Un nuevo flanco de conflicto se abrió en el marco del proceso constituyente planteado por la Presidenta Bachelet, porque algunos senadores y diputados de manera transversal han cuestionado que se les haya excluido de la posibilidad de definir el mecanismo a través del cual se va a cambiar la Constitución, considerando que según la Mandataria, será el futuro Parlamento quien tendrá esa prerrogativa.

“En el 2017 vamos a tener un Congreso elegido en gran parte con un nuevo sistema electoral y, además, con una nueva ley de partidos políticos y una nueva ley de financiamiento electoral. En ese sentido, no estoy diciendo que este Congreso no tenga legitimidad ni representatividad, pero el próximo va a tener aún mayor legitimidad”.

Dicha determinación fue fundada en la eventual mayor legitimidad que tendrá el Congreso electo en 2017, en detrimento del actual, lo que llevó al presidente del Senado, (DC) Patricio Walker, a afirmar que “este Congreso tiene absoluta legitimidad para definir el mecanismo y el contenido de las reformas“, lo que abrió el debate entre expertos y parlamentarios sobre la validez del actual Congreso para tener injerencia en el proceso constituyente.

El sociólogo y profesor de la Universidad de Chile, Manuel Antonio Garretón, enfatizó en que el camino para cambiar la Constitución “tiene que ser un mecanismo amplio, participativo, institucional, por supuesto, como es una asamblea constituyente”, y el Congreso sólo debería limitarse a aprobar el plebiscito “como forma –vinculante- de consultar cuál será el mecanismo. Lo que haría el Congreso sería facilitarlo, por la vía de una reforma constitucional”.

Si bien, el profesor Garretón reconoce que el actual Parlamento, así como el que vendrá, cuenta con legitimidad “jurídica”, la cual es “indiscutible”, y es la que facultaría al Congreso a aprobar leyes sin que puedan ser puestas en cuestión, no obstante existe una legitimidad “valórica” que tiene relación con el grado de adhesión y aceptación de la ciudadanía que le entrega a dicha institución, de la cual carece el actual Legislativo.

“La legitimidad valórica o ética, o sea el legado por el cual la ciudadanía, o sea la sociedad, cree y acepta lo que ese Congreso hace, no sólo porque la ley lo dice, sino porque le asigna el valor para hacerlo, es evidente que tiene mayor legitimidad un Congreso elegido por un sistema proporcional, y en el que participe mucha más gente”.

Álvaro Ramis coincide con Manuel Antonio Garretón en el sentido que le otorga al Parlamento una legitimidad “procedimental y legal, pero no tiene una legitimidad social”, la que se explicaría por la elección en base al sistema binominal y a los problemas de financiamiento de campañas, aspecto en el que “ellos mismos han contribuido a la degradación de la legitimidad” para que puedan abocarse a la generación de la nueva Constitución.

“Aquí hay un problema de validez, y esa validez la da la ciudadanía, y por lo tanto, si el objetivo buscado es que la nueva Constitución tenga validez no sólo jurídica, sino política y social, se debe buscar el mecanismo más adecuado para lograr esa meta. Por lo tanto, sería imprudente que el Congreso se arrogue esa facultad, conociendo que el mejor camino para lograrlo es ampliar el espacio para que la ciudadanía logre ser la que defina esos mecanismos de resolución y de delimitación del campo de discusión y elaboración de la nueva Constitución”

Claudio Fuentes, director de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, señala que “no basta con que una ley diga lo que puede hacer un parlamentario”, sino también lo que plantea la sociedad, por lo que “mientras más amplio el acuerdo político para establecer un mecanismo, a mi juicio, mayor legitimidad posterior va a tener, entonces esta situación de “o ellos o la ciudadanía”, yo creo que pone en una tensión el sistema que, a mi juicio, es innecesaria”.

Por el contrario, para el abogado de Libertad y Desarrollo, Sebastián Soto, el actual Congreso “tiene todas las potestades para reformar la Constitución. No hay ninguna razón formal ni informal que lo impida”, y agregó que el actual Parlamento fue elegido con las mismas reglas que los anteriores, por lo que quien pone en duda la legitimidad del Congreso actual también pone en duda la legitimidad de todos los congresos desde 1990 a la fecha”.

El director del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo criticó que el Ejecutivo ponga el acento en definir el mecanismo por sobre el contenido de la nueva Constitución, lo que, a su juicio, sería una suerte de estrategia dilatoria por parte del Gobierno.

“En todo el debate constitucional que hemos tenido hasta el momento, siempre ha sido el mecanismo el centro del debate, es decir estamos discutiendo cómo operar al enfermo, si operarlo por la cabeza o por el estómago, pero todavía no sabemos de qué operar a este supuesto enfermo. Y eso me parece que más que una cuestión de argumentación, puede ser también una cuestión de estrategia, cuestionable, por cierto”.

Misma visión expresó el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien calificó como “insólito” calificar de ilegítimo al Congreso, y que de ser así, también serían ilegítimas las reformas y leyes que el Parlamento ha votado en los últimos años, además señaló que lo que el Gobierno busca es “politizar” el proceso constituyente, y emplazó a que se debata sobre los contenidos de la nueva Constitución.

“A mí me gustaría que la Presidenta, como decimos en chileno, se mojara las patitas, y que diga cuál es la Constitución que ella quiere, para que podamos debatir, porque todas las reformas que ha presentado este gobierno, parten, cuando las anuncian, sin bajar la noticia, con aprobación y todas terminan con rechazo. Entonces, a mí me gustaría que la Presidenta dijera qué Constitución es la que quiere para poder hablar directamente sobre el fondo. No me parece que sea razonable que estemos tres años hablando de un mecanismo. Yo preferiría ir al fondo”.

El diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, señaló que si bien el Parlamento actual goza de la plena legitimidad –“yo fui elegido por el 44 por ciento de los electores”-, “es pertinente que el próximo Congreso sea el que defina el mecanismo por un tema de mandato político específico, más que por un tema de legitimidad”.

Para el analista político y sociólogo Alberto Mayol, el problema del actual Congreso tiene que ver con la imposibilidad de participar en procesos que impliquen la relegitimación de la actividad política, y en ese sentido la nueva Constitución sería una piedra angular de esto.

“En la práctica, es imposible que este Congreso, se haga cargo de nada realmente importante, que tenga relación con la posibilidad de relegitimar la política. Si el objetivo de esto, no es solamente que cumpla las formalidades, o que la gente le parezca bien, esto se trata de dar un empujón a la relegitimación de la política. Si en cinco años vamos a estar diciendo que el Congreso que lo hizo resulta que descubrimos que hay veinte diputados que están presos, tomarte el riesgo de hacer una nueva institucionalidad y en cinco años tener que botarla de nuevo, por ese tipo de razones es evidentemente imposible”.

El diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Leonardo Soto, destaca que el actual “es un Congreso atravesado por cuestionamientos y denuncias”, debido a los problemas de financiamiento irregular, por lo que no ve “ninguna razón o fundamento para que se altere el itinerario constitucional definido por la Presidenta”.

En tanto, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, tras las críticas emitidas por parlamentarios, dio espacio a que el cronograma del proceso constituyente pueda ser alterado, y expresó que tanto este como el futuro Parlamento “gozan de todas las atribuciones y facultades para resolver” las materias relativas al camino hacia una nueva Constitución.