Un montaje policial denunció el estudiante de Administración Pública de la Universidad de Chile Fabián Vidal, acusado de portar bombas incendiarias en la marcha del pasado 16 de abril.

El propio imputado relató las circunstancias de su detención, indicando que está seguro de que su defensa aportará pruebas contundentes para demostrar su completa inocencia: “Fue efectuado el montaje en la marcha del 16 de abril, en esa marcha los pacos me detuvieron, me pidieron la cédula de identidad y me quitaron mi mochila. Fui trasladado a la tercera comisaría y después a la 33, donde estaba mi mochila con un polerón, una polera mía un cóctel molotov que yo nunca había visto”.

En este sentido, Vidal recomendó a quienes asisten a movilizaciones lo hagan sin mochila, pues en su concepto la criminalización de la protesta social no es selectiva, pues lo que le interesa a la policía es infundir el temor entre los manifestantes de que esto le puede pasar a cualquiera.

Por su parte, la presidenta electa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Rojas, respaldó al estudiante de tercer año de Administración Pública de la Casa de Bello: “Estamos apoyando a Fabián Vidal, a quien conozco personalmente porque somos estudiantes de la misma carrera y nuestra motivación como federación de hacernos parte de esta instancia es entregar nuestro apoyo porque no estamos de acuerdo con que se criminalice la protesta estudiantil”.

Además, el abogado de la Defensoría Popular, Washington Lizana, indicó que la reciente modificación a la Ley de Armas, que impide que los condenados por artefactos incendiarios reciban beneficios, tiene a muchos imputados en prisión preventiva sin representar efectivamente un peligro a la sociedad.

En este sentido, para Lizana el hecho de que cualquier condena por ley de control de armas y explosivos implique cárcel efectiva determina el sentido de los procesos penales: “Fue una ley trabajada principalmente en torno a las bombas incendiarias, pero no solamente eso, sino que estableció un marco penal rígido en el que se señala que todos los que sean condenados por algún delito contemplado en la ley de armas tiene pena efectiva”.

Washington Lizana puntualizó que como abogados observan con preocupación el avance del populismo penal como técnica legislativa, situación que observa, por ejemplo en la imposibilidad de obtener beneficios en la Ley de Control de Armas, la Ley Emilia y ahora en la llamada agenda corta contra la delincuencia.

“Hay muchos políticos muy influidos por una tendencia bastante fuerte en América Latina que tiene que ver con el populismo penal, de entender que los problemas sociales, entre ellos educación y de equidad social los van a resolver vía delito y la experiencia internacional ha demostrado que esa vía termina potenciando estados autoritarios y restringiendo derechos ciudadanos y democráticos”.

Cabe señalar que la investigación de la causa se amplió tres meses luego de que la defensa de Vidal indicara que aportará una serie de antecedentes.

En este sentido, el fiscal Víctor Vidal indicó que de resultar aclaratorias las pruebas entregadas por la defensa, no se perseveraría en la decisión de acusar al estudiante de Administración Pública.