Durante el mes de septiembre iniciamos desde la Fundación Constituyente XXI en conjunto con la Mutual de Trabajadores del Transporte una serie de Talleres participativos por la Asamblea Constituyente destinados a elaborar contenidos para una nueva Constitución. El primero de ellos fue sobre régimen económico y propiedad y contó con la exposición de los economistas Andrés Solimano y Patricio Guzmán.
Como resultado del trabajo grupal proponemos que la nueva Constitución, generada desde una Asamblea Constituyente, establezca una nueva concepción de Estado social y solidario para Chile en reemplazo de la concepción de Estado subsidiario del actual Constitución.
En el tema del derecho a la propiedad que se establezca en la nueva Constitución es fundamental introducir un nuevo texto constitucional que establezca que el derecho de propiedad no puede estar por sobre los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.
En el nuevo texto constitucional no se propondrá que la propiedad sea eliminada o que se afectará la pequeña y mediana propiedad como pretenden hacernos creer los sectores que se oponen a discutir este tema crucial para el país. En el centro de la nueva concepción Constitucional sobre la propiedad debe quedar claramente establecido que la propiedad debe ser democratizada y se debe poner límites desde el Estado a la concentración de la propiedad en unos pocos grupos empresariales y personas. Aquello es y ha sido uno de los principales problemas generadores de abusos, injusticias y desigualdad situación que se ha profundizado en el Chile de la post dictadura hasta hoy.
Para democratizar la propiedad y la sobre todo la concentración de la propiedad, la nueva constitución debe establecer una concepción amplia sobre diversas formas de propiedad pública, privada y mixta.
Esta será una de las definiciones fundamentales que permitirán al país desde una nueva carta magna avanzar en modelos de desarrollo más flexibles, incluyentes e integrales. Los llamados consensos sobre el modelo económico son los que hay que cambiar y deben expresarse en una nueva Carta Magna.
Para esto desde nuestros Talleres se propone establecer un Área de propiedad pública social que contrapese el enorme poder que tiene el sector privado sobre concentrado y que permita reducir y acotar el gigantesco poder económico de aquellos que se han apropiado de activos y excedentes y que han terminado controlando y concentrando la propiedad y a las instituciones de la sociedad chilena encargadas fiscalizar, regular y legislar sobre aquello. Lo anterior, debería permitir que el Estado tenga una participación importante en los ámbitos de la gran minería, energía y generación, recuperación de los derechos de agua. Así como en la educación, salud, transporte público y en un nuevo sistema de pensiones de reparto solidario y con financiamiento tripartito.
La nueva Constitución debe establecer las diversas formas de propiedad existentes tales como las vinculadas al sector cooperativo, autogestionadas, artesanal, mutuales… Esta concepción democrática respecto de la propiedad permitirá de mejor manera el fortalecimiento y desarrollo de la micro y pequeña empresa y establecer reales mecanismos institucionales y leyes de fomento.
Una vez aprobada la Constitución por las y los ciudadanos las nuevas instituciones que deberán ser electas por la soberanía popular deberán revisar y modificar todas las Leyes vigentes y Códigos, ordenamientos administrativos y Tratados Internacionales vigentes que estén o entren en contradicción con la nueva concepción establecida en la Constitución.
Queremos para nuestra patria una nueva Constitución que consagre como régimen económico una Democracia Económica, lo que permitirá ciertamente a la sociedad chilena abordar los temas del crecimiento, de la producción y la productividad desde una perspectiva integral y sustentable en relación al medio ambiente generando una mejor posibilidad de futuro para las nuevas generaciones. Un nuevo pacto expresado en un gran acuerdo Constitucional desde las mayorías sobre el régimen económico y propiedad debe garantizar que queden abiertas todas las opciones y posibilidades de transformación democrática de la sociedad chilena para el Chile del siglo XXI.