Son más de 200 mil millones de pesos la deuda hospitalaria que tiene el país en el sector público, cifra que incluso podría seguir creciendo en los próximos meses, según plantean algunos especialistas.

En medio de ese escenario es que se registra la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien este lunes fue notificada formalmente de esta situación que impulsaron parlamentarios de derecha.

La propia autoridad dijo estar tranquila ante lo que calificó como “un nuevo desafío”, para luego agregar que “más que autocrítica, uno está permanentemente evaluando el entorno de trabajo”. Y es precisamente ese “entorno” el que desde hace varios años no está bien en el sistema público de salud.

A esto se suma el retraso de la construcción de hospitales, uno de los hechos que gatilló la acusación contra la Ministra.

Para el diputado de Renovación Nacional Jorge Rathgeb, no se puede postergar indefinidamente la construcción de nuevos recintos de salud en comunas que requieren un centro de mayor complejidad para atender a la población.

El legislador sostuvo que “la información que se tiene es que ni siquiera los que se señalaron en segundo lugar van a quedar construidos. Por lo tanto, hay un incumplimiento muy grande por parte del Ministerio de Salud en todo lo que significa la construcción e inversión hospitalaria. Y eso llevó a lo que todos sabemos, el rechazo en la comisión de presupuesto, en la comisión mixta, de todo lo que significa la inversión en salud por la baja inversión” en el área.

Incluso, algunos parlamentarios de oposición están convocando a manifestaciones, como el caso del diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, quien expresó su respaldo al concejal Javier Ramírez el que llamó a la comunidad a protestar por la postergación del hospital de Melipilla.

Para la diputada por esa misma zona, Denisse Pascal, la actitud de Coloma es un aprovechamiento político, ya que los recursos están comprometidos por el Gobierno y sólo falta la aprobación de la partida para el presupuesto 2016.

La legisladora socialista sostuvo que “realmente me llama la atención que una persona que se supone que está en la comisión mixta, que ha estado ahí porque yo he ido ahí y ha estado presente, esté llamando a marchas para desvirtuar o enredar los procesos mismos, es un aprovechamiento político”.

Mientras, el Gobierno respaldó la gestión de la Ministra de Salud, la que deberá enfrentar la comisión que se constituyó para conocer la acusación constitucional sólo con parlamentarios de la Nueva Mayoría, los que se espera que no aprueben la propuesta contra Carmen Castillo, a pesar que algunos han expresado su voluntad de conocer los argumentos de la iniciativa.

Sobre esta posición, el ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo que “no he escuchado que alguien esté dispuesto a votar a favor, escuché que alguien estaba dispuesto a leer la acusación y eso me parece natural que alguien diga ‘antes de opinar voy a leerlo’. Pero si usted me pregunta respecto del fondo, del libelo, creo que no hay ninguna justificación y no habría en consecuencia, a mi modesto entender, justificación alguna que algún miembro de las bancadas de la Nueva Mayoría concediera un voto favorable a una acusación que no tiene fundamento jurídico, no es de derecho”.

Será la próxima semana cuando Carmen Castillo dé a conocer sus descargos ante la comisión que fue mandatada para conocer la acusación constitucional en su contra, la que buscaba ser capitalizada por la UDI que impulsó la medida, aunque deberá ser revisada y probablemente desechada por los integrantes de la instancia que representan sólo a la Nueva Mayoría.