocido lobista de la Nueva Mayoría Enrique Correa o el ex ministro Osvaldo Puccio, personajes más vinculados a la vieja guardia concertacionista que a los denominados G-90 de la Nueva Mayoría.

“El perseguir a Julio Ponce es una labor que se hace prácticamente imposible en la medida de todas las piedras en el camino puestas por diversas personas”, dijo el abogado, haciendo alusión a las más de tres décadas de “total impunidad”, porque a través “del poder del dinero logró infiltrar a personas que eran opositoras al gobierno de Pinochet, pero que no tuvieron ningún problema en recibir –de manera fraudulenta- aportes que fueron definidos por Ponce y sacados de una empresa saqueada en Dictadura”.

Para Daza, el ejemplo claro de esta “cantidad de dinero repartida” es lo que ocurre en caso Cascadas. Es ahí, donde pese a que se señala desde la Superintendencia de Valores y Seguros que es el mayor fraude de la historia de la Ley de Mercado de Valores, existiría una “dilación injustificada por parte del fiscal José Morales, quien a pesar de que han transcurrido más de tres años desde el inicio de la causa penal y más de 9 meses de una resolución de la Superintendencia que, lapidariamente, lo sanciona como el responsable, hoy no está formalizado por cargo alguno”.

Pese a ello deposita la confianza del proceso en la figura del fiscal Carlos Gajardo. Es por ello que existirían múltiples diligencias que marcharían en camino de la formalización, una de ellas, la información que se recaudó desde los computadores de los implicados.

En la misma línea, el diputado Mario Venegas (DC) cree que la demora tiene que ver con los tiempos formales del proceso y que la no fiscalización respondería más a una estimación del Ministerio Público que a las presiones que se acusan para defenderlo. Por ello, hizo un llamado a la calma, para esperar que las instituciones funcionen.