La virtual unanimidad con que los senadores ratificaron al nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió interrogantes e inquietudes sobre el futuro de las investigaciones de los casos más emblemáticos en relación con el financiamiento irregular de campañas políticas, ya que uno de los elementos que más relevaron los parlamentarios para escoger a Abbott, fue la “objetividad” y “prudencia” que el nuevo líder del Ministerio Público comprometió en la investigación.

Además, trascendió a través de informaciones de prensa, que el actual fiscal nacional, Sabas Chahuán, estaría en conversaciones con las defensas de algunos de los políticos involucrados en la emisión de boletas ideológicamente falsas –como Jovino Novoa, Pablo Zalaquett y Alberto Cardemil, Iván Moreira y Felipe De Mussy- para simplificar y abreviar los procesos judiciales que les afectan.

También inquietud ha causado el futuro de las investigaciones y procedimientos en relación con los casos Penta y SQM, frente a la inhabilitación anunciada por el nuevo fiscal nacional, a raíz de su parentesco con el director de empresas Penta, Alfredo Moreno, por lo que existe incertidumbre sobre lo que sucederá con los equipos de fiscales que dirigen las pericias en cada una de dichas causas, considerando que Sabas Chahuán es quien lidera las indagatorias.

Carlos Huneeus, cientista político y académico de la Universidad de Chile, sostuvo que es necesario esperar las definiciones que en la práctica tome el nuevo fiscal nacional sobre estos casos, a la vez que señaló que uno de los principales desafíos del nuevo líder del Ministerio Público es aplicar todo el rigor de la ley, “que siga sin prisa, pero sin pausa para limpiar la política de los malos negocios, y que también castigue a los donantes no sólo a los políticos”.

Además, Huneeus llamó a terminar con el sesgo “clasista” del sistema judicial en Chile, y que se haga carne el principio de igualdad ante la ley, y recordó el caso del empresario Juan Bilbao quien fue investigado por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos por uso de información privilegiada en la compra y venta de acciones farmacéuticas.

“El concepto de la delincuencia está reducido a la propiedad privada, robo en los domicilios –lo que es cierto-, los lanzas, robos en los supermercados, pero no los sinvergüenzas de cuello blanco, aquellos que usan información privilegiada, perjudican a las instituciones económicas, a los accionistas minoritarias, y andan por la calle como si fueran pulcras palomas. El señor Juan Bilbao, por dar un ejemplo concreto, que lo pillaron los norteamericanos y no nosotros, y va a llegar a un arreglo, va a pagar una suma y va a volver a Chile como un señor que no ha cometido ningún error”.

Uno de los puntos que llamó la atención en la exposición realizada por el nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, tiene que ver con su planteamiento en relación con el procedimiento investigativo que llevaría adelante la Fiscalía bajo su mandato, sobre los delitos tributarios, “respecto de las investigaciones tributarias que no tienen querella, yo creo que el artículo 162 del Código Tributario es una norma legal vigente, en consecuencia, si no hay querella o denuncia (del SII), no es viable ninguna acción penal”, señaló Abbott.

El director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, explicó que, si bien la actuación, hasta ahora, de la Fiscalía cumplió con lo dispuesto por el artículo 162 del Código Tributario y esperó la presentación de las querellas del SII, “lo que pasa es que ellos han interpretado de manera amplia las querellas, diciendo que una vez que se colocan en conocimiento de la Fiscalía, hechos que pueden ser constitutivos de delito, la Fiscalía tiene amplia libertad para investigar, independientemente de que salgan en el transcurso de la investigación, nombres de personas que no estaban inicialmente contempladas en la querella”.

Por el contrario, de acuerdo al jurista, el Servicio de Impuestos Internos tiene una interpretación más restringida de este articulado, en la cual la investigación debería acotarse sólo a las personas que están mencionadas en las denuncias o querellas.

Frente a esto, el subdirector de fundación Ciudadano Inteligente –uno de los querellantes en el caso Penta-SQM-, Rodrigo Echecopar, considera que una eventual interpretación más restringida que el Ministerio Público pudiera realizar de este artículo, por lo tanto inhibiéndose de investigar a personas que no estén contempladas en una querella o denuncia del SII, sería “un retroceso”.

“La Fiscalía sí tiene independencia del Ejecutivo que no tiene el Servicio de Impuestos Internos, y nosotros hemos visto durante los meses pasados los escándalos que ha habido al interior del SII que han disminuido la confianza de que ellos van a actuar en cualquiera de estos casos, mientras que la Fiscalía sí ha sido de una línea más clara en enfrentar los casos cuando han salido informaciones relevantes de delitos o de faltas de políticos o parlamentarios”.

En relación con la posibilidad de que algunos casos de parlamentarios involucrados en investigaciones sobre financiamiento irregular de campañas políticas se acojan a procedimientos abreviados o suspensión condicional de sus causas, Echecopar hace la distinción entre aquellos procesos simplificados que implican el reconocimiento de la responsabilidad por parte del imputado, como aquellos en los que no se manifiesta dicho acto.

El subdirector de Ciudadano Inteligente sostiene que en ningún caso sería aceptable que alguno de estos juicios abreviados incurra en la eximición de responsabilidad a priori, y que este beneficio de simplificación de los procedimientos sólo se aplique a los casos más focalizados –como es el caso de De Mussy-, pero no en aquellos “casos de mayor envergadura que nosotros creemos que han sido los que han definido la forma en que funciona el sistema político en Chile, en ellos debiese haber un juicio completo, y ojalá podamos sacar a la luz todo lo que sucedió”.

Renato Garín, abogado de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Análisis e Investigación Política (CAIP), señaló que en caso de existir la posibilidad de que se generen juicios abreviados en los casos de financiamiento irregular de campañas, “no hay mucho qué hacer” ya que el fiscal estaría aplicando la ley.

No obstante, Garín hizo énfasis en que debiese ser una instancia política, civil o ciudadana, más que judicial a través de la cual poder llegar a la verdad sobre el financiamiento de campañas políticas, “una especie de Comisión Valech del financiamiento electoral” en donde se puedan ventilar estos datos para posteriormente ser usados en la discusión y debate sobre este tema, porque, hasta ahora, “se le está pidiendo al proceso penal que responda preguntas políticas”.

Sobre el planteamiento de Abbott en relación con la necesidad de que exista una querella del SII para poder investigar delitos de carácter tributario, Garín indicó que esa es una postura que “va a tener respaldo en el mundo de la élite y en ciertos abogados”, y que, a su juicio, el nuevo fiscal nacional va a trasladar el problema al SII, y lo más probable es que el organismo aplique, incluso, la llamada “Doctrina Escobar”, es decir que los problemas de financiamiento irregular de campañas políticas no corresponden a delitos de carácter penal, sino sólo a faltas: “Y ese va a ser el fin de la línea judicial del tema de dinero y política”.

Finalmente, para Renato Garín, uno de los flancos fundamentales sobre los que hay que poner atención, es la llamada “puerta giratoria” –“que más que puerta giratoria es un túnel, con peaje y todo”- entre el mundo público y privado, y desde su punto de vista, es ahí donde la elite política más se resiste a introducir cambios: “No podemos asumir como ciudadanos los costos de tener políticos que pasan por el gobierno a hacer currículum, y que al día siguiente que dejaron el gobierno se vayan de gerente general a empresas que estaban reguladas bajo su ministerio”.