Esta mañana se promulgó la ley que permite perder un cargo público, en caso de participar de actos reñidos con la ley. La reforma constitucional establece el cese de las funciones ante las infracciones a las normas sobre transparencia y gasto electoral, parámetros que todavía se están discutiendo en la Ley de Fortalecimiento de la Democracia.

La iniciativa perteneciente a la agenda de probidad y transparencia, afecta a todas aquellas autoridades de elección popular, quienes serán evaluados por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) según los requerimientos del consejo directivo del Servel.

Durante su intervención, La Presidenta Michelle Bachelet explicó que quienes hayan sido electos como concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores, perderán su cargo de manera automática en caso que infrinjan las reglas de financiamiento de las campañas.

Además, la Jefa de Estado detalló que quienes pierdan el cargo por no financiar su campaña conforme a la Ley, no podrán optar a ninguna función o empleo público durante tres años. Tampoco podrán ser candidatos a cargos de elección popular en las dos elecciones inmediatamente siguientes.

Michelle Bachelet expresó que se busca hacer valer el principio de independencia de la política del dinero, que la ciudadanía le exige a la cuestionada clase dirigente, asegurando que se está sentando un importante precedente, porque “quien hace trampa, pierde”. Además, enfatizó en que éstas son las sanciones “más graves” que existen en el ordenamiento jurídico nacional, por lo tanto, deben ser “fundadas y calificadas apropiadamente”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, dijo que quedan detalles por definir, éstos son la operatividad misma de la ley, agregando que será el “tratamiento legislativo” que determine por ejemplo cuál será el mecanismo de reemplazo de quienes pierdan el cargo.

Sin embargo, Núñez reconoció que sería preocupante mantener la designación a dedo de los partidos, en lo que coincidió su par del Senado, Patricio Walker, que llamó a reponer las elecciones complementarias, para que sea un mecanismo “democrático y participativo”, el que elija a los reemplazantes. .

La misma opinión mostraron desde Amplitud. El diputado Pedro Browne planteó, además, la inquietud sobre cómo afectará esto a los partidos políticos y su financiamiento. “No puede ocurrir que una vez destituido un cargo público, el partido pueda seguir obteniendo financiamiento de un cargo que ya no tiene”.