El nuevo caso de colusión de las empresas papeleras CMPC y SCA Chile (ex Pisa) no solo confirma la acumulación de poder de la actividad empresarial en el país. También la molestia y desconfianza que este tipo de episodios profundiza en la ciudadanía.

La llamada “Colusión del confort” es tema de análisis para el economista Daniel Hojman, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien en conversación en el “Tema del Día”, se refirió a esta situación.

“El hecho que estemos conociendo casos como el de la colusión del papel, de alguna forma nos revela que existen ciertos éxitos asociados, parcialmente a lo menos, a cambios que se realizaron en la legislación anticompetencia”, plantea Hojman.

Esto, a propósito de la implementación de mecanismos como la delación compensada y las atribuciones especiales de la Fiscalía Nacional Económica para este tipo de investigaciones.

“Buena parte de los antecedentes son precisamente por la delación. En ese sentido, toda esta indignación que sentimos al enterarnos de estos casos, es gracias a que existen nuevos mecanismos en la institucionalidad que están funcionando y que buscan desestabilizar estos carteles”, asegura el académico.

Asimismo, destaca que este jueves se ratificó una sentencia respecto de las multas en el caso de la colusión de los pollos. Y hace algunos meses, también se conocieron los antecedentes sobre la colusión del transporte.

En cuanto a los cuestionamientos sobre si realmente existe en Chile un modelo de libre mercado, Hojman aclara que “efectivamente hay muchos signos en la economía chilena que apuntan en una dirección preocupante. En algunas dimensiones sí, en otras tal vez no. Pero lo que sí existe, y que va más allá de este caso puntual del Cartel del Papel, es que estamos presenciando distintas formas de lo que podríamos llamar rentismo”.

Esto, respecto de quienes se coluden, donde a partir de un acuerdo secreto las partes buscan extraer excedentes o beneficios de los consumidores. “Pero hay otras formas, como los casos de SQM y Corpesca, que son rentismos asociados a la extracción de renta que proviene de concesiones del Estado para explotar bienes como el litio o la pesca”, advierte.

A partir de estas situaciones, explica que “se configura un cuadro en donde una parte importante del gran empresariado tiene estas prácticas, las que nos dan cuenta que el modelo neoliberal chileno es contradictorio, porque por una parte propugna que exista competencia y que el libre mercado funcione para mejorar las condiciones de los consumidores. Pero por otro lado vemos que buena parte de las actividades que realizan algunos empresarios pasan por obtener rentas de forma no necesariamente en línea con cualquier estándar ético razonable”.

Es por ello que resulta tan importante la legitimidad de la actividad económica. “Cuando siento como consumidor que en un duopolio o en un mercado con alta concentración, los principales actores se ponen de acuerdo para obtener ganancias abusivas con respecto a una gran cantidad de gente, eso genera una indignación tremenda que deslegitima la actividad empresarial y el mercado”, cuestiona el economista.

En el caso de SQM y Corpesca la situación es aún más compleja. “De alguna manera se rompen los límites entre la política y la economía. Las influencias de poder para mantener renta traspasan el ámbito puramente económico. En cualquier caso, son situaciones que le restan legitimidad a las instituciones, al funcionamiento de los mercados y al sistema político”.

Un problema que se relaciona con las confianzas y la legitimidad del orden económico y social, asociado a transgresiones por parte de grupos que son extremadamente poderosos. “Aquí no estamos hablando de pequeños empresarios. Son personas que tienen grandes fortunas y que, sin embargo, están dispuestas a usar este tipo de mecanismos para obtener ganancias abusivas. Eso genera aún más indignación”, afirma Hojman.

¿Pero qué ocurre en el caso de las sanciones? El propio académico despeja las dudas. “Todos estos mecanismos para investigar y desincentivar la persistencia de los carteles, como es la delación compensada, están orientados a desestabilizarlos. Pero en la práctica lo que uno quisiera es que nunca existieran y que se extirparan estas prácticas”.

Por ello, para que eso ocurra, deben existir medidas disuasivas suficientemente fuertes, lo que tiene que ver con la severidad de las sanciones. Se requiere, entonces, aumentar las sanciones para este tipo de delitos económicos, lo que considera el programa de de Michelle Bachelet. “Es un proyecto de ley que ya se presentó al Congreso en marzo y que posiblemente a raíz de la visibilidad de un caso como éste será tramitado con mayor urgencia”, espera el economista.

La iniciativa contempla dos formas de sanción. La primera, que las multas sean más proporcionales al daño. “Las multas actuales son bastante ridículas, por lo que es muy conveniente para un empresario coludirse, aunque le cobren la multa, por lo que seguirá insistiendo en ese tipo de prácticas”.

El académico agrega que las que se están proponiendo son más altas y disuasivas, por el solo hecho que el cálculo económico se altera y pasa a ser menos conveniente para la empresa, en caso de tener que pagarlas.

El otro tipo de sanciones se relaciona con la penalización. “La criminalización de este tipo de delitos económicos también es algo que tiene un poder disuasivo importante. Lo que hace es que más allá de generar responsabilidades a la empresa, establece sanciones penales dirigidas al individuo. Es algo muy simbólico: lo que significa para alguien de la élite la posibilidad de enfrentar la cárcel”.

En cuanto a las relaciones entre la concentración de los mercados y la colusión con respecto a la desigualdad que existe en el país, Hojman se centra en dos dimensiones. “El hecho que los abusos no reciban una sanción adecuada es en sí mismo una muestra de falta de igualdad. No existe una sanción equitativa respecto de las sanciones que reciben otros crímenes”.

A esto se suma el modelo económico de poderosos grupos, en una sociedad que posee una enorme concentración de la riqueza, se asocia a formas de perpetuar estas desigualdades.