En dos semanas más, el martes 22, vence el plazo para que las instituciones de educación superior que cumplen con los requisitos informen su adhesión a la gratuidad 2016, política pública orientada a más de 200 mil jóvenes de los cinco deciles más pobres.

La decisión, sin embargo, también dependerá del resultado que tenga el requerimiento que 31 diputados de Chile Vamos presentaron ante el Tribunal Constitucional para impugnar la medida, por considerar que discrimina arbitrariamente a estudiantes vulnerables y que su legislación, a través de la Ley de Presupuesto, fue incorrecta.

En total, serán 19 organizaciones las que expondrán ante el Tribunal Constitucional, en el marco de las audiencias públicas de revisión del requerimiento ingresado por parlamentarios de oposición.

El diputado RN José Manuel Edwards se refirió a los argumentos del libelo que impugna que se legisle sobre Educación mediante una glosa presupuestaria, a la vez que considera discriminatorio el contenido de la regulación: “Hay varias cosas que lo hacen arbitrario. Primero, a algunas universidades les pide cuatro años de acreditación y a otras tres; a algunas universidades les prohíbe el lucro, cuando todas las universidades estatales tienen sociedades anónimas ligadas a ellas, por lo que sin excepción tienen lucro”, dijo.

Por su parte, Ricardo Paredes, de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, cuestionó los argumentos de la derecha en cuanto a la discriminación arbitraria, señalando que al sector nunca le ha interesado la gratuidad universitaria como un derecho.

“No es discriminación, la derecha nunca ha estado de acuerdo con la gratuidad universal y lo que está haciendo es una suerte de gatopardismo para finalmente echar abajo un proyecto de ley, con la excusa de querer defender a la ciudadanía”, señaló el dirigente.

Por su parte, Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, indicó que no hay impedimentos constitucionales para que las universidades que representa formen parte de la gratuidad, a la vez que calificó de falaces los argumentos de los diputados de derecha: “Las referencias que hay al CRUCH en este requerimiento no son exactas y en algunos casos son indebidas, porque constituyen falacias que desde luego queremos hacer presente al Tribunal para una mejor decisión. Cuando no se distingue bien entre la inmobiliaria y la corporación universitaria, hace bien el Legislativo y el Gobierno en fijar límites para que los recursos públicos se destinen a educación y no a propósitos privados”, indicó.

En tanto, el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, señaló que la mejor manera de partir con la gratuidad era a través de las universidades del Estado, porque con ellas el Gobierno puede hacer lo que quiera sin necesidad de nuevas legislaciones.

Además, se manifestó a favor del requerimiento que impugna la glosa, pues en su concepto los estudiantes vulnerables no pueden verse perjudicados por la naturaleza de las instituciones en que estudian.

“Siempre creí que la mejor manera de focalizar en los estudiantes pobres, que era el objetivo, debía ser por becas y créditos. El sistema de becas está ahí disponible, pero nunca se escuchó bien ese argumento y por lo tanto se entró en este tema, que además de legislar con una glosa hace una discriminación que es bastante injustificada”, argumentó.

Para este jueves están contemplados los alegatos de las partes involucradas, instancia en la que participará la oposición a través de su abogado y el Gobierno, a través de Paulina Veloso. De considerarlo apropiado, cada una de las cámaras del Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen la posibilidad de litigar en la causa.

Además, de ser acogido el requerimiento del Tribunal Constitucional, el Gobierno tiene pensado iniciar la gratuidad 2016 mediante aportes basales a las universidades del Consejo de Rectores.