El pleno del Tribunal Constitucional acogió a trámite por unanimidad el requerimiento en contra de la glosa que implementa la primera etapa del derecho de gratuidad universitaria, por lo que el jueves se revisará la admisibilidad del recurso presentado por 31 parlamentarios de derecha.

En paralelo, la Nueva Mayoría inició este martes el trabajo prelegislativo para preparar el proyecto de ley que busca regular la gratuidad, institucionalidad y calidad del sistema educativo.

Luego de la instancia, la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, manifestó su confianza en la solidez de los argumentos del equipo jurídico que defenderá la política gubernamental ante el Tribunal Constitucional, encabezado por la abogada Paulina Veloso.

De acuerdo a la senadora, hay antecedentes que validan la legislación a través de glosas presupuestarias, como es el caso del Ingreso Ético Familiar, política pública aprobada durante el gobierno de Piñera.

“Es tal la solidez de nuestros argumentos que vemos muy difícil que el Tribunal acoja el requerimiento porque nos parece que ambos son una falacia”.

Luego de la reunión, los participantes coincidieron en destacar el componente jurídico del libelo, pero ninguno de los integrantes del comité político hizo referencia a la correlación de fuerzas internas del Tribunal Constitucional y que genera privadas aprensiones en el oficialismo.

Por su parte, la ministra de Educación subrogante, Valentina Quiroga, manifestó también su confianza en los “sólidos argumentos jurídicos” que el Gobierno dice manejar.

Sin embargo, después de pensarlo un momento, la autoridad se mostró incómoda y dubitativa al ser consultada por los componentes políticos del Tribunal Constitucional.

En caso de prosperar el requerimiento presentado por la derecha, el Gobierno garantizó a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría contar con mecanismos administrativos para resolver la situación, de acuerdo a lo planteado por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

“No necesariamente becas, eso ya es un asunto técnico que es resorte del ministerio y si ellos lo dicen así es porque están esos mecanismos, no lo dirían si no estuvieran, así que yo confío que sí”.

Además, Teillier indicó que la Ley de Presupuestos tiene la particularidad de que puede ser promulgada sin que se resuelva la reserva de constitucionalidad, por lo que mientras no se pronuncie el Tribunal, la medida puede comenzar a implementarse.

El presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, señaló que no se descarta la extensión por un año del sistema de becas y créditos, a pesar del compromiso adquirido por la Presidenta Michelle Bachelet, de iniciar la implementación del derecho de gratuidad, esto en caso de tener éxito la iniciativa gremialista ante el organismo colegiado.

“Bueno, pero si el Tribunal Constitucional toma otro criterio, lo que importa es que le llegue la gratuidad a los jóvenes, el cómo se llame da lo mismo, lo importante es que le llegue la gratuidad”.

En lo que refiere al proyecto de ley que se presentará antes de fin de año, y que establecerá un marco regulatorio para el sector, así como la creación de una subsecretaría de educación superior, los participantes coincidieron en que se considerará un trato preferente para las universidades del Estado, atendiendo el rol público que desempeñan.

Además, se estableció la creación de un comité técnico – político que tendrá la misión de buscar acuerdos al interior del oficialismo para el diseño de la ley, evitando así eventuales discordias en el trámite del proyecto al interior de la coalición gobernante.

Entusiasmo en la derecha

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards, manifestó su satisfacción por la determinación del Tribunal Constitucional.

“Me parece muy bien, porque esta glosa es inconstitucional y el Tribunal está ahí para hacer valer la Constitución y en particular no permitirle a los gobiernos que discriminen por ideología, dejando fuera de la gratuidad en este caso a 250 mil estudiantes”.

Además, el diputado reafirmó que el objetivo del requerimiento que impugna la glosa es evitar discriminaciones, por lo que no interfiere en la cantidad de recursos aprobados para iniciar la ejecución del derecho de gratuidad.

“El recurso está hecho de tal manera que nadie pierda su beneficio, la misma cantidad de recursos aprobados en la Ley de Presupuestos, el Tribunal no tiene formas de echarlos abajo. Por lo tanto, lo que pedimos al Gobierno es que entregue los recursos en ayudas estudiantiles, pero lo haga sin discriminar”.

Críticas desde la Confech

Por su parte, los estudiantes universitarios agrupados en la Confech se refirieron a la decisión del Tribunal Constitucional de acoger a trámite la impugnación de la glosa presupuestaria, contexto en el que repudiaron el accionar de los parlamentarios de derecha.

En este sentido, Marta Matamala, vocera de la Confech y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, indicó que si bien los estudiantes no concuerdan en la forma en que se llevó a cabo la ejecución del derecho de gratuidad, no están disponibles para las dilaciones propuestas por los sectores conservadores.

“Nosotros tenemos claridad hoy día de que la gratuidad es absolutamente necesaria como forma de financiamiento, si bien no de la manera en que se ha planteado, no en las etapas que se han modificado. Tenemos la claridad de que el movimiento estudiantil no aprueba ni está en disposición de hacerle piso a ningún sector conservador que quiera echar atrás reformas o planteamientos del movimiento social que han ido avanzando”.

Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, criticó la incertidumbre que genera falta de información desde el ministerio de Educación en torno a los alcances de la glosa presupuestaria, que regirá las características del financiamiento de las instituciones de educación superior para el próximo año.

“Ante una desinformación profunda, donde ni siquiera los rectores saben si sus instituciones van a acceder o no a esta glosa presupuestaria, nos parece que ese tipo de discusión, dónde no está presente la sociedad, debería tener su fin en esta etapa”.

En este sentido, el ministerio de Educación indicó que las instituciones de educación superior tienen como plazo máximo el 20 de diciembre para indicar si se harán parte de la primera etapa de la ejecución del derecho de gratuidad, que alcanza a los cinco deciles más pobres, para que la información esté disponible el 27, día en que comienza el periodo de postulación 2016.